Recuperemos la soberanía de Colombia en defensa del agua, la vida y los territorios

FIRMA la solicitud para que el Gobierno se retire de tratados que permiten que Colombia sea demandada ante tribunales diseñados por y para favorecer a las transnacionales

Hoy necesitamos tu apoyo para que Colombia recupere su soberanía y proteja sus aguas y territorios amenazados por los tribunales de las transnacionales.

 La presente declaración es impulsada por una coalición de comunidades afectadas y organizaciones sociales nacionales e internacionales, que pedimos al gobierno de Colombia revisar integralmente y retirarse de tratados que permiten demandas de empresas multinacionales mineras como Glencore y las canadienses Eco Oro, Galway Gold y Red Eagle ante tribunales diseñados para favorecer sus intereses incompatibles con los derechos humanos y la protección del ambiente. Estas demandas o su simple amenaza pueden ir en contra de las leyes, políticas públicas y decisiones judiciales que necesitamos para enfrentar la crisis climática, salir del extractivismo y construir el camino hacia la transición energética con justicia social y ambiental.

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Conoce más:


Estas demandas multimillonarias que se pagan a las transnacionales con el dinero de todas y todos se derivan del mecanismo de Solución de Controversias Inversionista - Estado (SCIE, o ISDS, por las siglas en inglés de Investor-State Dispute Settlement), incluido en Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversiones, que permite a los inversores extranjeros demandar unilateralmente a los Estados cuando estos, legítimamente y en cumplimiento de sus obligaciones, adoptan cambios normativos, regulatorios, y políticas públicas o cuando decisiones judiciales fallan en favor de derechos de comunidades y de la protección de ecosistemas esenciales para la vida.


Según cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hasta finales del primer semestre de 2022, se registraron  12 demandas en curso y 7 más en etapa previa, por un valor estimado de 9.8 billones de pesos que tendríamos que pagar las y los colombianos por defender nuestra agua y territorios. 


Estas demandas provienen de empresas transnacionales de cinco países: EEUU, Canadá, Reino Unido, Suiza y España. La mayoría son empresas extractivas, las cuales frecuentemente utilizan este mecanismo para presionar a los gobiernos cuando adoptan  reformas en favor de sus pueblos y el mundo. Por lo tanto, urge revisar y renunciar a este mecanismo de arbitraje diseñado por y para las empresas transnacionales, especialmente si el país busca reformar su código minero, prohibir el fracking e implementar otras políticas a favor de la vida y hacer frente a la crisis climática.


Un informe del grupo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmó que las obligaciones de proteger los derechos humanos son incompatibles con estos tratados de inversión y sus tribunales, y recomendó a los Estados renegociar o salirse de dichos tratados. Por todas estas razones, varios gobiernos del sur y norte global han hecho esto justamente.


Ahora mismo hay en curso una demanda contra Colombia de la multinacional Glencore, dueña de la mina de carbón Cerrejón, que pretende obligar al Estado a pagar una millonaria indemnización debido  al  fallo de la Corte Constitucional, en favor de los derechos del pueblo wayuu. Este fallo, suspendió fundadamente la expansión de uno de los tajos de la mina de carbón a cielo abierto en La Guajira para la protección del arroyo Bruno, fuente de agua fundamental en la región. 


Otro ejemplo de este abuso de poder de las trasnacionales es el de Eco Oro, empresa canadiense que buscaba explotar oro en el  Páramo de Santurbán, y que demandó a Colombia por 736 millones de dólares pues, gracias a la movilización popular, se puso freno a dichas pretensiones que amenazaban uno de los ecosistemas más importantes del país. El tribunal de arbitraje falló en contra de Colombia bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia. Al día de hoy, sin embargo, no se conoce el monto definitivo que se tendrá que pagar. Otras dos canadienses demandaron por el mismo motivo.


Estas demandas son un chantaje a los gobiernos y debilitan los esfuerzos de las comunidades que buscan defender y proteger legítimamente  sus derechos al agua, a un ambiente sano y a la autodeterminación frente a los abusos y graves violaciones de corporaciones que permanecen en la impunidad. Por esta razón, hacemos un  llamado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la vicepresidenta, Francia Márquez, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y al Ministerio de Relaciones Exteriores a revisar los Tratados de inversión que incluyen este mecanismo y a retirarse de este sistema injusto, arbitrario y colonialista.


 Por todas las razones expuestas, solicitamos al gobierno:  


Conoce el documento  completo que dirigiremos con tu firma al Gobierno Nacional  de Colombia en este ENLACE.

¡Firma Abajo!

#NoMásTribunalesDeAbusoTransnacional 

Súmate a la lista de organizaciones que impulsa la Declaración y que asegura su entrega al gobierno próximamente en una misión internacional:

Colombia  

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