Ha existido histórica y ancestralmente. Desde las mingas agrícolas que desarrollaban las comunidades indígenas hasta la organización comunitaria y las movilizaciones sociales que alcanzaron las calles. La participación ciudadana ha estado presente en diversas formas en el Ecuador y ha buscado, coinciden actores vinculados, que los ciudadanos sean protagonistas de la toma de decisiones en los asuntos de interés público: salud, educación, trabajo, servicios básicos, entre otros.

La Constitución del 2008 creó un marco legal que –se dijo entonces– buscaba garantizar el ejercicio de la participación ciudadana. El art. 95, por ejemplo, determina que los ciudadanos, en forma individual o colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos; el 96, reconoce las formas de organización; el 98, el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público; y, el art. 204, pone al pueblo como mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación.

Pero esa misma Carta Magna dio origen a la Función de Transparencia, llamada también quinto poder, integrada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias.

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Su creación marcó un cambio en la esencia de la participación ciudadana, que es una expresión que nace desde la sociedad y se expresa, entre otras, en el control ciudadano del poder público, asegura Anunziatta Valdez, subdirectora de la corporación Participación Ciudadana (PC). Institucionalizarla (con el CPCCS), dice, fue quitar su característica cívica, voluntaria e independiente del poder público.

Actualmente, el CPCCS tiene como potestad la designación del defensor del Pueblo, del fiscal general del Estado, del contralor, procurador, miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Tribunal Contencioso Electoral (TSE) y del Consejo de la Judicatura (CJ) y de los defensores de audiencia (luego de expedida la Ley de Comunicación) mediante concurso. Y de los superintendentes de ternas enviadas por el Ejecutivo.

Ruth Hidalgo, directora de PC, recuerda que cuando se debatía la creación de la Función de Transparencia, en la mesa 2 de la Asamblea Constituyente, advirtieron como organización que si el CPCCS desde su origen era visto como el quinto poder del Estado, lejos podía ser una representación de parte de la ciudadanía “porque la ciudadanía está en el pueblo”.

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Otra de las preocupaciones que plantearon era, precisamente, en la elección de sus integrantes. “Eran personas que no accedían a semejante poder a través de votación popular, sino eran designados (de concurso de méritos y oposición); y, viendo la trayectoria histórica del país y de la región, difícilmente iban a ser independientes”.

Los cuestionamientos de entonces vuelven al debate hoy con el concurso para renovar el CPCCS, integrado desde el 2010 por siete consejeros: cinco señalados como afines al oficialismo y dos actualmente opuestos, vinculados al extinto MPD.

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La veeduría acreditada para el concurso y el Observatorio a la Función Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana (FE/CPCCS) han denunciado supuestas irregularidades en el proceso, como que no se hacen públicos los expedientes o que el director informático del CNE era coordinador informático de Alianza PAIS (ver entrevista). También la vinculación con el oficialismo de algunos postulantes que están entre los mejores 24 puntuados: Edwin Jarrín, exsecretario de Transparencia y esposo de la asambleísta Soledad Buendía (AP); Doris Gallardo, exdirectora general del Consejo de la Judicatura en la administración de Gustavo Jalkh; Tania Pauker, esposa del asambleísta Carlos Viteri Gualinga (AP); Gina Chávez, esposa del presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño; Mauro Andino Espinoza, hijo del asambleísta Mauro Andino.

Fausto Camacho, exvocal del CNE y coordinador del Observatorio a la FE/CPCCS, recuerda que en Montecristi los sectores sociales y políticos confluyeron para proponer la ‘ciudadanización’ de la designación de las autoridades de control, que antes estaban a cargo del legislativo (Congreso Nacional).

El propósito era sacar la elección de las manos políticas y en, teoría, darla a los ciudadanos, quienes –dice– no por ello dejaban de tener un punto de vista político o incluso podían tener afiliación porque no se buscaba la representación partidaria sino de segmentos de la sociedad para que exista pluralidad.

David Rosero, consejero del CPCCS, quien fue detenido esta semana por supuestamente resistirse con violencia a un operativo policial, destaca que a partir de la Constitución del 2008, la participación ciudadana se define como un derecho para los ciudadanos y una obligación para las autoridades, lo que constituyó un avance.

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Sin embargo, pese a existir un marco legal importante en la Constitución, considera que en la práctica los ejecutores, la mayoría en el CPCCS y el gobierno, “han acanallado los derechos de participación”.

