El Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la querellante adhesiva, Angélica Choc, viuda del profesor Adolfo Ich, presentaron el 1 de junio recursos de Apelación Especial contra la sentencia absolutoria que favoreció al teniente coronel (r) Mynor Padilla, acusado del asesinato de Ich, y contra la decisión de la jueza Ana Leticia Peña Ayala, (incluida en la sentencia) de criminalizar a los fiscales del MP, a las víctimas Angélica Choc y otros, y a unos peritos.

Un proceso con sus bemoles

La apelación de parte del MP y los querellantes adhesivos CICIG y Angélica Choc tendrá que ser trasladada por la hasta hace poco Jueza de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Izabal, Ana Leticia Peña Ayala, a la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Izabal. Peña Ayala fue trasladada a Ciudad de Guatemala en los días previos a darse a conocer el fallo, y hoy se encuentra a cargo del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Turno en Ciudad de Guatemala.

La sentencia, ahora apelada, en el proceso penal identificado con el número 18002-2009-00796, fue dictada, aunque de manera resumida, el 6 de abril de 2017. El procesado fue el teniente coronel Mynor Ronaldo Padilla González, sindicado de los delitos de homicidio, en agravio de Adolfo Ich Chaman, lesiones gravísimas en agravio de German Chub Choc y lesiones graves en agravio de Alejandro Acte Coc y Haroldo Cucul Cucul.

La absolución del militar no causó sorpresa, pero sí ratificó la impunidad prevaleciente en el sistema de justicia. Padilla González es el ex jefe de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), y sembró serias dudas en el ambiente. Indignación causó cuando la jueza “le pidió perdón” a Padilla González por el tiempo en que estuvo detenido. Y más aún, cuando “ordenó lo conducente” contra querellantes y fiscal del Ministerio Público (MP), por presuntamente haber inventado testigos falsos. A todo eso, se agrega que Padilla González siempre contó con un equipo de abogados defensores con nexos a la CGN y grupos de poder.

La sentencia completa, que según el artículo 390 del Código Procesal Penal debe leerse a más tardar dentro de los cinco días siguientes al pronunciamiento del fallo, no se dio sino hasta 19 de mayo de 2017, es decir más de un mes después de darse a conocer el fallo de la Jueza a cargo del caso.

En un comunicado emitido el 6 de abril, los abogados canadienses Klippensteins, Barristers & Solicitors, que representan a Angélica Choc en Canadá, se indica que  “en el curso de dos años el tribunal escuchó extensas pruebas sobre la participación del Sr. Padilla y el personal de seguridad de la compañía minera en el asesinato de Adolfo Ich y de dispararle a otros. Según los argumentos finales de la fiscalía, esta evidencia incluía:

• Evidencia física encontrada en la escena del crimen, demostrando que el arma de Mynor Padilla fue disparada en el lugar del crimen.

• El testimonio de ocho testigos que pusieron a Mynor Padilla en el lugar del asesinato del Sr. Ich.

• Múltiples testimonios de testigos oculares afirmando que Padilla participó en el asesinato del Sr. Ich.

• Testimonio de uno de los gerentes de seguridad en la mina que declaró que el Sr. Padilla dio la orden de disparar a los miembros de la comunidad.

• Autopsia y otras pruebas forenses que demuestran que el Sr. Ich sufrió heridas de machete en la cabeza y los brazos, y luego recibió un disparo en la cabeza a quemarropa.

• Hay información que la empresa de seguridad contratada por la empresa minera (y cuyo personal fue acusado de la violencia) no estaba autorizada para proporcionar ningún tipo de servicios de seguridad, ni para cargar armas de fuego – hechos que un abogado de la compañía minera ocultó falsificando documentos.

• Basado en esta evidencia, el fiscal argumentó durante el juicio que la muerte de Adolfo Ich no fue sólo un homicidio sino un asesinato.”

