Nuevo gobierno y “choque” con la realidad

La inauguración del gobierno de López Obrador se presenta como súbito “choque” con la realidad y los contrapesos institucionales que enmarcan los balances de poder. No obstante, tener las “riendas” del país –como dijo al llegar a Palacio Nacional–, el Presidente ha podido constatar que su promesa de Cuarta Transformación necesitará más que voluntad y carisma, incluso de las cómodas mayorías de Morena en el Congreso, para dar resultados y respuestas a las expectativas de cambio de su proyecto de nación.

La fuerza con que llegó topó con dos barreras de contención a promesas centrales de su campaña, como el plan de austeridad o la remodelación del gobierno para atacar problemas como la acuciante espiral de inseguridad. Las mayorías que configuraron las urnas se mantienen alineadas y su fuerza en el Congreso permite sacar sus iniciativas, pero los muros con que se encontró esta semana también hacen saber que será difícil gobernar cuasi por decreto o con iniciativas desfasadas y con inconsistencias legales. Y que para vencer resistencias y responder a la demanda de cambio requerirá de negociación, pacto e intercambio de propuestas como prácticas que se han venido imponiendo en la vida política del país a pesar de abusos y excesos de la partidocracia.

El freno de la Corte a la Ley Federal de Remuneraciones para fijar salarios de los servidores públicos y el dique de la CONAGO a la intervención de los “superdelegados” en seguridad pública en los estados son dos llamadas de atención a la obligación de que el cambio transite por la trama de las instituciones. A pesar de la precariedad de los contrapesos políticos, las posiciones de defensa del federalismo de gobernadores y el control de legalidad del máximo Tribunal se presentan como mecanismos que eviten el desboque o que la transformación derive en desinstitucionalización.

Respecto al revés de la Corte, tiene el efecto de sujeción para moderar las acciones tanto del Congreso como del Ejecutivo en asuntos jurídicos delicados como la reglamentación de la disposición constitucional del tope salarial de los servidores públicos por debajo de la remuneración del Presidente.  La Ley de Remuneraciones, como advirtió la oposición en el Congreso, salió con desajustes de una regulación elaborada hace 7 años y con posibles inconsistencias constitucionales por abrir reformas a derechos laborales existentes. Las irregularidades del proceso parlamentario, paradójicamente, detienen el plan de austeridad aun cuando la oposición estuvo a favor de la ley y de cerrar la brecha de salarios excesivos de la alta burocracia.

La suspensión de la Corte, no obstante, ocurre tras un fuerte rechazo al plan de austeridad particularmente entre el Poder Judicial y en medio del nombramiento de un nuevo ministro de una terna que el Presidente envió al Congreso y en la que figuran dos propuestas muy cuestionadas por su cercanía al Ejecutivo y a Morena. La renovación en la Corte, que en su sexenio incluirá a tres ministros, será el próximo reto para conocer el papel de las instituciones en el cambio que propone el nuevo gobierno y si cederá como los anteriores a buscar designaciones a modo que eviten frenos o muros al avance de sus programas.