La corrupción sistémica en América latina

De acuerdo a los resultados del último reporte sobre percepción de corrupción en 180 países publicado por la organización Transparencia Internacional, a comienzos del presente año, solo Uruguay -con 71 puntos ocupando el lugar 21-, Chile con 67 puntos en el puesto 26, y Costa Rica -56 puntos ocupando el lugar número 27- obtuvieron un elevado puntaje en la asignatura de la lucha contra la corrupción en América Latina.

A fin de poder empezar a comprender la naturaleza del problema, resulta importante establecer la diferencia entre aquella expresión más visible del fenómeno -valijas, bolsos, garajes o cuadernos- y aquella menos visible que tiene relación con tres factores estructurales que podrían explicar esta “pandemia”: la ingeniería electoral, los cambios en la actividad política resultado del impacto de las nuevas tecnologías y una más estrecha imbricación entre intereses públicos y privados, resultado del creciente intervencionismo estatal.

En relación al primer factor, la proliferación de fórmulas electorales de carácter proporcional, en aras de fomentar la representatividad, terminan generando como consecuencia la indisciplina y fragmentación partidaria, con elevados costos para la construcción de la gobernabilidad democrática, tanto en términos fiscales como así también en términos éticos.

El ejemplo de Brasil es quizás el más emblemático con un bajo nivel de nacionalización de sus partidos y sistema de partidos y un congreso fragmentado con partidos escasamente disciplinados: los escándalos del Mensalao y Lava Jato son producto de una ingeniería electoral distorsiva que, aunque no provoca de manera directa, alienta en forma indirecta prácticas de carácter semiilegal o abiertamente ilegal.

Respecto a los cambios en la actividad política, las transformaciones tecnológicas de las últimas décadas han impactado en la forma de hacer política y en la búsqueda de recursos para poder financiar una actividad crecientemente profesionalizada.

La política se ha convertido en una actividad onerosa, y se hace necesaria la obtención de recursos por diferentes medios, legales y de los otros, para poder sostener una estructura cada vez más profesional. Parafraseando al recordado Deolindo Felipe Bittel, la política ya no se hace más con tiza y carbón, sino con sofisticados y costosos ejércitos de especialistas de la comunicación, análisis del discurso, manipulación de la opinión pública, etcétera.

Finalmente, el crecimiento del aparato estatal, con el propósito de formular políticas públicas destinadas a satisfacer reivindicaciones democráticas crecientes, ha generado un efecto no deseado, cual es aquel de la captura o intento de captura de las diferentes agencias estatales por parte de, por una parte partidos políticos cartelizados con el propósito de garantizar la financiación de su actividad partidaria y supervivencia organizacional, y por otra organizaciones empresariales y sindicales para la obtención de diferentes beneficios de carácter sectorial, de directo o indirecto impacto en el déficit del presupuesto público.

La “financiación” de Odebrecht, más que la espada de Bolívar, camina por América Latina ¿ejemplos? Brasil, México, Perú. Asimismo, la causa de los cuadernos que conmocionó a la opinión pública argentina durante los años 2018 y 2019 reinstaló el debate sobre la confusión/imbricación entre intereses privados y agencias del sector público. En suma, estamos frente a una pandemia que representa una amenaza en y a la democracia.

Santiago Leiras es politólogo, Doctor en Ciencia Política del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid-España (IUOG). Profesor de la UBA y autor de varios libros sobre política latinoamericana.