EL UNIVERSO solicitó el lunes una entrevista con el presidente del CPCCS, Fernando Cedeño, para evaluar la gestión del organismo y el desarrollo de la participación ciudadana en el país. Pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Actores sociales, como César Cárdenas, dirigente barrial y director ejecutivo en Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, considera que la creación de un organismo como el CPCCS no ha servido para promover la participación ciudadana porque no se ha respaldado a quienes durante años han intervenido en estos procesos.

Cita como ejemplo que en el 2011 la veeduría del agua potable y alcantarillado de Guayaquil presentó su informe y recién la semana anterior, cuatro años después, recibieron una carta del CPCCS diciendo que se ha archivado el expediente porque ya hay otras autoridades que están interviniendo.

A esto se suma, consideran Rosero y Cárdenas, que los ciudadanos han perdido interés en las veedurías por falta de respaldo o garantías. Y refieren como precedente la veeduría a los contratos del hermano del presidente, Fabricio Correa, con el estado, cuyo coordinador, Pablo Chambers, terminó enjuiciado tras presentar los resultados.

Rosero también cuestiona la aplicación de participación ciudadana de la Asamblea con las enmiendas constitucionales, que el organismo difunde en visitas itinerantes por el país. “Participación no es que yo decido en cuatro paredes y luego voy a socializar lo que yo he decidido... participación es que el pueblo sea parte de la toma de decisiones”, considera.

La prevención y el combate a la corrupción es otra de las funciones constitucionales del Consejo de Participación. Los resultados en este campo, considera Valdez, no se han notado. Antes de la Constitución del 2008 existió la Comisión Anticorrupción, que fue una iniciativa ciudadana y que, compara, ejerció una amplia actividad de control.

Camacho cree que el problema es que el diseño de la participación ciudadana no ha funcionado por dos factores: la escasa presencia de organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos, y la “práctica no idónea” de quienes tienen a cargo la selección. Eso ha significado la presencia de un solo sector político de las representaciones ciudadanas en las entidades.

El presidente Rafael Correa en su enlace 413 cuestionó que no se hayan hecho reformas a la Ley de Participación Ciudadana y que en el concurso anterior hayan ganado dos consejeros afines al MPD: Rosero y Andrea Rivera. “...Se nos infiltraron dos tirapiedras de los medios de comunicación mercantilistas, un Rosero y una Rivera”, dijo.

Para Rosero, su expresión muestra la manera cómo se concibe la participación ciudadana en el país: “Como si fuera otra oficina adscrita a Carondelet, cuando es otra función, otro poder del Estado”.

Hidalgo cree que el ofrecimiento de Montecristi de una verdadera participación ciudadana también iba por el lado de cambiar a un Estado de meritocracia, transparente y que hoy se están abriendo estos espacios para una sola visión. (I)

Galo Chiriboga, exembajador del actual régimen
Fiscal general tras recalificación
Galo Chiriboga, exembajador de Ecuador en España y exministro de Hidrocarburos en el actual régimen, fue elegido en julio del 2011 como fiscal general mediante un concurso de mérito y oposición. Esto luego de que en un informe inicial, el listado era liderado por Antonio Gagliardo (94 puntos), seguido de Chiriboga (84 puntos). Al final, la comisión calificadora dio a Gagliardo 82 puntos y a Chiriboga 85. 

Renovación de dos consejeros del CNE
Polémica por concursantes
Exfuncionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Gobierno fueron elegidos –por sorteo– como miembros de la Comisión de Selección para renovar a dos vocales de la entidad. Se eligió a Carlos Tayupanta, exasesor del CNE, y a Gloria Toapanta, quien renunció. Marcela Paredes, consejera alterna, asumió. Solanda Goyes, la tercera mejor puntuada, denunció que ella por ley debía asumir. 

Carlos Ochoa, exdirector de Noticias de Gamatv 
Superintendente fue objetado
Sin reglamento, la CPCCS eligió como superintendente de la Información y Comunicación a Carlos Ochoa, quien venía de dirigir los noticiarios de Gamatv, canal incautado por el Estado. Ese fue uno de los reparos porque ahora debe fiscalizar a ese medio. La Ley de Comunicación creó este cargo sin fijar la forma de designación. La CPCCS aplicó la forma usada con otros superintendentes: de una terna del Ejecutivo.