DS: Unión Europea — Medidas antidumping sobre el biodiésel procedente de Indonesia

Esta diferencia se refiere a las medidas antidumping establecidas por la Unión Europea sobre las importaciones de biodiésel procedente de Indonesia. La Comisión Europea impuso las medidas a raíz de una investigación antidumping sobre las importaciones de biodiésel procedente de la Argentina e Indonesia. Esta investigación fue anteriormente objeto de la diferencia UE — Biodiésel (Argentina) (DS473) relativa a una reclamación de la Argentina con respecto a las importaciones de biodiésel procedente de la Argentina.

Indonesia formuló alegaciones con respecto a las determinaciones de la existencia de dumping y de daño formuladas por las autoridades de la UE en relación con los importadores indonesios, la percepción de derechos antidumping definitivos, y el establecimiento y percepción de derechos antidumping provisionales sobre las importaciones de un exportador indonesio.

En cuanto a la determinación del margen de dumping efectuada por las autoridades de la UE, Indonesia alegó, en primer lugar, que dichas autoridades habían actuado de manera incompatible con el párrafo 2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y, como consecuencia, con el párrafo 2 del artículo 2 de dicho Acuerdo y el párrafo 1 b) ii) del artículo VI del GATT de 1994, al no calcular el costo de producción del biodiésel sobre la base de los registros que llevaban los productores/exportadores objeto de investigación. Las autoridades de la UE habían formulado esta determinación basándose en su conclusión de que los precios internos del aceite de palma en bruto en Indonesia estaban distorsionados debido a la diferencia entre los impuestos a la exportación establecidos por Indonesia para el insumo (aceite de palma en bruto) y los establecidos para el producto acabado (el biodiésel). Como consecuencia, al reconstruir el valor normal de los productores indonesios, las autoridades de la UE habían sustituido los costos comunicados en los registros de los productores/exportadores indonesios correspondientes al aceite de palma en bruto por los precios de referencia publicados todos los meses por el Gobierno indonesio. A juicio de las autoridades de la UE, estos precios reflejaban el nivel de los precios internacionales y el precio que habría existido en Indonesia de no ser por la distorsión.

El Grupo Especial aceptó la alegación de Indonesia de que la Unión Europea había actuado de manera incompatible con el párrafo 2.1.1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping al no calcular el costo de producción del biodiésel sobre la base de los registros que llevaban los productores/exportadores objeto de investigación. El Grupo Especial observó que las autoridades de la UE habían aplicado el mismo razonamiento para decidir no utilizar el costo registrado de la principal materia prima a fin de establecer el costo de producción del biodiésel para los productores argentinos investigados en la diferencia UE — Biodiésel (Argentina) y no vio que existiera ninguna base para apartarse de las constataciones formuladas en esa diferencia. El Grupo Especial consideró que la razón esgrimida por las autoridades de la UE para prescindir de los costos de los productores — es decir, que los precios del insumo eran artificialmente inferiores a los precios internacionales debido a la supuesta distorsión — no constituye un fundamento jurídicamente suficiente a tenor del párrafo 2.1.1 del artículo 2 para concluir que los registros de los productores no reflejan razonablemente los costos asociados a la producción y venta de biodiésel. El Grupo Especial consideró innecesario examinar las alegaciones consiguientes formuladas por Indonesia al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y del párrafo 1 b) ii) del artículo VI del GATT de 1994.

Además, el Grupo Especial admitió las distintas alegaciones de Indonesia de que la Unión Europea había actuado de manera incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 b) ii) del artículo VI del GATT de 1994 al utilizar un “costo” que no era el costo prevaleciente “en el país de origen” en la reconstrucción del valor normal. El Grupo Especial consideró que el costo utilizado por las autoridades de la UE se había escogido específicamente para eliminar la distorsión observada del precio interno del aceite de palma en bruto causada por el sistema del impuesto a la exportación indonesio y, por tanto, no era el costo “en el país de origen”.

Indonesia también formuló alegaciones con respecto a la determinación de la cantidad por concepto de beneficios en la reconstrucción del valor normal correspondiente a los productores indonesios investigados y la reconstrucción del precio de exportación correspondiente a un productor indonesio.

