Señor Presidente Gustavo Petro

Señora Vice-Presidente Francia Márquez

Los movimientos sociales, étnicos, académicos y políticos que votamos el programa del actual gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez expresamos nuestra preocupación por la posible desconfiguración de la reforma estructural del sistema de salud, en el marco de la negociación política con los partidos de la coalición, esto es, Partido Liberal, Partido Conservador y Partido de la U, sin tener en cuenta a los movimientos sociales en salud.

 Se entiende que debe haber una negociación política durante el proceso legislativo y que es posible encontrar convergencias. En asuntos como la gobernanza del sistema, la Estrategia de Atención Primaria en Salud, la conformación de Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud-RISS-, la territorialización, la afectación de los determinantes sociales de la salud. el sistema de información integrado y transparente y la superación de la precariedad laboral en salud en vía de superar la informalidad y lograr la estabilidad, salario vital, el trabajo digno y justo, parece haber confluencias. Pero no en el núcleo que ordena todos estos procesos en un sentido de garantía de derechos interdependientes o de profundización de grandes negocios en la administración de los recursos públicos fiscales y parafiscales.

 Colombia decidió, desde la Constitución Política, asumir la seguridad social como un derecho irrenunciable. Por ello existe un sistema de seguridad social al cual pertenece toda población, y con la ley estatuaría en salud la define como derecho fundamental autónomo, por tanto, la ciudadanía no requiere afiliación alguna. Por lo anterior, debe ser la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (ADRES) la que administre estos recursos, sin intermediación financiera de ningún tipo.

 Los tres partidos de la coalición de gobierno (Liberal, Conservador y de la U) han propuesto mantener la intermediación por medio de la figura de Empresas Gestoras de Salud y Vida. Para ello aceptan el giro directo por parte de la ADRES a la red de prestadores, pero con su autorización y con la declaración explícita de cuentas a su nombre (titularidad) equivalente al valor de las Unidades de Pago por Capitación (UPC) de sus afiliados. Esto no solo privatiza de manera inconstitucional los recursos públicos, sino mantiene la intermediación financiera con ganancia y lucro con los recursos para la salud.

 La figura de gestoras podría servir para un periodo de transición, mientras la ADRES desarrolla las instancias y procesos para definir presupuestos para la red pública y nuevas formas de pago a la red de prestadores privados, con trabajo digno y decente. Y sobre este asunto, es necesario construir un régimen laboral especial en salud que garantice estabilidad y derechos ligados al trabajo, no simplemente formalización laboral.

 Tampoco es conveniente que el Estado se quede con la red de APS, mientras los privados dominan las redes de mediana y alta complejidad. Hablar de aseguramiento público y privado, es decir uno para población pobre y otro para capacidad de pago como si fueran dos sistemas, es inconstitucional y genera otra inequidad estructural inaceptable. Es el territorio el que ordena la respuesta integrada, individual y colectiva, para garantizar el derecho fundamental a la salud.

No se puede seguir proponiendo figuras que niegan los derechos fundamentales del millón doscientos mil trabajadores de la salud, como la necesidad de establecer un régimen único y universal que garantice sus derechos, incluso, negándose a darles participación en la concertación de lo que será su futuro

 Esperamos que el presidente GUSTAVO PETRO, escuche estas preocupaciones compartidas frente a la negociación política que adelanta. Y pedimos a los partidos de la coalición que acompañen el verdadero cambio estructural del sistema para avanzar cuanto antes hacia la garantía plena del derecho fundamental a la salud y la verdadera dignificación del trabajo en salud. Así mismo, alentamos a el respaldo a la reforma estructural con la movilización social, en tanto el proyecto recoja los anhelos de real cambio, soñados y propuestos por décadas por los sectores sociales que consideramos que la salud es un derecho y no un negocio, núcleo esencial del programa de gobierno “SALUD PARA LA VIDA Y NO PARA EL NEGOCIO”.