Impunidad

La resolución de la jueza Peña Ayala era prevista. El proceso judicial estuvo marcado por la suspensión de audiencias y de acciones propias del litigio malicioso que permitieron al sindicado, a sus abogados y a las empresas mineras HudBay Minerals de Canadá y a CGN, su subsidiaria en Guatemala, “utilizar maniobras de coacción, amenazas e intimidaciones contra testigos, querellantes y víctimas, para impedir que se presenten a las audiencias a declarar y exigir justicia.”, indica un comunicado de la Unidad de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).

Según ese comunicado, se recuerda que el 27 de septiembre 2009, agentes de la policía y del ejército pretendieron desalojar violenta y extrajudicialmente a la comunidad Las Nubes que posesiona las tierras deLote 16, en El Estor, Izabal. Las fuerzas de seguridad actuaron, junto con agentes de seguridad privada, bajo las órdenes del teniente coronel retirado Mynor Ronaldo Padilla González, entonces Jefe de seguridad de la empresa Hudbay/CGN. En su accionar, agredieron a hombres, mujeres y niños.

Pobladores de otras comunidades que se acercaron a la carretera próxima a las instalaciones de Hudbay/CGN fueron atacados con armas de fuego por la seguridad de la compañía, quienes hirieron a por lo menos 8 personas y asesinaron al profesor Adolfo Ich Chaman. Según el hijo de la víctima, el maestro fue impactado por armas de fuego a quema ropa y herido con machete por guardias privados y el propio Mynor Ronaldo Padilla González. Asimismo el joven German Chub Choc que también se acercaba a observar, fue herido por el ataque directo, con arma de fuego, por Mynor Padilla. Por dicho ataque, German Chub Choc quedó parapléjico.

En 2009, CGN era subsidiaria de la canadiense HudBay Minerals y a partir de 2011 pasó a serlo de la rusa Solway. Desde aquel año se dio orden de captura contra Padilla González, quien permaneció prófugo hasta su captura tres años después, en 2012. Tras su captura, el Ministerio Público (MP) extendió un comunicado fechado 26 de septiembre de 2012, que indicaba que “Agentes de la Sección de Capturas de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), detuvieron a un presunto asesino sobre la 26 avenida y 2 calle, residenciales Cañadas del Río, zona 3 de San Miguel Petapa.” Se trataba de Padilla González, capturado en una de sus residencias.

Padilla González y su historia militar

Mynor Ronaldo Padilla González proviene de la Promoción 102

. Por ahora se sabe que se cambió de nombre ya que se inscribió en la Escuela Politécnica como Jaime Rolando Padilla González, bajo el número 4502. El nombre se lo habría cambiado en 1982, uno año después de ingresar a esa institución armada. Su promoción militar pertenece al grupo de promociones de la Escuela Politécnica 99-103 (1981-1984) que se graduaron durante los años más cruentos de la guerra civil, y que se involucraron en los principales teatros de guerra en el occidente de Guatemala, donde fueron arrasadas cientos de aldeas.

Por su historial de puestos desde que se graduó en la Escuela Politécnica hasta antes previo a la firma de los Acuerdos de Paz, Padilla González mostró evidente destreza en tiro, sobre todo en el período de guerra 1984-1988, en la zonas militares de Zacapa, Chiquimula, Quiché, Puerto Barrios y Cobán, respectivamente.

La reducción del ejército y las ejecuciones extrajudiciales

Padilla González pasó a retiro en 2004, durante el gobierno de Óscar Berger, año en que se dio una marcada reducción del Ejército, a cargo del entonces Comisionado Presidencial de Defensa y Seguridad, el general retirado Otto Pérez Molina. La reducción, más allá de lo signado en los Acuerdos de Paz de 1996, debilitó la presencia militar en amplias zonas del país, según advierte el coronel Edgar Rolando Rubio Castañeda en su libro Desde el cuartel, otra visión de Guatemala. Esto le abrió espacios al narcotráfico y al crimen organizado que se posicionó en esos lugares, lo que según Rubio Castañeda contribuiría a catapultar el proyecto político de Pérez Molina como candidato presidencial y su “slogan de mano dura”, lo cual es calificado por el escritor miliar como un “golpe político-empresarial”.

