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Los argumentos de Uribe para la resistencia civil
Para el expresidente Álvaro Uribe Vélez la resistencia civil es democrática y no se aparta de la institucionalidad. Sobre lo pactado ayer con las Farc asegura que es un golpe de Estado a la democracia.
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Para el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez la resistencia civil pacífica, pública y argumentada hace parte de la institucionalidad democrática. Sobre lo acordado ayer entre el gobierno y las Farc, dijo que se está dando un golpe de Estado. FOTO Esteban Vanegas
13 de mayo de 2016
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El pasado miércoles en la noche, antes de viajar a Miami, donde participa en el foro promovido por la Organización Concordia, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez habló con EL COLOMBIANO para explicar un poco más su posición sobre la resistencia civil que propone ante los acuerdos que logren el gobierno y las Farc en La Habana.
Estas declaraciones se dieron antes de que se conociera el acuerdo definido ayer por las partes, y que pretende darle seguridad jurídica a lo que se pacte en Cuba. Sin embargo volvimos a hablar anoche con el expresidente, quien reaccionó ante este hecho de última hora.
¿Qué opina de lo acordado ayer en La Habana entre el gobierno y las Farc para blindar los acuerdos que se alcancen?
“El gobierno de Colombia ha acordado con el grupo terrorista Farc, cambiar la Constitución de la patria, dándole un golpe de Estado a la democracia para garantizarle total impunidad al cartel de cocaína más grande del mundo. Resistencia civil pacífica, pública, argumentada, persistente para hacer el esfuerzo de evitar este golpe de Estado a la democracia, o seguir trabajando para posteriormente derogarlo”.
¿Está dispuesto por su desacuerdo con el gobierno Santos a salirse de la institucionalidad?
“La resistencia civil pacífica, pública, argumentada y persistente hace parte de la institucionalidad democrática. (Jürgen) Habermas en sus escritos nos ha expresado cómo la democracia tiene una especie de círculos concéntricos. Aquí uno observa que hay un sentimiento de dolor en las periferias lejanas al centro de decisiones políticas y que es centro, el gobierno, no oye sino a su socio del momento que son las Farc. Todos estos mecanismos cuando uno lee a Habermas son de la democracia. Él dice que todo esto hay que permitirlo como parte de la institucionalidad democrática porque la democracia siempre está inacabada y esto ayuda a construirla. Yo diría aquí, contrariando al gran filósofo político, que con lo que está pasando con las Farc no van a agregarle mejoramiento a nuestra democracia, sino destrucción y justamente a eso es que debemos oponernos y por eso hemos venido proponiendo a los colombianos que compartamos esas preocupaciones con una resistencia civil pública, pacífica, argumentada y persistente”.
Algunos miembros del Centro Democrático han fluctuado entre la “resistencia civil” y la “desobediencia civil. ¿Cuál es la que más se ajusta a lo que proponen?
“Cuando se habla de una expresión de oposición es justamente porque se considera que aquello a lo cual nos oponemos le hace daño a la democracia. Y si esa expresión es pública, argumentada y persistente, no se encuentran diferencias que valga la pena considerar entre resistencia y desobediencia. Yo he utilizado resistencia porque es una manera de enfrentar, sin dar la sensación de que por la vía de la desobediencia uno se pueda situar por fuera o en contra del ordenamiento jurídico”.
¿Por qué proponer la resistencia civil cuando queda la posibilidad de votar en el plebiscito?
