El severo choque económico desatado por las medidas sanitarias para enfrentar el coronavirus en Colombia ha impactado múltiples áreas.
Una de ellas es la correspondiente a las políticas de lucha contra la pobreza. Han sido los distintos programas de transferencias monetarias -como Familias en Acción y Jóvenes en Acción, entre otros- los vehículos escogidos por el Gobierno Nacional para distribuir ayudas a varios millones de colombianos pobres en todo el territorio nacional.
Precisamente hace 20 años y como consecuencia de otra crisis económica, la de fines del siglo XX, el Estado arrancó la implementación de estas iniciativas de subsidios condicionados a la alimentación, la asistencia escolar y el cuidado de la salud de los hogares en extrema pobreza.
Una de las claves para su crecimiento y su sostenibilidad era la cuidadosa focalización en la selección de sus beneficiarios. Sobre estos programas, el Gobierno construyó su respuesta inicial al golpe en materia social y le añadió la devolución del IVA y el ingreso solidario.
Este flujo de recursos, de alrededor de tres billones de pesos repartidos por todos estos canales, mitigó en parte la brutal caída de ingresos en los hogares más vulnerables generada por la cuarentena, como lo reportan recientes estudios de consumo como el de la firma Raddar.
No era para menos que el Gobierno optara por una política social para enfrentar la pandemia basada en las transferencias monetarias. Las proyecciones socioeconómicas para este año son las más alarmantes desde la crisis de 1999, en especial en materia de crecimiento del desempleo y deterioro de los ingresos.
De hecho, el impacto de la crisis de la covid-19 es tan intenso que, de acuerdo a varios estudios, los avances en la reducción de la pobreza de las últimas dos décadas, unos 7 millones de compatriotas entre 2002 y 2017, están hoy en riesgo.
Al menos dos discusiones sobre las políticas de lucha antipobreza se han desatado a raíz de la pandemia. La primera invita a la unificación de todos los distintos vehículos de transferencias monetarias a los más pobres, mientras que la segunda gira en torno a la implementación de la llamada renta básica universal, un ingreso sin condiciones que recibirían todos los ciudadanos.
Con respecto a esta última, un bloque de 54 senadores invitaron al Ejecutivo a adoptar esta medida con un salario mínimo por tres meses para 9 millones de hogares. El costo total de la propuesta parlamentaria ascendería a 24 billones de pesos, es decir, el 2,3 por ciento del PIB.
Más allá de su uso para anotar logros políticos, una iniciativa de esta naturaleza es hoy muy costosa para las finanzas públicas. Un reporte del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana calcula en 424 billones de pesos -40 por ciento del PIB- el pago por un año de un salario mínimo a 36 millones de mayores de edad colombianos. Esto es prohibitivo para una economía como la colombiana.
No obstante, el mismo informe delinea otras alternativas, mucho más baratas y mejor focalizadas, que lograrían mitigar la pobreza extrema en millones de hogares colombianos.
La idea sería encontrar la combinación más accesible de un monto que no dejaría caer a los hogares en la extrema pobreza, que no desestimule la búsqueda de trabajo y que llegue a los que realmente lo necesitan.
Los avances del aparato del Estado colombiano para proteger los ingresos de los más vulnerables, esto es de la política social, han transitado un camino donde cada vez hay más universalidad, dentro de un marco de sostenibilidad.
La discusión no debe centrarse en aprobar una medida temporal, anclada en la crisis de la pandemia, sino en provocar el debate nacional sobre los objetivos de las políticas futuras en la lucha contra la pobreza.
