El presidente de la Generalitat valenciana no recibe más que buenas noticias. Si hace dos semanas, después de conocer que el Supremo había confirmado que cometió un delito de cohecho impropio al aceptar trajes de la trama corrupta de la Gürtel, el presidente de la Generalitat aseguró estar 'feliz', 'más feliz que ayer, más feliz', hoy debe estar, como poco, pletórico.

El cerco se estrecha sobre la Generalitat de Valencia y los focos iluminan, aún más si cabe, a Francisco Camps, por los indicios que apuntan a la presunta financiación de los conservadores en la comunidad y a la aceptación de regalos por parte de la trama corrupta de la Gürtel a cambio de la concesión de contratos. No son los únicos presuntos delitos.

El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  Antonio Pedreira, ha hallado hasta siete indicios de delito en la actuación de varios dirigentes del PP valenciano. Concretamente señala al vicepresidente primero del Gobierno, Vicente Rambla, al ex secretario general y diputado autonómico, Ricardo Costa, al vicesecretario general, David Serra, y a la tesorera del partido en Valencia, Yolanda García Santos.

El cochecho impropio del que se acusaba a Camps pasa a ser cohecho propio

Pedreira remite la investigación al TSJCV ante la presunción de que el Gobierno valenciano podría haber incurrido hasta en siete delitos que afectan a altos cargos del ejecutivo de Camps: financiación ilegal, cohecho propio (se eleva la gravedad desde el impropio), contra la hacienda pública, asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y prevaricación.

El juez se basa para sus conclusiones en el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP de Camps, que ocultó al fisco hasta 2,5 millones de euros en 2007. El PP montó en cólera tras conocer la existencia de estos nuevos datos. Los conservadores anunciaron una querella contra el autor del informe y reiteraron que sus cuentas están auditadas por los tribunales de cuentas valenciano y estatal.

El vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, uno de los dirigentes hacia los que apunta Pedreira, ha expresado su 'tranquilidad' y 'seguridad' por una 'gestión absolutamente honesta' en la Comunidad que está, sostiene, 'acreditada a lo largo de los años'. 

'Yo me pago mis trajes', aseguró Camps el 10 de marzo de 2008 

Durante los últimos meses Francisco Camps se ha declarado, entre otras muchísimas cosas, 'absolutamente inocente' pese a ser acusado de recibir pagos en especie, como trajes de firmas de lujo, por parte de los dirigentes de la trama a cambio de contratos de la administración pública. 'Yo me pago mis trajes', aseguró el 10 de marzo de 2008.

Por eso no sorprende su reacción tras conocer este miércoles las acusaciones. Camps ha asegurado en Cheste (Valencia) que todo es 'un montaje de una terrible falsedad, que acabará en nada' porque 'no hay absolutamente nada'.

Pedreira ha remitido al TSJ de la Comunidad Valenciana la parte de la investigación sobre supuestos delitos electorales que afectan al PP valenciano ante 'la hipotética posibilidad de que haya conexión entre los delitos de Valencia y los delitos del TSJ de Madrid' y para evitar la prescripción de los delitos electorales que apuntan los últimos informes de la Agencia Tributaria, de la UDEF y de la Fiscalía.

El magistrado de Madrid ha tomado esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de abril al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) reabrir la investigación contra Camps y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel.

Pedreira tenía en su poder el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP de Camps.

El auto por el que el Supremo reabría la causa contra Camps por los trajes era rotundo: 'Los regalos de las prendas de vestir aparentemente se hicieron de forma repetida, con aparente opacidad y sin que en este momento conste otra justificación que la atención a la función pública desempeñada por sus perceptores'.

Dictada de modo unánime por la Sala de lo Penal del Supremo, la sentencia desbarata uno por uno los argumentos del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), que en agosto de 2009 cerró el caso en falso gracias al voto de su presidente y juez amigo de Camps, Juan Luis de la Rúa. Para avalar su decisión, el TSJCV invocó distintas sentencias previas del Supremo. 'Ninguna de ellas sirve de verdadero sustento a la decisión de instancia', recriminaba el alto tribunal, que deja así en pésimo lugar la pericia jurídica del TSJCV y de su presidente.

1. Cohecho

Las irregularidades detectadas en la contratación de Orange Market llevan al juez a concluir que 'el delito de cohecho que se investigaba' podría 'no ser, en algunos casos' el de cohecho impropio, que castiga la mera recepción de regalos, sino 'el tipificado en los artículos 425, 419 o 420'. Y en esa panoplia figura el soborno con mayúsculas, el que comete quien adopta una decisión, justa o injusta, a cambio de cobrar. No puede descartarse, dice el auto, la conexión con el hecho de que Camps dirigía el PP.