“El plebiscito lo volvieron una herramienta ilegítima. Cuando la Constitución de 1991 lo concibió en el desarrollo estatutario se definió que necesitaría un 50 % de umbral. El gobierno lo bajó al 13 %. Esto es, en un país de 50 millones de habitantes bastará con que lo aprueben 4 millones 400 mil ciudadanos. Debemos recordar que el plebiscito de los acuerdos del Frente Nacional en un país de 14 millones de ciudadanos tuvo 4 millones 169 mil votos positivos. Pero además el plebiscito no permite sino una pregunta. Cuánto rogamos nosotros en el Congreso que hubieran varias preguntas porque muchos colombianos dicen que si nos preguntan por la paz todos decimos que sí, pero si nos preguntan por el acuerdo de justicia, tenemos que decir que no. O si nos preguntan por la impunidad tenemos que decir que no. El Gobierno no dio esa posibilidad y además la amenaza del presidente de la República deslegitima más el plebiscito porque él dice que quienes lo voten favorablemente quieren la paz y que quienes lo hagan negativamente o se abstengan quieren la guerra. Esa es una amenaza bien injusta. Hemos dicho que si el gobierno llegare a perder el plebiscito no debe entender que los colombianos quieren la guerra sino que los colombianos quieren la paz, pero que no sea derogable por violar las normas jurídicas, la paz que no estimule nuevas violencias por esas concesiones de impunidad total, la paz que no arriesgue la democracia, o la empresa privada por las concesiones al terrorismo. Incluso volviendo al tema del umbral, cuando se discutía esa reducción del 50 al 13 % un congresista del Partido Conservador propuso el 20 %. El Centro Democrático dijo bueno, votemos por el 20 % pero el gobierno no dejó y quedó en el 13 %. Y alguien de otro partido quería que no hubiera umbral y en la motivación dijeron: basta con un voto para que quede aprobado y esto obliga al CD a que tiene que irse por el no. El cálculo que hacían es que nos pondrían solamente a decir no y nos dejarían como enemigos de la paz y el gobierno tranquilamente ganaba con el sí. Esa noche con el CD se habría aprobado la eliminación del umbral. Sin embargo, no quisimos votar la eliminación por ser constructivos. Al otro día de haberse eliminado habría amanecido 100 % deslegitimado el plebiscito. Entonces hemos venido haciéndole al país una pedagogía de todas las inconveniencias de este proceso articuladamente porque si el gobierno gana el plebiscito, ha dicho que entonces todos los acuerdos con las Farc los incorpora al ordenamiento jurídico a través de la reforma constitucional exprés que le están aprobando. Eso es grave porque es una reforma constitucional donde prácticamente los números impiden disentir y lo que sea materia y ley ordinaria con las Farc, el gobierno lo incorpora, a través de facultades extraordinarias omnímodas ilimitadas, que le está entregando el Congreso. Por eso hemos dicho que esa es una ley habilitante como las de Chávez. Nos parece que eso le hace daño a la democracia, por la impunidad, por considerar al narcotráfico delito político; porque los responsables de delitos atroces no van a tener cárcel; porque cualquiera sea la gravedad del delito van a tener elegibilidad política; porque a las Farc, que es el tercer grupo terrorista más rico del mundo, no se les exige dinero para reparar a las víctimas; porque convierten a las Farc en cogobierno para el sector agropecuario y para la lucha contra el narcotráfico; porque igualan a los militares, a las Fuerzas Armadas de la democracia con el terrorismo. Por todo eso decimos que aquí hay un camino dañino para nuestra democracia y por eso hemos venido en esta actitud crítica, argumentada todos estos años y ahora estamos proponiéndole al país esta resistencia civil”.
¿Qué hubiera pasado si durante el proceso de negociación que su gobierno adelantó con los paramilitares, hubiera aparecido un expresidente que convocara a la resistencia civil?
“No convocaron a la resistencia civil pero no faltaron quienes señalaron al presidente de paramilitar. Esto en lugar de apelar a argumentos de fondo, lo que hicieron fue maltratar la honra del Presidente de la República. Pero usted me da la oportunidad de hacer unas diferencias. Por ejemplo, nuestra ley de Justicia, Paz y Reparación, que se aplicó por igual a 35 mil paramilitares y a 18 mil guerrilleros, traía reducción de penas. Los guerrilleros y los paramilitares de base no tenían que ir a la cárcel, pero aquellos responsables de atrocidades sí tuvieron que ir a la cárcel entre cinco y ocho años y muchos fueron extraditados. Los críticos decían en esa época que muy poquito ocho años de cárcel para los paramilitares, y tenían razón. Pero hoy muchos de esos críticos dicen que debe haber cero cárcel para los cabecillas de las Farc. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre las masacres de las Farc y las masacres de los paramilitares? Si bien en Colombia por lo que sucedió en las últimas décadas es muy difícil trazar el lindero entre narcotráfico-guerrilla, narcotráfico-paramilitares, nuestra ley de Justicia, Paz y Reparación permitió que personas de la guerrilla o del paramilitarismo con vínculos con el narcotráfico fueran elegibles para los beneficios de la ley, siempre y cuando la actividad principal fuera guerrilla o paramilitarismo. Pero eso no permitió que tuvieran impunidad, obligó que tuvieran que ir a la cárcel y no permitió que tuvieran elegibilidad política. Nuestra ley exigió que la riqueza mala la tenían que entregar para reparar víctimas. Yo creo que hay unas diferencias... Nosotros nunca nivelamos a los integrantes de las Fuerzas Armadas con el terrorismo. Lo que ocurrió con los paramilitares en nuestro gobierno fue un sometimiento atípico a la justicia, al mismo al que se acogieron 18 mil guerrilleros. Por qué lo digo: porque nosotros no negociamos con ellos agenda nacional, les dimos beneficios, pero no impunidad total, tampoco elegibilidad total a los responsables de atrocidades”.
