No basta con la declaratoria de emergencia epidemiologica por obesidad y diabetes que lanzó hace un año el Gobierno federal. La actual administración está en la recta final y aún no establece las políticas que se tomarían al respecto, pero en cambio, sigue beneficiando a la industria refresquera y de la chatarra, dijo el activista Alejandro Calvillo.

De no tomar “acciones inmediatas” para contribuir en la prevención de obesidad, sobrepeso y diabetes, se habrán perdido al menos seis años en la protección de la infancia contra dicha epidemia, advirtió el Consejo Asesor del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT).

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- Pese a que en México el Gobierno federal decretó emergencia epidemiologica por obesidad y diabetes hace más de un año, un análisis académico internacional expuso que las medidas emprendidas para combatir dichas enfermedades no transmisibles son “mera simulación”, ya que hay presencia de conflicto de interés entre la industria y las autoridades, dio a conocer la Alianza por la Salud Alimentaria.

“Desgraciadamente, a pocos meses de que la administración de Enrique Peña Nieto concluya, sin explicación alguna, no vino anuncio alguno de las políticas que se tomarían al respecto”, señaló Alejandro Calvillo, director de la organización civil El Poder del Consumidor (EPC).

Tal como lo ha dado a conocer anteriormente la Alianza para la Salud Alimentaria, la publicación académica “Salud Pública y la industria de bebidas y alimentos: la gobernanza y ética de la interacción. Lecciones de la investigación, políticas y práctica” realizada en Reino Unido, expone en su primer capítulo el potencial conflicto de interés existente en el Consejo Asesor del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT).

El consejo asesor del OMENT, señalan, se encuentra conformado principalmente por representantes de las grandes industrias de productos ultraprocesados. El OMENT es un consejo asesor que tiene como objetivo “apoyar en la evaluación y medición del impacto de las políticas públicas”.

La importancia del Observatorio radica en la evaluación de la política pública, pero “está coptada por la industria”, lamentó Calvillo.

Durante una conferencia de prensa celebrada en la Ciudad de México esta mañana, el activista afirmó que las políticas de prevención han estado interferidas por la industria, tanto en el etiquetado, como en la publicidad y la regulación en las escuelas.

El etiquetado existente en los productos ultraprocesados no advierte sobre las altas cantidades de grasas, azúcares y sodio que incluyen entre sus ingredientes, denunció. Aunado a ello, es de difícil interpretación, ya que de acuerdo con un estudio, ni siquiera estudiantes de Nutrición son capaces de comprenderlo.

“Es muy clara la relación que hay de la industria con esta forma de etiquetar”, criticó el activista.

Calificó, además, que la regulación en publicidad es “ridícula”, pues no toma en cuenta los horarios que realmente son más vistos por el público infantil, en apego a cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

Por otro lado, indicó, la regulación de alimentos en las escuelas “quedó sólo en el papel”, ya que los productos chatarra continúan de venta en muchas escuelas de la República Mexicana.

“A la SEP [Secretaría de Educación Pública] no le interesa este asunto”, acusó.

Ante este panorama, advirtió que de no tomar “acciones inmediatas” para contribuir en la prevención de obesidad, sobrepeso y diabetes, se habrán perdido al menos seis años en la protección de la infancia contra dicha epidemia.

Por ello, subrayó la importancia de que las autoridades trabajen en el tema de prevención de los padecimientos mencionados.

“Tiene que haber una revolución total en el sector salud para volcarse a la prevención”, urgió. “En este país es insignificante la inversión en prevención”, agrego.

OPOSITORES ESPIADOS

Recordó que hace cerca de un año, un informe de Citizen Lab, adscrito a la Universidad de Toronto, desarrollado con R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC, Access Now y Amnistía Internacional, demostró el uso de malware gubernamental utilizado para espiarlo a él y a dos promotores más del impuesto a las bebidas azucaradas: Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y a Luis Encarnación, coordinador de la coalición ContraPESO.

Los especialistas en materia fueron espiados cuando se encontraba promoviendo el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas de 1 a 2 pesos por litro, ya que la evidencia científica ha revelado que al implementarlo se da una baja en el consumo de las mismas.

Hasta el momento, remarcó Calvillo, se continúa con la exigencia de aumentar al doble el gravamen, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).