2. Delito electoral

El auto vincula el delito electoral al pago de los servicios prestados por Orange Market al PP valenciano en las campañas para las autonómicas y locales de mayo de 2007. Una parte 'se habría abonado de forma opaca en efectivo' y otra, 'al menos 345.200 euros', habría sido satisfecha 'por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market'. 'Se infiere -dice el auto- que estos pagos no habrán sido reflejados en las cuentas' del PP valenciano. Y ello 'podría ser constitutivo del delito electoral' tipificado en la ley, que sanciona el falseamiento de las cuentas electorales. El PP valenciano habría ocultado pagos por 2,5 millones.

3. Delito fiscal

Conectado con el delito electoral aparece el fiscal. Orange Market habría incurrido en delito contra la Hacienda Pública 'al omitir en las respectivas declaraciones [de IVA e impuesto de Sociedades] los ingresos recibidos de forma opaca'. Asimismo, también habrían cometido ese delito los responsables de la red en los que, como ocurre en los casos de Álvaro Pérez o Francisco Correa, acabó revirtiendo parte de los ingresos opacos. Al no incluirlos en sus declaraciones de IRPF, defraudaron al fisco.

4. Falsedad documental

Penado con hasta seis años de cárcel, este delito 'vendría determinado por la elaboración de facturas que reflejarían servicios inexistentes entre Orange Market' y las empresas que financiaron al PP. El auto cita aquí a Facsa, Pavimientos del Sureste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y Piaf. Las facturas emitidas por Orange Market contra estas cinco sociedades 'tendrían por objeto ocultar los pagos realizados por estas mercantiles por cuenta del PP' valenciano. En 2008, se repiten los pagos y se incorporan otras tres empresas a la lista pagadora: el grupo Sedesa, Enrique Ortiz e Hijos y Lubasa.

5. Prevaricación

Consistente en adoptar una resolución injusta a sabiendas de que lo es, lo habrían perpetrado quienes otorgaron a Orange Market contratos de la Generalitat de forma ilegal (por ejemplo, fraccionándolos). El auto destaca los adjudicados para Fitur, 'tanto por su precio como por la gravedad de las irregularidades cometidas'.

6. Blanqueo

El auto se limita a mencionar que delitos como el de falsedad o el fiscal son los antecedentes del blanqueo. Ese delito se atribuye ya en el sumario de Madrid a las empresas de la trama.

7. Asociación ilícita

Tampoco aquí entra el auto en detalles ni explica quiénes lo habrían cometido. Es el delito inherente a quienes crean una red para delinquir.  

1. Los políticos

Como presuntos artífices del delito electoral, el auto señala al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y a la administradora general del PP valenciano en las elecciones autonómicas de 2007, Cristina Ibáñez. Como cooperadores señala al vicepresidente Vicente Rambla; al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y al vicesecretario general, David Serra. En el delito de falsedad, Rambla, Costa y Serra aparecen como cooperadores junto con la tesorera del PP valenciano, Yolanda García. Por cohecho, el auto apunta al ex director de Canal Nou, Pedro García; al ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret; a Costa de nuevo y, de manera más sutil, al propio Camps. Betoret figura, asimismo, vinculado a un posible delito de prevaricación. El auto subraya que buena parte de los delitos son conexos, es decir, que están ligados unos a otros. Por tanto, la imputación de delitos podría modificarse o ampliarse.

2. Los empresarios

El auto de Pedreira señala como cooperadores en el delito electoral a 'los gestores efectivos' de las cinco sociedades que pagaron a Orange Market facturas que, en realidad, se correspondían con gastos del PP durante las campañas para las municipales y autonómicas de 2007. Las cinco son: Facsa, Pavimentos del Sureste SA, Grupo Vallalba SL, Constructora Hormigones Martínez SA y Piaf SL. Asimismo, serían autores directos de un delito de falsedad en documento mercantil por haber aceptado facturas falsas en 2007. En 2008, serían autores de ese delito los gestores de Facsa (el auto menciona a su propietario, Enrique Gimeno), Piaf, Lubasa, Sedesa y el empresario Enrique Ortiz, 'quien figura entregando 100.000 euros en pago de la deuda del PP' valenciano.

3. El grupo de Correa

El delito electoral, subraya el auto, no habría podido cometerse sin el concurso de Francisco Correa y sus hombres de confianza: Álvaro Pérez, ‘El Bigotes', y Cándido Herrero, director general y contable de Orange Market, respectivamente; Pablo Crespo, número dos de la red; y José Luis Izquierdo, contable de la trama. El juez señala a los miembros de la red corrupta como autores de un delito fiscal. Si se amplía la investigación por soborno, Álvaro Pérez puede ser imputado por ese delito.