Editorial: WhatsApp malogrado

Esta semana, el congresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril –respaldado por otros miembros de su bancada– presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 164 del Código Penal, que sanciona la publicación indebida de correspondencia epistolar o telegráfica, no destinada a la publicidad, con una pena de limitación de 20 a 52 días libres.

En particular, propone que se sancione también la difusión de conversaciones de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram), correos electrónicos y llamadas telefónicas. Además, se plantea que la publicación de una comunicación telefónica o grabación de la misma reciba una pena de cárcel no mayor de dos años.

A pesar de que el vocero alterno del fujimorismo sostiene que su intención es “actualizar la norma” y que esta “no tiene nada que ver con los medios”, sería irreal pensar que la imposición de sanciones penales a la publicación de ciertas conversaciones no terminará por limitar el trabajo de la prensa. En efecto, el conocimiento público de casos de corrupción, entre varios otros delitos, y varias conductas reñidas con la ética, se ha producido en los últimos años gracias a la difusión de conversaciones cuyos participantes hubieran querido mantener ocultas. Más aun, integrantes de FP –incluido el propio autor de la iniciativa– han participado en episodios de este tipo en los últimos meses, lo que añade mayor suspicacia a los propósitos subyacentes a este planteamiento.

Es llamativo, por ejemplo, que se busque penalizar la difusión de conversaciones de mensajería instantánea, cuando fue gracias a la publicación de un extracto del chat Mototaxi (grupo que reunía a los líderes más conspicuos de FP) que se pudo conocer más sobre la predisposición que tuvo el fujimorismo para vapulear con prepotencia y vanagloria al entonces ministro de Educación Jaime Saavedra, durante el debate que decantó en su censura (“Jaja recién leo que está temblando… pero para jodernos era valiente! (sic)”, “Ahora ya saben con quién se meten”, fueron el tipo de mensajes que se intercambiaban).

Y es curioso también que el proyecto intente castigar la divulgación de conversaciones telefónicas a pocos días de que se ventilaran audios que complican aun más la situación de la legisladora fujimorista Yesenia Ponce, tanto por la presunta consignación de información falsa sobre sus estudios en su hoja de vida, como por haber proferido duras críticas a su lideresa, Keiko Fujimori, semanas atrás.

Vista en detalle, además, la propuesta de Becerril presenta varios defectos de fondo. Por un lado, busca cambiar un anacronismo haciéndolo más grave aun. La jurisprudencia peruana y extranjera apunta en el sentido de no castigar la difusión de una conversación por quien es parte de ella. Y en contraste, si prosperara la iniciativa del parlamentario fujimorista, se agravaría la situación de quienes estuvieran en esta tesitura.

Por otro lado, la modificación legislativa castigaría a los medios de comunicación y periodistas que, sin interferir en la conversación privada o en su acceso, cumplen su deber de difundir dicha información en la medida que tenga interés público –como, por ejemplo, sucedió en los casos del chat Mototaxi y la conversación de Yesenia Ponce, y años atrás en el caso de los ‘vladivideos’ y en el de los ‘petroaudios’–. Es decir, se trataría de una nueva ley mordaza contra el ejercicio periodístico como las que se propusieron en anteriores conformaciones parlamentarias pero que, oportunamente, fueron observadas o abortadas.

Con estos antecedentes, no sorprende que la iniciativa haya encontrado resistencia en otras bancadas. El vocero de Peruanos por el Kambio, Vicente Zeballos, por ejemplo, ha señalado sobre la propuesta que se trataría de “una clara contravención a la libertad de prensa”. Mientras que Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso, advirtió que una eventual norma de este tenor podría ser usada “como instrumento legal para considerar como prueba ilícita un chat, una conversación o audio que pruebe algo indebido”.

Tomando en cuenta el pasivo que arrastra el fujimorismo en materia de respeto a la libertad de prensa, sería recomendable entonces que sus representantes se abocaran más a protegerla antes que a sumarle amenazas y cortapisas.