“La corrupción junto con la impunidad es el principal problema del país”, sentencia el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, entregado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados.
Bajo esa premisa, el combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública es uno de los tres ejes transversales establecidos para guiar todas las acciones que se tomen durante este sexenio.
En específico, el Plan tiene dos indicadores con los que quiere medir cuánto se avanzará en los siguientes seis años contra este problema: uno referente a la percepción de los ciudadanos sobre el funcionamiento del gobierno, y otro sobre qué tanto son víctimas.
En este sentido, la propuesta es que de 14 mil 635 personas (15 % de la población adulta) que dijeron haber sufrido un acto de corrupción haciendo un trámite durante 2017 (según mediciones del INEGI), en 2024, al terminar el mandato de López Obrador, solo declaren haber pasado corrupción 6 mil 878 ciudadanos. Es decir, una reducción del 53 %.
El otro indicador, sobre percepción, toma como base que en 2018 el 86.5 % de mexicanos dijo percibir que hay prácticas de corrupción en el Gobierno Federal. La meta, en ese caso, es que al cerrar el sexenio solo opine eso el 22 % de la población, es decir, casi 65 puntos porcentuales menos.
El PND recuerda que en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional, México está en el lugar 138 de 180 países. También lamenta que según los cálculos del INEGI, seis de cada 10 empresas pagaron sobornos para agilizar trámites y gastaron en total 1.6 mil millones de pesos en ello, mientras que la población en general pagó 7.2 mil millones en actos de corrupción.
El PND reconoce que la corrupción tiene consecuencias en varios ámbitos, desde afectar el presupuesto público, dañar la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, hasta impactar en la economía. “Por ejemplo, el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial 2017-2018 señala a la corrupción como el principal inhibidor de inversión en México”, señala.
La impunidad y los privilegios de los servidores públicos
De 2012 a 2016, expone el documento, aumentó en 50 % el número de denuncias contra servidores públicos, según la Secretaría de la Función Pública (SFP). En 2018, agrega, se abrieron 14 mil 752 expedientes de responsabilidad administrativa, pero solo 5 mil 136 derivaron en sanciones (34.8 %), y de esos, solo en tres de cada 10 casos fue suspendido el funcionario acusado.
“La prevalencia de actos de corrupción no se entiende sin el acompañamiento de altos niveles de impunidad. La impunidad no solo desincentiva el reporte de actos de corrupción, sino que profundiza la falta de credibilidad en el gobierno”, afirma.
Para acabar con esto, señala, es que se está legislando para tipificar la corrupción como delito grave y quitar el fuero a los altos funcionarios, y se propondrá al Congreso una Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés. También se amplió a todos los servidores públicos la obligación de presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses.
El PND deja claro que solo los secretarios de Estado podrán tener un vehículo oficial y chofer, y que solo se asignará escoltas quienes sí requieran medidas de seguridad por la naturaleza de su trabajo.
“Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder han llegado a su fin. El gobierno actual está decidido a eliminar los privilegios y prebendas de que han disfrutado los funcionarios de nivel alto y medio y pondrá fin a la contratación generalizada e indiscriminada de personal de confianza, a la asignación abusiva de oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación y viáticos; al pago con cargo al erario de seguros de gastos médicos; a los presupuestos para fiestas y banquetes y a los viajes sin sentido”, puntualiza.
Las empresas y las contrataciones públicas
El PND asegura que la corrupción es una forma extrema de la privatización, porque implica transferir dinero y bienes públicos a particulares. Culpa de esto, además, como en varias ocasiones ha hecho el presidente López Obrador, al neoliberalismo.
Por ello anuncia, como una de las medidas del nuevo gobierno, la prohibición de las adjudicaciones directas en las compras de gobierno.
“Ya no se privilegiarán empresas, por lo que se favorecerá la libre competencia y concurrencia; además se garantizará que la infraestructura sea de calidad y se concluya sin mayores demoras, y se eliminará la sobrerregulación que abre espacios a la corrupción y desincentiva la innovación y la creación de nuevas empresas”, asegura.
Para el gasto del dinero público, el Plan Nacional de Desarrollo establece cinco nuevos criterios: el primero, identificar ineficiencias en la gestión pública y riesgos de corrupción para reducir la discrecionalidad con la que se pueden tomar decisiones y usar los recursos. En segundo lugar promete aprovechar las tecnologías disponibles para que haya mayor transparencia y rendición de cuentas.
Otro criterio que promete seguir es hacer evaluaciones y seguimientos constantes para simplificar normas, trámites y servicios. También seguir altos estándares en el análisis de costos para todo proceso de contratación, y garantizar que los contratos se hagan en los mejores términos para el Estado, sin colusión con el sector privado.
Por último, hace referencia a los programas de desarrollo social, y promete la integración de padrones claros que eviten la malversación de recursos o el condicionamiento político de las ayudas.
Las estrategias contra la corrupción
El gobierno resumió en ocho puntos las estrategias que planea seguir para cumplir con el objetivo de prevenir y combatir la corrupción y la impunidad (objetivo 1.8 del PND):
1.- En primer lugar, destaca la ciudadanización del combate a la corrupción, y promete la utilización de mecanismos de contraloría, fiscalización y rendición de cuentas.
2.- En el segundo punto, se compromete a aplicar y evaluar la Política Nacional Anticorrupción, aprobada en diciembre de 2018 por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un organismo de participación ciudadana y de instancias del gobierno. El compromiso es, además, que la Administración Pública adopte todos los programas, acciones y acuerdos que determine el SNA.
3.- Promover que haya coordinación entre el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y entre los niveles de gobierno municipal, estatal y federal, para aplicar instrumentos contra la corrupción y la impunidad.
4.- Promete usar la inteligencia para identificar riesgos de corrupción y prevenirlos mediante el aprovechamiento de la información de la Plataforma Digital Nacional, para lo cual promoverá una estandarización de los datos y que haya interoperabilidad en los sistemas.
5.- El quinto punto hace referencia a estándares internacionales, ya que se compromete a aplicar realmente las medidas anticorrupción que hay en acuerdos internacionales que ha firmado el Estado mexicano, e incluso promete que se buscará suscribir otros que todavía no se hayan firmado.
6.- En sexto lugar, el Plan asegura que se combatirá la impunidad de quienes cometen actos de corrupción en el gobierno, con acciones como identificar conflictos de interés, castigar faltas administrativas, o atender las denuncias ciudadanas.
7.- En este punto se refiere a la ética e integridad de los servidores públicos, y asegura que se promoverá la mejora continua en el desempeño de sus funciones, la evaluación de los programas y políticas públicas, la implementación de un sistema más transparente para adquisiciones, obras públicas y arrendamientos, y la simplificación administrativa.
8.- Por último, asegura que se fortalecerá la profesionalización de los servidores públicos y su sensibilización en derechos humanos, perspectiva de género y no discriminación.
El PND retoma, además, en un decálogo de propuestas hechas por la gente en el foro nacional para la elaboración del Plan, la sugerencia de que se cree una plataforma para denuncias anónimas de los ciudadanos de casos de corrupción, en la que se pueda dar seguimiento y verificar qué pasó con una denuncia, sin poner en riesgo al denunciante.