Hay analistas que recuerdan que en la primera iniciativa de negociación con los paramilitares que se presentó al Congreso, se proponían penas alternativas diferentes a las de la cárcel. Y que en las ofertas de paz al Eln se les ofreció participación política y elegibilidad. ¿Si eso realmente fue así, qué ha cambiado para que ahora el Centro Democrático no acepte lo mismo con las Farc?
“Primero siempre le dije al Congreso, como lo ha pregonado nuestro comisionado de paz, el doctor Luis Carlos Restrepo, la elegibilidad política debería ser dentro de la Constitución del 91 para quienes estuvieran en el marco de delitos políticos, no en delitos atroces, no en delitos como el narcotráfico. Ahora por la vía de la complicidad se da absoluta elegibilidad política sin importar la gravedad del delito. Segundo, el tema del Eln: cuando yo llegué a la Presidencia recibí dos procesos incipientes. Uno de mi antecesor, con el Eln a través de Cuba; y otro con los paramilitares, a través de la Iglesia Católica. Dije que Colombia no estaba interesada, seguiría con ambos si se cumplía con unos requisitos como el cese a actividades criminales y concentración. Lo mismo que hemos exigido desde hace cuatro años. Le hubiera ido mejor al país si eso se les hubiera impuesto a las Farc y se le hubiera impuesto al Eln. La Iglesia Católica dijo que los paramilitares aceptaban. Se adelantaron esos diálogos, y ya se sabe en qué terminó: unos extraditados, otros han cumplido condenas aquí. Otros paramilitares de base no fueron a la cárcel, estuvieron en programas de reinserción. Se hizo el mismo esfuerzo con el Eln. Pero este no aceptó las condiciones, como cese de actividades criminales y concentración y no se pudo avanzar en el diálogo. Toda la oferta la hice en los términos de la Constitución del 91. Esto es, elegibilidad política para no condenados en el caso de condenados y presos, solamente se permitiría en el delito político sin conexos o en el homicidio culposo”.
Expresidente, usted ha insistido que el tiempo no debe presionar una negociación para que ésta no se haga a cualquier precio. ¿Cómo evalúa hoy los tiempos de la mesa en La Habana?
“Muy grave, porque cada que ha habido un impasse se resuelve con el gobierno aceptándole todo a las Farc. Así lo vivimos el año pasado con el acuerdo de justicia. Yo creería en esta alternativa: hace pocos días un periodista español me preguntó que si el Centro Democrático, directamente o a través de una coalición llegara a la presidencia en el 2018, respetaría todos los acuerdos. Yo contesté, para que nadie se llame a engaño, que hay unos puntos que se deben derogar, porque nosotros tenemos que proteger la democracia, el pluralismo, las instituciones, la empresa privada, principios muy caros. Yo estoy enormemente preocupado con los riesgos de este gobierno, de estas políticas, de estos acuerdos para el futuro de la empresa privada de Colombia. Me preguntó ese periodista: ¿ustedes qué alternativas proponen? Yo le dí dos respuestas: Primero, si en el 2010 el presidente Santos hubiera cumplido lo que prometió, seguramente Colombia estaría en paz. Los cabecillas probablemente se encontrarían en La Habana o en Caracas, pero no tendrían capacidad criminal en Colombia. Le dije: hoy es más difícil. Cuando el presidente Santos empezó el proceso nosotros dijimos por qué no insisten en que las Farc se concentren en un sitio, cumplan un cese de actividades criminales, haya vigilancia y les den garantías. Eso habría permitido que cualquier delito cometido por fuera de ese sitio fuera imputable a las Farc. Eso le habría dado credibilidad al proceso. Pero veamos qué pasa hoy: las Farc han doblado su capacidad criminal. Por ese mal ejemplo el Eln ha resurgido con capacidad criminal, las bandas criminales se han multiplicado por cinco y los cultivos de droga que hasta el 2013 estaban en 43 mil hectáreas, ahora superan las 160 mil. En el país siguen asesinando soldados, crece la extorsión y el control territorial. ¿Qué alternativa vemos nosotros?: no pediríamos que se levante la mesa. Es lo que hemos dicho si el Gobierno llegare a perder el plebiscito, no hay que levantar la mesa. Que sigan allí pero que se suspenda cualquier avance de diálogo hasta que las Farc acepten concentrarse en condiciones que les den garantías con supervisión y cumplir el compromiso de cese total de actividades criminales. Seguramente eso en el 2010 habría demorado más el inicio de la mesa, pero se habría caminado con más firmeza, con más seguridad, con más credibilidad. Pensamos que hoy debe haber urgencia para que las Farc cesen todas las actividades criminales pero no para firmar lo que se tiene que firmar por los daños a los que se refiere a nuestra democracia, debería haber toda la paciencia para reorientar esos contenidos y no crearle un riesgo a la democracia”.
