Dijo un recordado hombre público que cuando un hombre está en el poder, necesita el consejo, el apoyo, el cariño y el aliento de sus gobernados, que han de ser sus amigos, no sus vasallos. Pero si ese hombre se olvida que se debe al pueblo y no respeta derechos ni constituciones, el pueblo tiene la obligación de recordarle los deberes de la altura, e imponerle su soberanía, aún por la fuerza.

Desgraciadamente en países como Paraguay, es común la impunidad para violar la Constitución Nacional y, como dijera Eduardo Galeano, ello premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda: estimula al delincuente y contagia su ejemplo.

En estos días que corren, el diputado Oscar Tuma ha vuelto a llamar la atención sobre algunos senadores que en el mismo Congreso proponen procedimientos contrarios a la Ley Fundamental.

Lo peor del caso es que hacen esos planteamientos desde los mismos medios de comunicación, sin tan siquiera ruborizarse. Señala Tuma que algunos legisladores están desesperados por volver al Jurado de Enjuiciamiento de magistrados, al punto que llegan a plantear en público la violación de la Carta Magna.

En ese contexto, pretenden la revocatoria del mandato de uno o dos de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, siendo que dicho procedimiento no existe en ese caso concreto.

El solo planteamiento de esta situación, señala el legislador, nos lleva a concluir que estamos ante personas que desconocen sus obligaciones o son tan deshonestas que no les interesa hacer público lo ilegal, en abierta violación al debido proceso contemplado en la Constitución Nacional.

Ya lo dijo Artigas, es muy veleidosa la probidad de los hombres; por ello sólo el freno de la Constitución puede afirmarla.

La ley 3759/2009 del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en su Artículo 4º establece: Los miembros del Jurado designados por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de la Magistratura quedan sujetos al juicio político en caso de la comisión de delitos o mal desempeño de funciones. Cuando se tratare de los Senadores y Diputados que integran dicho cuerpo, éstos quedan sujetos al procedimiento previsto en los Artículos 190 y 191 de la Constitución Nacional.

De acuerdo a la misma letra de la Ley Fundamental: “La Constitución Nacional garantiza a todos los ciudadanos el debido proceso, en este caso el procedimiento a seguir para la destitución de algún miembro del Jurado es el que establece la propia Ley 3759/2009”. Esto significa que para remover a un miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados el único procedimiento válido es el Juicio Político. En caso de atropellar la norma, serán responsables de los daños causados.

Tuma hace notar que este tipo de conducta es lo que termina destruyendo a las instituciones, esa ambición personal por sobre el respeto a la norma es lo que destruye un país. La forma descarada de actuar públicamente de esta manera revela que algunos legisladores se sienten dueños del mundo, acostumbrados como están a la impunidad.

La realidad es que el pueblo debe rechazar a los legisladores que piensan así, desalojarlos del Congreso si es posible, dado que constituyen un riesgo para las instituciones democráticas.

La incoherencia más grande radica en que estos legisladores, con su falta de respeto por la Ley Fundamental de la Nación, están allanando el camino a los mismos radicales que siempre han intentado mantener a la vera del camino a la hora de tomar decisiones políticas.

Las consecuencias de estos actos irresponsables pueden ser insospechadas, pues como lo advirtiera un célebre pensador, la causa mayor de revoluciones, es que mientras las naciones avanzan al trote, las constituciones van a pie.