El señor de los buñuelos

El magnate Carlos Mattos se encargó en persona de comprar a los funcionarios de sistemas de la rama judicial para que un multimillonario pleito de su interés fuera asignado a un juez a quien también había sobornado previamente. Todo esto según testimonio, apoyado en documentos, de un hombre de confianza de Mattos: el abogado Luis David Durán Acuña, quien fuera hasta hace poco miembro de la junta directiva de la empresa matriz del imperio Mattos, prestigioso especialista en derecho de familia, tratadista y profesor universitario.

El abogado Durán, hoy recluido en la cárcel Modelo de Bogotá, le contó a la justicia los detalles de la operación criminal que Mattos puso en marcha para ganarse 35 millones de dólares en un pulso con la multinacional coreana Hyundai y con sus nuevos representantes en Colombia.

Mattos necesitaba que un juez civil le prohibiera a su contraparte vender vehículos Hyundai en Colombia, y que esa prohibición se mantuviera por el tiempo necesario para que él negociara desde una posición de fuerza que obligara a los otros a firmar lo antes posible para detener sus pérdidas.

Lo curioso es que Carlos Mattos, exquisito anfitrión de miembros de la realeza y el jet set mundial, arrancó las maniobras que llevarían a su aniquilación en torno a un grasiento buñuelo del centro de Bogotá.

Puede leer: Sobre ruedas

El abogado Durán contó que acompañó en numerosas ocasiones al millonario Mattos hasta una cafetería ubicada en la calle 14 entre carreras octava y novena donde, alrededor de olorosos buñuelos, hizo los contactos para alterar el reparto por computador de los procesos.

El hombre clave de esta parte de la operación se llama Edwin Macías, un antiguo funcionario judicial, quien además puso en contacto a Mattos con el juez sexto civil del circuito Reinaldo Huertas y con el oficial mayor del despacho Dagoberto Rodríguez.

El testigo Durán cuenta que estuvo en reuniones del juez con el empresario en el lujoso apartamento de Carlos Mattos y en la propia casa de Durán, donde en varias ocasiones les pagaron sumas en efectivo al juez y al sustanciador.

Inicialmente Mattos había negociado con el juez que le daría 200 millones de pesos cuando adoptara la medida cautelar, cien millones en caso de apelación y cien millones al terminar el proceso.

De acuerdo con el testimonio, Carlos Mattos incluso corrigió el borrador de la medida cautelar para que no quedara duda acerca de que únicamente su propia empresa podría vender carros Hyundai en Colombia.

Según el testigo Durán, el negocio cambió cuando una columna de estas llamada ‘Sobre ruedas’ atrajo la atención sobre la compra de un carro Mazda en efectivo por parte del juez del caso. (Dicho sea de paso, después me enteré que el juez no había comprado solo un carro, sino dos)

Le sugerimos: El orden de los factores

La publicación prendió las alarmas y obligó a una reunión de urgencia en la casa de Luis David Durán. Allí terminaron juntándose Mattos, el juez y el sustanciador para acordar una serie adicional de pagos por las nuevas dificultades del proceso. El compromiso consistió en que Mattos les daría a los funcionarios judiciales 1.200 millones de pesos adicionales en cuotas mensuales y en efectivo.

Carlos Mattos, desconfiado por naturaleza, quiso tener una prueba de lealtad. Por eso le pidió al abogado Durán tomar una foto suya con el juez Huertas y el sustanciador Rodríguez, sobornados por él.

El abogado Luis David Durán asegura que también asistió a una reunión de Mattos con los dos funcionarios judiciales en Medellín.

Y lo que es aún más revelador. Durán dice que en una ocasión en la que Carlos Mattos no estaba en Colombia lo llamó para pedirle que acompañara a sus hermanos Alfonso Mattos y Jorge Mattos a Bucaramanga a un reunión con el sustanciador Dagoberto Rodríguez para que les informara sobre el pleito comprado.

Le recomendamos: El reparto

Luis David Durán es el mismo testigo que asegura que el abogado Alex Vernot –capturado el jueves pasado– fue a verlo a la cárcel Modelo para ofrecerle 2 millones de dólares para que no colaborara con la Fiscalía y cambiara de versión y de abogado.

P.D.: Creo totalmente en la honestidad del periodista Gonzalo Guillén. Su investigación prueba que un apartamento en Madrid, España, que Néstor Humberto Martínez acepta como de su propiedad, está a nombre de una sociedad panameña. La arrogante carta del fiscal general no explica esa situación.