Colectivos en defensa de los animales y cientos de usuarios en la Red han mostrado su malestar ante la pretensión de la Xunta de sancionar con multas de hasta 5.000 euros la recogida de animales abandonados en las calles sin el permiso correspondiente y con 500 a las personas que los alimenten sin autorización.
Rubén Pérez, portavoz de la asociación Libera!, denuncia que ambas medidas "criminalizan y sancionan a voluntarios, particulares y entidades protectoras que actúan de buena fe frente al abandono animal y que muchas veces, además, lo hacen porque la Administración no da respuesta a estas situaciones", por lo que reclamará al PP que las modifique.
Según Pérez, son pocos los concellos que cuentan con un servicio para la protección animal, por lo que prohibir la atención de particulares y asociaciones conllevaría la paradoja de penalizar a "quienes llevan años ocupándose de lo que no hacen los municipios".
En ese sentido, aunque reconoce que en ocasiones la alimentación de animales abandonados produce "problemas de suciedad o de convivencia entre vecinos" , apuesta por encauzar la solución incluyendo "motivos humanitarios o de bienestar animal"como excepciones permitidas para poder darles comida.
"¿Si no, qué hacemos?, ¿los dejamos morir de hambre?", se pregunta, igual que muchos usuarios de las redes sociales, la responsable del Refugio de Cambados, Olga Costa. La promotora del centro pontevedrés advierte de que las prohibiciones propuestas por la Xunta, ante la que está dispuesta "a convocar concentraciones de protesta", serían especialmente perjudiciales para los gatos, puesto que en toda Galicia "no hay más de una docena de centros con instalaciones adecuadas para su cuidado". Además, indica que "estos suelen estar saturados", por lo que su supervivencia acaba dependiendo de personas que, de aprobarse la ley, estarían expuestas a graves sanciones."Sería una barbaridad", comenta muy enfadada."¿Cuántas veces tenemos que hacernos cargo de animales porque llamamos a la Guardia Civil y nos dice que no tiene por qué recogerlos ?", agrega.
Costa, que acusa a la Xunta de elaborar el texto normativo "sin tener en cuenta" a las protectoras de animales, "en pie de guerra por estas medidas", coincide con Pérez en criticar la conversión de la acogida animal en "un negocio". El portavoz de Libera! sugiere la posibilidad de que detrás de las prohibiciones se encuentran "empresas que se están lucrando en algunos concellos realizando el servicio de acogida",por lo que defiende un modelo de gestión directa de estas labores a nivel municipal o provincial.
