Los fiscales se rebelan contra el plan digital de Justicia: "Es imposible trabajar así"

"Algo tan sencillo como verificar una decisión judicial antes nos llevaba 30 segundos en papel. Ahora en digital tardamos siete minutos. El sistema es lento y deficiente, es una chapuza". Sofía Puente, vocal del Consejo Fiscal y fiscal de Valladolid, está harta. Y no solo ella. Los 25 fiscales de la provincia han dicho basta ante el "atropello digital" que, aseguran, les está haciendo el Ministerio de Justicia. Fueron seleccionados para ser los primeros en un proyecto piloto de Fiscalía Digital con una misión: eliminar el papel y pasar todos los expedientes a digital con la excusa de la modernización y el ahorro de tiempo. Casi 12 meses y varios millones de euros de dinero público después, denuncian que la iniciativa es un estrepitoso fracaso. El asunto es de tal calado que hasta el Consejo Fiscal, por unanimidad, ha "exigido la inmediata paralización" del proyecto. Justicia, sin embargo, asegura que el proyecto es justo lo que se había requerido desde la Fiscalía General del Estado.

Papel cero. Ese era el gran objetivo cuando el Ministerio de Justicia anunció el año pasado su plan de Fiscalía Digital. Valladolid fue la primera provincia seleccionada para crear un sistema que digitalizase por completo los procesos que tienen lugar en su Fiscalía, desde la recepción de notificaciones hasta las comunicaciones con los jueces.

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Una vez 'convertida' esta región, se lanzaría el mismo sistema al resto de nueve comunidades autónomas pertenecientes al 'territorio ministerio' (las que no tienen transferidas competencias de Justicia): Badajoz, Cuenca, Burgos, Guadalajara... Sin embargo, múltiples fallos técnicos y de planificación han desembocado, según los fiscales, en un auténtico caos y un derroche de fondos públicos.

"Se suponía que la idea era crear un 'expediente digital', tener almacenados en un solo lugar todos los documentos de un procedimiento para buscar, trabajar en ellos, etc. Y que jueces y fiscales pudiéramos trabajar desde ahí. Nada de eso ha ocurrido. El 'expediente digital' son solo PDF escaneados, no puedes buscar nada en ellos, son imágenes. Tienes que ir abriendo y leyendo uno por uno para encontrar algo. Pierdes muchísimo tiempo", explica Sofía Puente a Teknautas. El resultado es que, en lugar de consultar y trabajar digitalmente, al final los fiscales acaban imprimiendo todo. Como antes. "En realidad es peor, acabas gastando mucho más papel".

Los datos del propio ministerio lo confirman: el gasto en papel y tóner de los juzgados no solo no disminuye, sino que no ha dejado de aumentar. El Gobierno se vio obligado a publicar el pasado mayo estos datos ante la petición de información del senador de En Comú Podem por la provincia de Barcelona, Joan Comorera Estarellas.

"¿Cuál ha sido el consumo de papel y de tóner en los juzgados del territorio ministerio entre 2013 y 2016?". La respuesta (puedes consultar los datos debajo y aquí): en 2016, el gasto en papel de estos juzgados ascendió a 889,389 euros, casi un 40% más respecto a 2015 (un 7% más respecto a 2013). Y el de tóner pasó de 1,19 millones de euros en 2015 a 1,47 millones en 2016, un 23% más (casi un 800% más respecto a 2013).

La imposibilidad de buscar en documentos escaneados es solo uno de los múltiples obstáculos. "No tenemos buzones de entrada individuales por fiscal ni criterios de búsqueda para encontrar los procedimientos. Tienes que ir viendo una a una las notificaciones. Encontrar los documentos que necesitas ya te lleva un tiempo. Una vez los tienes, empieza el calvario. Necesitas ir a otra aplicación, Visor, para visualizar todo, buscar el juzgado, consultar el procedimiento, que solo está escaneado, y al final ir a otro programa, Portafirmas, para aprobar gestiones. Tienes que ir saltando de unos a otros y no están integrados, lo que haces en uno no se refleja en otro. Es imposible trabajar así", explica a Teknautas otro fiscal de Valladolid que prefiere mantener el anonimato.

Un perito informático contratado por el ministerio para analizar el tiempo que tardan en abrirse los documentos lo confirmó: cinco minutos

Al cóctel de aplicaciones no integradas (Fortuny, LexNet, Visor, Portafirmas) se unen los problemas técnicos de disponibilidad de los sistemas: tiempos de carga y apertura de documentos de varios minutos, servidores que no responden, errores de envío... La lentitud con la que funcionan los programas afecta también a los jueces, que usan otra plataforma diferente (Minerva) para la gestión procesal, pero comparten otros (como Visor) con los fiscales.

"Como el sistema es tan deficiente, los jueces siguen imprimiendo en papel las diligencias previas y no actualizan la versión digital, por lo que al final el expediente está incompleto. Entras y faltan cosas", explica Puente. Un perito informático contratado por el propio Ministerio de Justicia para analizar el tiempo que tardan en abrirse algunos documentos lo confirmó: cinco minutos.

