Sea que la visita de Trump haya ocasionado o no la renuncia de Luis Videgaray a la Secretaría de Hacienda, o que tras ésta puedan estar encubiertas otras razones, como sugirió el presidente Peña Nieto, su principal consecuencia fue reubicarnos en nuestra realidad que, sin duda, está regida por la situación económica actual, donde la inversión pública desempeña un papel fundamental.

Estas circunstancias en que las entidades financieras internacionales le exigen al gobierno acatar el equilibrio presupuestal, limitando su gasto a su recaudación, lo obligan a llevar al cabo un severo recorte presupuestal que ha fijado en 240 mil millones de pesos redondeados, y que tanto la iniciativa privada como su brazo político, el PAN, ha considerado insuficiente, pues aducen que debe ser de 300 mil a 500 mil (MDP).  

Que el nombramiento de Meade, que deja de ser presidenciable, haya sido aceptado por las financieras y aplaudido por el PAN, puede ser visto, según analistas nacionales, como un indicio de que la sucesión presidencial ya se pactó a favor del blanquiazul y que lo que único que está a discusión es la dimensión o gradualidad del recorte del aparato gubernamental para dejarle una estructura más manejable y un clima social de descontento favorable a su causa. 

Y aunque nunca se ha observado que un recorte presupuestal genere crecimiento, sino recesión, lo cierto es que tanto la iniciativa privada como el PAN se muestran presurosos para reducir al mínimo la capacidad de inversión del gobierno, incapacitándolo para cumplir con sus compromisos y exigiendo al mismo tiempo que la mayor parte de la rasurada del gasto público se ejecute no en la cancelación de obras de infraestructura, sino en el gasto corriente, es decir en la reducción de sueldos y salarios mediante el despido de burócratas.

Lo que suena bien antes de considerar que la mayoría del gasto corriente se utiliza para el pago de los salarios de maestros, médicos y enfermeras, policías y personal de seguridad, militares y empleados del sistema de impartición de justicia, donde ciertamente se cuenta no con exceso sino con déficit de personal. Como en las instituciones de salud que han incorporado a los estudiantes mayores de 18 años, sin haber incrementado proporcionalmente las partidas presupuestales.

Además que ello contribuiría para incrementar desmesuradamente el desempleo,  pues el sueldo bajo de los puestos obligaría al despido masivo. Lo que, por otra parte, asestaría un golpe definitivo al motor del crecimiento en el gobierno de Peña Nieto: el incremento del mercado interno, principalmente por el aumento del consumo de los trabajadores.

Presurosos se muestran los integrantes de la iniciativa privada para que la inversión pública se destine sólo a sus negocios; presurosos están los del PAN para que se allane el camino para que recuperen al Ejecutivo Federal y… su presupuesto. Temerosos de que del plato a la boca se les pueda caer la sopa.