Según se lee en sus páginas 293 y 294, esa reducción fue planificada por los entonces vicepresidente de la República, Eduardo Stein Barillas; el Coordinador del Plan de Gobierno, Richard Aitkenhead Castillo; y Pérez Molina.

Padilla González, junto a varios oficiales más, pasaron a retiro ese año y mucho de ellos fueron contratados en diversas instituciones del Ministerio de Gobernación, sobre todo la Policía Nacional Civil (PNC). Otros, fueron identificados de pertenecer a aparatos paramilitares dedicados a “limpieza social”, una característica que marcó al gobierno de Berger.

En su edición del 13 de noviembre de 2006, el diario elPeriódico, dio a conocer una investigación periodística al respecto. Dentro de los militares con funciones de dirección en la PNC cuando era dirigida por Erwin Sperissen, hoy condenado a cadena perpetua en Suiza, se encontraban: el capitán Guillermo Antillo Pineda Peñate y Francisco Lara Mendoza; los coroneles Hugo Rosales Martínez; Arturo Mazariegos y Mayor Manuel de Jesús Ixmay García; los capitanes Elías Molina Alvarenga, Carlos Girón García, Walter Hernández González, Marco Antonio Canté, Walter Morales, David Virula Ramírez, Oswaldo Ramos Castillo, Otto Vinicio Ríos Ralda, Manuel Molina Gutiérrez, Juan Carlos Iriarte, Francisco Sales Ortiz, Ludwin Mérida González, Manuel Barrios Menéndez, Abel Estrada, Flavio Divas Villagrán y Hermosillo Gutiérrez Chaclán; todos ellos con funciones en la Secretaría Ejecutiva y en la Inspectoría General de la PNC.

También habían sido contratados el teniente coronel Jorge Ignacio López Jiménez, coordinador de la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) y encargado de ordenar el traslado de comisarios a diferentes puntos del país; el teniente coronel Víctor Rosales Chávez, inspector general de la PNC; el teniente coronel Armando Melgar Padilla, jefe de control de armamento; José Luis López Juárez, secretario ejecutivo de Sperisen, encargado de revisar las novedades, documentación y correspondencia que ingresaba al despacho. Decidía qué documentación se archivaba y cuál no; y el capitán Héctor Rodríguez Heredia, jefe de la unidad de material móvil de la Subdirección de Apoyo de la PNC.

De todos ellos, destacan el capitán Otto Vinicio Ríos Ralda, Promoción 119, retirado en 2004, quien luego de la PNC pasó a ocupar el cargo de Sub Jefe de Seguridad y Asuntos lnternos de la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia (SAE, hoy SIE) a mediados de 2007, y ese mismo año será nombrado Coordinador de seguridad de la minera CGN, cargo que mantiene a la fecha y es uno a quienes más se les señala como responsable de la violencia contra comunitarios opositores del proyecto minero Fénix, en El Estor.

Por otro lado, habían sido contratados el coronel retirado Jorge Ignacio López Jiménez, quien fue uno de los militares desplazados de la Policía Nacional Civil (PNC) en 2007, luego que cayera la estructura de Erwin Sperisen, el entonces Director de la PNC. López Jiménez estaba a cargo de la Oficina de Responsabilidad de la Policía (ORP). Pertenece a la Promoción 103 de la Escuela Politécnica, y estuvo a cargo de la SAAS con el actual gobierno. A la misma promoción pertenece Herber Armando Melgar Padilla, quien fuera considerado el principal Asesor de Seguridad del mandatario Jimmy Morales, y hoy diputado del partido gubernamental, curul lograda de manera polémica.

En 2007, Padilla González es nombrado jefe de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria en ese entonces de la minera canadiense HudBay Minerals.

Abogados defensores y sus conexiones

Desde el principio, el teniente coronel Mynor Padilla contó con tres reconocidos abogados defensores. En una primera fase, lo defendieron Francisco José Palomo Tejada, asesinado por sicarios en junio de 2015, y con largo historial de conexiones a grupos de poder. El segundo abogado fue Frank Manuel Trujillo Aldana, actualmente procesado judicialmente por el caso Aceros de Guatemala. Y el tercer abogado, Carlos Rafael Pellecer López, es el representante legal de la minera CGN, empresa que él ayudó a inscribir en 2005, cuando el proyecto Fénix fue reactivado por el gobierno de Berger.