"Todos tienen el mismo problema"

Lejos de frenar o replantear la implantación del proyecto de Fiscalía Digital, el ministerio ha seguido adelante. En junio lanzó el mismo plan en Badajoz y el 25 de septiembre, en Cuenca. El pasado octubre arrancaron cuatro territorios más (Burgos —Fiscalía provincial y de la CCAA—, Guadalajara, Toledo y Mérida). La planificación vigente prevé extender el sistema a 10 fiscalías más en 2017 y a las 20 restantes durante el primer semestre de 2018.

Emilio Fernández, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, explica que la situación es igual de calamitosa en Badajoz o Cuenca, y lo será en breve en el resto de territorios a los que se extienda el proyecto.

"Todos tienen el mismo problema, no he hablado con nadie que esté contento en las CCAA del territorio ministerio. Hay un defecto de base, de planificación, no es solo que los sistemas no estén integrados, es que tampoco puedes trabajar fuera de los edificios judiciales. Si quieres hacer algo desde casa, los programas no están accesibles", explica a Teknautas. "Y lo más grave es que no sabemos cuánto dinero público está costando todo esto. El ministerio se niega a dar cifras".

Preguntados por este diario por el gasto en el proyecto de Fiscalía Digital, portavoces del Ministerio de Justicia no ofrecen datos de gasto, pero sí señalan a la Fiscalía General del Estado como corresponsable de la fase de planificación.

¿Resistencia al cambio? He visto a compañeros llorar por frustración de no poder trabajar así

"El ministerio desarrolla la solución de Fiscalía Digital siguiendo las pautas dadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), que es quien en abril de 2016 indica que dicha solución debe realizarse sobre la base de la aplicación Fortuny. Se entregan portátiles ultraligeros de última generación (Microsoft Surface) que permiten a los fiscales acceder al expediente en remoto. Durante el segundo semestre de 2016, se desarrolla el proyecto con los requerimientos funcionales que aporta la FGE, que es además quien indica que el proyecto piloto se realice en Valladolid".

"¿Portátiles Surface? Se gastan unos 1.300 euros por portátil para entregar a cada juez, fiscal y letrado de la Administración de Justicia en Valladolid, unas 100 personas en total, y ni siquiera nos preguntan antes si es lo que necesitamos. Muchos expedientes aún están guardados en CD y con los Surface no se pueden ver. A mí me dieron uno y lo rechacé, no vale para nada", explica Puente. "Lo grave es que nos acusan a nosotros de resistencia al cambio. Una compañera fiscal llevaba un año quejándose de que era imposible guardar documentos con Fortuny. Empezaron diciéndole que era problema suyo, llegaron a acusarla de mala praxis. Meses después, admitieron que efectivamente era un fallo técnico".

Entre líneas, Justicia reconoce oficialmente que el problema en parte está en la actitud de los fiscales. "La transformación digital no es solo un proceso técnico de desarrollo de aplicaciones informáticas, tiene un componente fundamental de cambio cultural y esto en los usuarios de la Administración de Justicia, acostumbrados desde hace décadas a trabajar con los mismos procedimientos en papel, se nota especialmente", señala un portavoz.

"¿Resistencia al cambio? He visto a compañeros llorar por frustración de no poder trabajar así. El sistema no funciona y no quieren reconocerlo, prefieren echarnos la culpa. Ya ni nos contestan, se han cansado de nosotros", dice Puente. "No se puede continuar adelante con este proyecto, es absurdo, no sirve", coincide Emilio Fernández.

La pelota está ahora en el tejado del ministerio. El pasado 25 de octubre, el Consejo Fiscal en pleno, con el fiscal general del Estado a la cabeza, José Manuel Maza, exigió "la inmediata paralización del plan de implantación establecido por el Ministerio de Justicia", al no existir un "sistema de gestión procesal integrado para órganos judiciales y fiscales de fácil acceso, rápido y con garantía de autenticidad de las actuaciones". Y no solo eso: dada la situación de caos que se vive, exigió también que los expedientes se remitan de nuevo en papel además de en digital. Vuelta al principio.

¿Cambiará algo? Las fuentes consultadas son más bien pesimistas. "El fiscal general del Estado asumió el acuerdo del Consejo Fiscal, que fue por unanimidad, y se comprometió a trasladarlo al ministro de Justicia. Pero no creo que vaya a cambiar nada. Rafael Catalá seguirá en sus trece y José Manuel Maza carece de cualquier capacidad de influencia y de ganas de pelear, no hará absolutamente nada, le da igual", explica uno de los fiscales de Valladolid.

Mientras todo esto ocurre, los ciudadanos seguimos pagando, euro tras euro. Según Puente, esto es lo verdaderamente importante y trágico. "¿De qué les ha servido a los ciudadanos todo este proyecto de Justicia Digital? ¿En qué ha mejorado sus vidas? En nada. Todo lo contrario, somos más lentos e ineficaces. Lo estamos pagando todos, y ni siquiera sabemos cuánto nos está costando".