Al reconstruir el valor normal, Indonesia alegó que las autoridades de la UE también habían actuado de manera incompatible con los párrafos 2 y 2.2 iii) del artículo 2 del Acuerdo Antidumping por dos motivos: en primer lugar, no habían calculado el límite máximo del beneficio a que se hace referencia en el párrafo 2.2 iii) del artículo 2 al determinar la cantidad por concepto de beneficios para los productores indonesios investigados; y en segundo lugar, no habían determinado la cantidad por concepto de beneficios sobre la base de un “método razonable” como se estipula en el párrafo 2.2 iii) del artículo 2. El Grupo Especial admitió la alegación de Indonesia de que la Unión Europea había actuado de manera incompatible con los párrafos 2 y 2.2 iii) del artículo 2 al no considerar el cálculo del límite máximo en el momento en que efectuó su determinación, es decir, el “beneficio obtenido normalmente por otros exportadores o productores en las ventas de productos de la misma categoría general en el mercado interno del país de origen”. El Grupo Especial desestimó la alegación de Indonesia de que las autoridades de la UE no habían determinado la cantidad por concepto de beneficios sobre la base de un “método razonable” en el sentido del párrafo 2.2 iii) del artículo 2.

El Grupo Especial también aceptó la alegación de Indonesia de que la Unión Europea había actuado de manera incompatible con el párrafo 3 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping al no incluir un recargo adicional que se pagaba en el momento de la compra del biodiésel producido a partir de destilado de ácido graso de palma, como parte del precio al cual el biodiésel se revendió por primera vez a compradores independientes, al reconstruir el precio de exportación correspondiente a un productor indonesio.

Con respecto a la determinación de la existencia de daño, el Grupo Especial admitió en parte la alegación de Indonesia de que las autoridades de la UE habían actuado de manera incompatible con los párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping al no establecer la existencia de una significativa subvaloración de precios. El Grupo Especial constató que las autoridades de la UE no habían tenido en cuenta las diferencias entre el biodiésel importado y nacional en su determinación de la existencia de una significativa subvaloración de precios, y rechazó otro argumento de Indonesia de que las autoridades de la UE no habían garantizado la comparabilidad de los precios al calcular el ajuste al precio de las importaciones indonesias.

El Grupo Especial admitió la alegación de Indonesia de que la Unión Europea había actuado de manera incompatible con el párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994 al establecer derechos antidumping que excedían del margen de dumping que debía haberse establecido de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo Antidumping. El Grupo Especial consideró que el párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping exige que el margen de dumping se establezca de manera compatible con las disciplinas del artículo 2 del Acuerdo Antidumping y fija el nivel máximo al que pueden percibirse derechos antidumping. El Grupo Especial aplicó su razonamiento, mutatis mutandis, a la alegación de Indonesia al amparo del párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994.

Por último, el Grupo Especial abordó varias alegaciones formuladas por Indonesia al amparo de los párrafos 7 y 9 del Acuerdo Antidumping en relación con la decisión de la Unión Europea de percibir definitivamente derechos antidumping provisionales sobre las importaciones de un productor indonesio. Las autoridades de la UE reconocieron que habían cometido varios errores al principio al calcular un margen provisional de dumping para el productor indonesio incluido en la muestra, pero no habían revisado el tipo del derecho provisional garantizado anteriormente. Las autoridades de la UE posteriormente ordenaron la percepción definitiva del derecho provisional que había sido garantizado provisionalmente al tipo del derecho inicial, sobre la base de que el derecho antidumping definitivo que se había calculado era superior al derecho provisional. El Grupo Especial rechazó las alegaciones de que la Unión Europea había actuado de manera incompatible con los párrafos 1 ii) y 2 del artículo 7, el párrafo 2 del artículo 9 y la parte introductoria del párrafo 3 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping, razonando que la percepción definitiva de los derechos provisionales pagados o por pagar se rige por los párrafos 3 y 5 del artículo 10 del Acuerdo Antidumping.