Uno de los problemas fundamentales que tenemos como país y que nos impide avanzar en las conquistas de las metas de desarrollo, no es ni la falta de recursos, ni la condición de isla, ni la relativamente joven democracia que tenemos; sino la falta de credibilidad en las autoridades, las instituciones y las cifras oficiales, agravada por la ausencia de temor a las consecuencias.
Múltiples razones justifican esta total desconfianza, la incapacidad o inmoralidad de muchas autoridades que no las hacen merecedoras de respeto, la falta de institucionalidad con que históricamente nuestros gobiernos se han manejado y la grosera manipulación y doble discurso que emplean.
Para nadie es un secreto que la aplicación de las leyes y las estadísticas oficiales se manejan con total discrecionalidad, a la mejor conveniencia de la autoridad de turno; lo que ha provocado que la población en general se sienta también con el derecho de demandar que la ley no se le aplique y que muchos no crean en las tasas de crecimiento e inflación o los porcentajes de la presión tributaria y de crecimiento del PIB.
Las mismas autoridades que aprueban las leyes son las que luego justifican su violación alegando que de cumplirse con los tantos porcentajes asignados a distintos sectores, el Gobierno se quedaría sin recursos, o escogen cuando aplicar o no una ley, según les convenga.
En vez de enfocarse en las reales amenazas que tenemos como el porcentaje cada vez más elevado de los gastos fiscales que representa el pago de intereses y amortización de la deuda de aproximadamente 190 mil millones de pesos, más que lo que destinamos a salud y educación, así como el continuo e insostenible déficit del sector público consolidado, que rondaría el 4% del PIB al sumársele al 2.4% previsto para el 2015 el cuasifiscal; las autoridades prefieren desviar la atención sobre la “baja” presión tributaria y el gasto tributario.
Sin darse cuenta de que dicha presión no aumentará mientras no detengamos la creciente informalidad y se escuden en el monto del gasto tributario, intentando satanizar incentivos a sectores productivos, aunque cuando se examina su desglose fuerza concluir que el problema no son dichos incentivos.
Mientras las pérdidas de las distribuidoras siguen prácticamente sin mejoría a pesar de las metas establecidas en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, de los US$897 millones previstos para proyectos de inversión en el presupuesto 2015, el sector eléctrico se llevará un 86% incluyendo US$650 millones para las plantas de carbón más US$890 millones en subsidio, monto que se sabe no alcanzaría a menos que se decida un aumento de la tarifa. Por eso hasta que no se resuelva el déficit del sector eléctrico no podremos resolver nuestros problemas fiscales estructurales.
Por esto el presupuesto de 2015 a pesar de los esfuerzos en presentar una mayor disciplina fiscal es un ejercicio más de aquello que George Orwell inmortalizó como “double talk”, ya que parte de cifras cuestionadas y de decisiones discrecionales; trampa en la que nuestro país ha caído y nos impide realizar los cambios estructurales que requerimos porque de alguna manera nos han acomodado a una verdad a medias que tarde o temprano tendrá sus consecuencias.