Posteriormente, sus abogados serían David Antonio Barrientos Arias en forma activa y en forma pasiva el abogado Carlos Rafael Pellecer López, quienes lo defendieron hasta el final. Ambos pertenecen al bufete A.D. Sosa & Soto, presidido por Rodolfo Sosa de León, consuegro del expresidente de la República, Óscar Berger.

El bufete tuvo a su cargo la constitución de las sociedade Skye Guatemala, S.A. y CGN, S.A., subsidiarias de Skye Resources, minera canadiense que reinició el proyecto Fénix y que luego vendería, en 2008, a la canadiense HudBay Minerals. En el 2010, según un comunicado del bufete canadiense Klippensteins, Barristers & Solicitors, abogados de Angélica Choc, en un esfuerzo sin precedentes para llevar ante la justicia los agravios contra el pueblo Maya-Q’eqchi’, la defensora de derechos humanos Angélica Choc, esposa de Adolfo Ich, junto a otros 12 denunciantes demandaron a la compañía HudBay Minerals y su subsidiaria local, Compañía Guatemalteca del Níquel, en Canadá.

En 2013, se dejó abierto el caso en Canadá, donde se espera la apertura a juicio en cualquier momento.

La operadora del proyecto minero sería entonces CGN. En la gerencia general se nombró al capitán e ingeniero Sergio Gabriel Monzón Ordóñez, quien además de ser un productor bananero, era mejor conocido por haber sido durante toda la década de 1990 como el gerente de relaciones intercomunitarias en la refinería petrolera de La Libertad, en el municipio del mismo nombre. En esos años, la refinería pertenecía a la petrolera Basic Resources International, la cual fue presidida en los años 80 y 90 por Manuel Ayau Cordón, fundador de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) y Rodolfo Sosa de León. En el caso de Ayau, se recuerda que en 1994 el periodista Carlos Rafael Soto (ya fallecido) lo vinculó directamente con el proyecto minero en El Estor (Inforpress, 10/11/1994).

La facilitadora en la aprobación de los estudios de impacto ambiental que CGN tenía que realizar para el nuevo proyecto, fue Roxana Sobenes entonces vice ministra de Ambiente y Recursos Naturales. Sobenes era miembro de la junta directiva de la organización Fundación para la Selva (FUNDASELVA), que en su momento servía como la imagen verde de la petrolera Basic Resources, antecesora de Perenco. FUNDASELVA fue fundada y presidida por Rodolfo Sosa de León.

Como ya se mencionó, Sosa de León y el ex presidente Óscar Berger eran consuegros. La hija de Sosa de León, Ana Cristina Sosa Prado de Berger, es la esposa de Oscar Berger Widmann, hijo mayor de Berger Perdomo e integrante del bufete Sosa, Berger & Pemueller Asociados, en 2003, cuando comenzó el proceso de reactivación del Proyecto Fénix, y en ese bufete participaba Rodolfo Sosa de León. Ese bufete se llamará luego Berger & Pemueller Asociados, luego que en 2004 Sosa de León se separar y fundara A.D. Sosa & Soto, tras el triunfo presidencial de Berger.

Rodolfo Sosa de León casó con María Cristina Ayau Prado, hija de Cristina Ayau Cordón -hermana de Manuel Ayau-, y de Fernando Prado Rossbach, un acaudalado cafetalero. Tanto Sosa de León como Ayau presidieron por muchos años la petrolera Basic Resources. Hoy, un sobrino de Ayau, Antonio Minondo Ayau es un alto directivo de la petrolera Perenco Guatemala, la cual absorbió todos los intereses de Basic Resources en 2001.

Además de Sosa de León, el bufete A.D. Sosa & Soto lo ha presidido Manuel Arturo Soto Aguirre, ex diputado del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), ex ministro de Gobernación del gobierno de Berger y embajador de Guatemala en México durante el mismo gobierno.