La abogada Myriam Bregman, patrocinada por Liliana Mazea y Matías Aufieri del CeProDH, amplió la denuncia en la causa del Proyecto X con nuevas pruebas sobre las tareas de esa fuerza federal.
Martes 17 de octubre de 2017 | 17:10
Foto Ariel Segovia/Enfoque Rojo
Este viernes la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y referente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, presentó un escrito en el Juzgado Federal N° 7 a cargo del juez Sebastián Casanello, en el marco de la causa en la que se investiga el espionaje ilegal de la Gendarmería Nacional, conocido como Proyecto X.
El escrito de Bregman, a quien representan en la causa la abogada Liliana Mazea y el abogado Matías Aufieri, amplía la denuncia original incorporando elementos de prueba que demuestran el espionaje ilegal de esa fuerza represiva federal sobre la familia de Santiago Maldonado e integrantes de organismos de derechos humanos.
La denuncia ya cuenta con la adhesión de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), precisamente uno de los organismos víctimas de ese espionaje. De hecho sus referentes regionales, entre los que se encuentran Julio Saquero y Mabel Sánchez, son algunos de los principales blancos ya que fueron quienes denunciaron en primera instancia la desaparición de Santiago.
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En el texto presentado ante Casanello se detalla que persisten las “actividades de espionaje y el sistema de inteligencia ilegal que denunciamos años atrás en la causa que investigó el Proyecto X y que continúa en funcionamiento. Ahora las víctimas son los familiares de Santiago Maldonado y distintos referentes de organismos de derechos humanos que luchamos por su aparición con vida”.
“La misma Gendarmería que estuvo a cargo del operativo donde desapareció Santiago ahora investiga a su familia, con el amparo del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich”, denuncia Bregman.
Además presentó “documentación que prueba que Gonzalo Cané, funcionario enviado por Patricia Bullrich, se presenta en causas judiciales que existen a partir de la desaparición de Santiago y, argumentando mantener el ‘secreto y la confidencialidad que requiere la información concerniente a la seguridad interior’, pide que se limite la inspección de celulares, computadoras y otros dispositivos secuestrados a integrantes de la Gendarmería”.
Según Bregman, esas maniobras de Cané y el Ministerio son “para que se mantenga en estricta reserva el contenido de la información que se encuentra en esas fuentes, con el claro objetivo de que no se conozca el espionaje ilegal que realizan sobre la familia y los organismos”. En ese sentido, “sin ningún empacho, Cané en persona se ocupa de pedir a la Justicia que no se sepa lo que tienen los celulares y computadoras, porque sabe que el espionaje ilegal va a aparecer”, afirma la abogada.
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Bregman agrega en su escrito que “el representante de Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad muestra así la pretensión del Gobierno y la GNA de que no trascienda lo que finalmente salió a la luz en la investigación: que existieron tareas de inteligencia ilegal por parte de la Gendarmería sobre la familia de Santiago Maldonado, la comunidad mapuche y organismos de derechos humanos”.
Ahora se espera que el fiscal federal Gerardo Pollicita impulse la acción presentada por Bregman, lo cual significaría un importante cambio en la conducta del funcionario judicial, de alto perfil en causas resonantes. Es preciso destacar que en esta causa la actuación de Pollicita fue realmente pobre. El fiscal no sólo no se caracterizó por los avances investigativos sino que ni siquiera dio pasos en la identificación de responsables. Al día de hoy, tras más de cinco años de iniciado el expediente, no existen procesados de Gendarmería ni de sus autoridades políticas frente a un escándalo político de los más resonantes de los últimos años.
Sin embargo, como lo demuestra esta nueva denuncia presentada por Bregman, desde hace años cada vez que un nuevo hecho de represión a la protesta social involucra a la Gendarmería se vuelve a hablar del Proyecto X, el sello con el que se conoce públicamente desde fines de 2011 (cuando Bregman hizo la primera denuncia) a las tareas de espionaje ilegal de los centros de reunión de información que esa fuerza represiva mantiene funcionando en todos los rincones del país.
