Una de las críticas habituales al populismo es su poco respeto a las instituciones. Sin embargo, el institucionalismo de los conservadores argentinos parece más flojo de papeles que el de cualquier caudillo popular. Un ejemplo de ello es el caso del BCRA que en tiempos del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ante un conflicto con su entonces presidente, había sido la institución por la cual derramaban lágrimas republicanas todo el arco opositor. 

Años después, bajo la presidencia de Mercedes Marcó del Pont, se reformó la Carta Orgánica del BCRA. La modificación se debió a un resabio de convertibilidad que impedía expandir el circulante monetario más allá de una proporción equivalente al nivel de reservas internacionales. En aquellos tiempos, el retraso en el valor del dólar había generado que el circulante comenzara a superar el monto de las reservas, de modo que para no devaluar ni reducir el dinero en circulación, se optó por reformar la Carta Orgánica y eliminar la necesidad de una proporcionalidad fija entre reservas y circulante.

Aprovechando la modificación, se introdujeron nuevos objetivos en la política de la institución, acompañando al ya existente de la estabilidad monetaria, con el de “estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Al asumir Mauricio Macri, nombró a cargo del BCRA a Federico Sturzenegger, un militante del PRO que había sido funcionario de Domingo Cavallo cuando se negoció el Megacanje. El nuevo presidente introdujo un esquema de metas de inflación que prioriza la estabilidad monetaria por sobre los objetivos de empleo, desarrollo y equidad. Es decir, una violación directa de la Carta Orgánica del BCRA que no ha merecido la crítica republicana de ningún “institucionalista”.

A la vez, la política de altas tasas de interés desalienta la inversión real y, por ende, el empleo. ¿Quién va a invertir en el sector real si comprando Lebac se puede llevar 10 puntos de rentabilidad por encima de la inflación? Esa política ha mostrado inefectiva para frenar la inflación y ni siquiera ha servido para cumplir el único objetivo que se propuso Sturzenegger cuando decidió violar la ley e incumplir con los objetivos orgánicos de la institución que preside. El primer año la meta de inflación era del 25 por ciento como máximo, sin embargo los precios treparon al 41. El segundo año la meta era del 17 por ciento y la inflación rondará estará cerca del 24. En 2018 la meta máxima era del 12 por ciento, y ante el descreimiento general (el propio gobierno en su presupuesto proyectó una inflación del 15,7), se modificó al 15 por ciento.

Sin embargo, la previsible baja de tasas interés que acompañará la nueva meta, tendrá su correlato en un dólar más alto, tal como sabían los “amigos” que “estaban en el secreto” e impusieron la suba del dólar en la previa del anuncio de las nuevas metas. Como todos saben en Argentina (excepto quienes dirigen la política económica), la suba del dólar va de la mano de un aumento de los precios. De ahí que esta nueva meta sea tan ilusoria como las anteriores.

@AndresAsiain