¿Cuáles son los dos puntos a los que se refiere que serían derogados?
“Muchos de los que nosotros hemos dicho. Por ejemplo, nos parece muy grave que las Farc sean el cogobierno en materia agropecuaria. Que con las Farc se discutan todos los aspectos del modelo económico y social. Hay una diferencia entre Chávez y las Farc. Chávez audazmente escondió su marxismo-leninismo, su castrismo y lo escondía tras una aparente calidez muy caribeña pero afectada por ese odio que le infundió Castro. Las Farc son confesas. Todo grupo terrorista tiene un disfraz doctrinario y las Farc no han ocultado el suyo. Ellas quieren implantar en Colombia el socialismo siglo XXI, que tanto daño ha hecho en el continente. Nos parece muy grave lo de convertir el narcotráfico en delito político, sin cárcel, sin extradición y con elegibilidad política. También nos parece sumamente grave para Colombia que aquellos delitos atroces, cuando el responsable de las Farc los acepte, no vayan a la cárcel y que les den elegibilidad política. Creemos que todo eso habría que reformarlo. Cómo así que las Farc, que es el tercer grupo terrorista más rico del mundo, no aporta un peso para reparar a las víctimas, cómo así que se nivela a las Fuerzas Armadas con el terrorismo. Si usted lee el acuerdo de justicia encontrará que ponen de igual a igual a los comandantes militares con los cabecillas guerrilleros. Entonces, los militares que se tengan que someter a la justicia transicional van a correr el riesgo de que unos jueces indirectamente nombrados por las Farc (porque las Farc participarán con el gobierno en la selección de las instituciones que proveerán esos jueces), los militares correrán el riesgo de que esos jueces los condenen, y para evitar irse a la cárcel, les dirán que el camino es que reconozcan un delito así no lo hayan cometido. Este país no ha tenido las fuerzas armadas de la dictadura de Videla o de Pinochet o las dictaduras centroamericanas. Aquí ha habido las fuerzas armadas de la democracia. Su vocación misional ha sido la ley y el orden y los valores democráticos. Cómo la ponen de igual a igual con el terrorismo, cuya vocación misional ha sido el delito, así traten de ocultarlo eufemísticamente con la denominación del derecho a la rebelión. Hay muchos puntos con los cuales nosotros razonablemente estamos en desacuerdo y empeñados en luchar hasta que se corrijan, así el gobierno ahora los imponga”.
El Eln cree que exigirle que deje el secuestro y que libere a las personas que tiene en su poder, es ponerle condiciones a su proceso. ¿Sería entendible que se abra la mesa con un Eln que sigue cometiendo este delito?
“De ninguna manera. Lo que se hizo con las Farc de permitirles abrir la mesa sin un cese de actividades criminales, sin su concentración, sin vigilancia para poder verificar ese cese de actividades criminales, ha sido muy grave y ha dado muy mal ejemplo. Mire los del Eln. Un país que tanto ha sufrido el secuestro, cómo pretende el gobierno que acepte un diálogo con un grupo que legitima el secuestro y el gobierno le acepta que legitime el secuestro permitiéndole abrir la mesa. De ninguna manera. Inclusive con estos delitos de las Farc habría toda la razón para decidir si se suspende el diálogo, no se rompe la mesa, pero ustedes se concentran, cumplen con el cese total actividades criminales antes de continuar estas negociaciones”.
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