Una somera revisión de los cambios en materia educativa lleva a una conclusión: que la educación -tal como está concebida en un simple listado de buenas intenciones- no constituye el eje del nuevo modelo que se pretende cambiar o continuar.

Más allá de los alcances y logros de la denominada “revolución educativa” en los últimos diez años, es necesario trazar una línea base con el objetivo de identificar los parámetros desde donde avanzar hacia el futuro.

Porque no se trata de denigrar lo que se ha hecho, sino reconocer méritos y construir o reconstruir políticas públicas en materia educativa, de cara no a los próximos cuatro años sino a una década con el nuevo Plan Nacional de Educación 2018-2028.

Esta decisión preliminar es obvia porque los cambios en la educación son de largo plazo y Ecuador da muestras positivas al optar por esa dirección, mediante la aprobación de las ocho políticas públicas en educación, a través de un referendo, que fueron incorporadas más tarde a la Constitución y a la ley.

No se trata de evaluar los diez años del presidente Rafael Correa en educación. Existen documentos nacionales e internaciones que muestran fortalezas y debilidades.

Entre las primeras se distinguen la recuperación de la rectoría por parte del Estado; la alta inversión pública en infraestructura y la ampliación de la cobertura.

La calidad tiene matices, pero, en su conjunto hay mejoras. Entre las segundas se observa la poca participación de la ciudadanía –los profesores y otros actores directos-. Un caso patético es la no convocatoria al Consejo Nacional de Educación (CNE), organismo encargado de estudiar y aprobar los planes educativos nacionales (Art. 23) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

La renovación del sistema educativo es relevante y del sistema nacional de evaluación, el ajuste curricular, la creación de cuatro nuevas universidades (Yachay, Amazónica, de las Artes y Educación). Y una inversión en escuelas del milenio con su equipamiento, algunas cuestionadas por su ubicación y por el cierre de escuelas unidocentes en el sector rural. 

El cierre de varias universidades de “garaje” fue reconocido por la opinión pública; también las becas a estudiantes y en general la meritocracia implantada desde un modelo unidireccional que, supuestamente, contribuyó a minar la autonomía universitaria.

En esencia, una alta inversión pública en educación es inédita y eso es bueno para el país, pero la debilidad estructural en estos diez últimos años fue la pedagogía, asociada inseparablemente a la calidad y sus estándares y la formación inicial y continua de los profesores.

¿Salto cualitativo?
El sistema educativo ecuatoriano se ha reformado –no cabe duda- pero sin un paraguas conceptual o epistemológico. Y peor metodológico. Detrás de los cambios no hay una teoría o conjunto de teorías pedagógicas y si han existido no han dado piso ni techo a las reformas.

Han llegado cantidad de técnicos, asesores y consultores del exterior por la voluntad política y los recursos que ha tenido el gobierno, pero, en su conjunto, no existió un esquema básico que implique un “gran salto cualitativo” en educación, más allá de la exitosa propaganda de infraestructura y equipamiento«.

Los profesores siguen formándose de acuerdo con patrones tradicionales, “dictan” clases como en el siglo XX o antes y lo que es grave: la reforma no ha llegado a la escuela, que es motor de la educación.

Tampoco hay un sistema de investigación que documente los cambios y las universidades –salvo excepciones- sufren la ausencia de estudiantes, quienes escogen otras profesiones que son más “rentables”, mientras la pedagogía quedó relegada.

El Art. 6. de la Ley Orgánica de Educación vigente dice: “La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa y de los principios y fines establecidos en esta ley”. (O)