¿Neta?

Pues no. El pasado viernes 14 de septiembre afirmó que Rosario Robles es un “chivo expiatorio y que las acusaciones sobre los desvíos millonarios son un circo. Agregó, “nosotros no vamos a hacer lo que se hacía anteriormente, de que había actos espectaculares, de que se agarraba a uno, dos, tres, cuatro, cinco como chivos expiatorios y luego le seguían con la misma corrupción”.

En la última parte de la frase —“luego le seguían con la corrupción”— tiene razón. El enfoque punitivo frente a la corrupción no la resuelve y, además, revela una concepción de la misma simplista y equivocada. La corrupción no está construida a partir de hechos aislados, sino de un sistema que la promueve, la incentiva y ha hecho de ella un modo de vida o, incluso, una norma social. Por otra parte, la visibilización de los actos y redes de corrupción ha servido de muy poco para desincentivarla y sancionarla administrativa o penalmente. Sin embargo, sí sirvió, y mucho, para darle votos a AMLO.

En aquello de que es un acto de espectacularidad, se equivoca rotundamente. Respecto a la titular de Sedesol y Sedatu ha dicho que todo es una simulación y que ella es un chivo expiatorio “…porque a los de la mafia del poder y algunos medios de información les gusta mucho ofrecer circo a la gente y nosotros ya no queremos eso”.

No lo es. El caso conocido como La Estafa Maestra, gracias a una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, es una de las indagatorias periodísticas más sólidas en la materia. No es un circo ni de las organizaciones ni de la prensa fifí. Es un estudio fundamentado y comprobado a partir de fuentes oficiales, en particular de la Auditoría Superior de la Federación, y complementado por el periodismo de investigación que documentó a las empresas fantasma que estuvieron detrás del fraude. Una investigación que reveló, además de los hechos, el modus operandi utilizado por varias dependencias del gobierno federal en contubernio con algunas universidades públicas. La investigación fue rematada y robustecida con nuevos hallazgos del periódico Reforma publicados la semana pasada. En este nuevo episodio, se ofrece el detalle puntual de cómo los recursos de los contratos entre varias dependencias públicas —particularmente Sedesol y Sedatu— fueron convertidos en dinero en efectivo antes de ser desviados.

Esto no lo digo yo como estudiosa de los fenómenos de la corrupción y la impunidad, lo dicen las auditorías de la ASF y lo refrendan las más de 20 denuncias interpuestas por ella. Lo revalida el premio Ortega y Gasset de periodismo 2018 otorgado por El País a MCCI y Animal Político y su postulación al premio de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano.

Estas denuncias buscan no sólo tener impacto, sino incidencia precisamente para que no se queden únicamente en lo que AMLO llama un circo. Por eso fueron acompañadas de la investigación de las causas que hicieron posibles las redes y actos de corrupción y de algunas propuestas de solución. Entre ellas, la reforma al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones que permite a las dependencias “ahorrarse” la licitación y pasar a la adjudicación directa en los contratos entre las dependencias gubernamentales y las universidades públicas. Entre ellas, también, la autorización para que el gobierno pueda hacer pagos en efectivo. Con estas dos pequeñas modificaciones, eliminar los casos de discrecionalidad en la Ley de Adquisiciones y la prohibición del uso de dinero en efectivo, se estarían cerrando dos importantes ventanas a la corrupción.

Pero la otra parte de la ecuación es la de la impunidad. En México no se denuncian la inmensa mayoría de los delitos (90%) y de los que sí se denuncian solamente 3% termina en resolución condenatoria. Si la impunidad se sigue consintiendo no hay política anticorrupción que valga.

Dice López Obrador que “los jefes del saqueo … llevan 30 años saqueando al país y los medios de comunicación calladitos”. Falso. En una investigación reciente de quien esto escribe se demostró que entre el año 1996 y el año 2014 se pasó de 502 notas de corrupción en los medios de comunicación a 29,505 notas. Así que eso de “calladitos” simplemente no se sustenta. Nadie ha hecho más y mejor trabajo para exhibir la corrupción y la impunidad que los medios.

Si el plan de López Obrador es una amnistía en materia de corrupción similar a la que se planteó originalmente en el caso del crimen organizado se puede discutir. Pero esto hay que decirlo con todas sus letras, explicar en qué consiste y asumir los costos que tendría porque se entendería como un pacto de impunidad. No basta con decir, “… sí va a haber procesos, nada más que nosotros queremos ver hacia adelante no queremos quedarnos anclados nada más en el periodo de corrupción, lo que queremos es iniciar una etapa nueva”.