(Washington, DC) – El acuerdo de justicia entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) podría permitir que miembros del ejército responsables de la ejecución sistemática de civiles escapen a la justicia, señaló hoy Human Rights Watch en un nuevo análisis del acuerdo.
Entre 2002 y 2008, brigadas del ejército a lo largo de Colombia ejecutaron de forma sistemática a nada menos que 3.000 civiles, con el propósito de simular un número de bajas de combatientes de guerrillas mayor al real, en lo que se conoció como casos de “falsos positivos”. El acuerdo de justicia anunciado con las FARC prevé la creación de una nueva Jurisdicción Especial para la Paz que se encargaría de la mayoría, sino de todos, los casos de falsos positivos. Ciertas disposiciones del acuerdo permiten que las autoridades no persigan penalmente algunos casos. Otra disposición podrían utilizarse para limitar el alcance de la responsabilidad de altos mandos por los crímenes cometidos por sus subordinados. Los miembros del ejército condenados por la Jurisdicción Especial podrían eximirse de cumplir tiempo en prisión, y aquellos que ya han sido condenados por la justicia penal ordinaria podrían ser liberados.
“El acuerdo es un jaque mate a la justicia”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El conjunto de ambigüedades y lagunas incluidas en el acuerdo podría garantizar que muchos de los responsables de falsos positivos, desde soldados de rangos inferiores hasta generales, no respondan ante la justicia por estos crímenes atroces”.
El gobierno ha anunciado que la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá “competencia exclusiva” sobre los delitos cometidos por la Fuerza Pública que hayan tenido “relación directa o indirecta” con el conflicto armado. La jurisprudencia colombiana demuestra que es probable que muchas, sino todas, las investigaciones de casos de falsos positivos impulsadas por la Fiscalía General de la Nación sean remitidas a la Jurisdicción Especial.
Los responsables de falsos positivos – sobre todo los oficiales de rangos medios y bajos – podrían evadir completamente la justicia. Los términos anunciados por el gobierno para agentes del estado permiten que la Jurisdicción Especial para la Paz suspenda la ejecución de las penas o renuncie a la persecución penal de aquellos miembros de la Fuerza Pública que no hayan tenido la “mayor responsabilidad” en atrocidades.
Los altos mandos, por su parte, podrían beneficiarse de una definición de la responsabilidad del mando que puede interpretarse de forma inconsistente con el derecho internacional. A diferencia de la definición de responsabilidad del mando establecida en el derecho internacional, la definición del acuerdo de justicia podría exigir que las autoridades judiciales demuestren que los superiores conocían las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus subordinados. No sería suficiente que las autoridades judiciales prueben que los superiores jerárquicos tenían motivos para saber o que deberían haber sabido sobre esos crímenes.
Los miembros de la Fuerza Pública condenados por la Jurisdicción Especial podrían enfrentar sanciones de entre dos y ocho años si confiesan sus delitos. Si bien el gobierno aún no ha definido completamente cómo serán las sanciones para los agentes del estado, ha anunciado que serán muy similares a las previstas para las FARC. Los guerrilleros de las FARC que confiesen atrocidades de forma plena y temprana quedarán eximidos no sólo de prisión o cárcel, sino además de “cualquier medida de aseguramiento equivalente”. En su lugar, deberán llevar a cabo proyectos “restaurativos y reparadores”, mientras están sujetos a “restricciones de derechos y libertades” mínimas.
Los más de 600 agentes del ejército que ya han sido condenados por la justicia penal ordinaria en casos de falsos positivos también se beneficiarían de estas disposiciones. Decenas podrían ser puestos en libertad.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) realiza un seguimiento atento a las investigaciones penales que se llevan a cabo en Colombia sobre falsos positivos, y podría iniciar una investigación si determina que las autoridades nacionales no están dispuestas, o realmente no puedan, investigar y juzgar aquellos casos que quedarían bajo la competencia de la CPI.
En un informe difundido el 17 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que las investigaciones de falsos positivos deberían ser “inicia[das], desarrolla[das], y culminada[das]” en la “jurisdicción penal ordinaria”, y sostuvo que las disposiciones de “selectividad” que permiten a la autoridades renunciar a la investigación de graves violaciones de derechos humanos son incompatibles con estándares regionales de derechos humanos.
“El gobierno colombiano ha destacado en reiteradas oportunidades que el acuerdo blindará a los miembros de la fuerza pública de nuevas investigaciones, pero esta es una promesa vacía”, afirmó Vivanco. “Si los términos del acuerdo de justicia no se modifican, es muy probable que las nuevas sentencias sobre casos de falsos positivos queden sujetas al escrutinio internacional, incluso de la CPI”.
