Cuestión Pública recabó en las resoluciones asociadas al presupuesto de la emergencia, publicadas por el Ministerio de Hacienda y encontró que se han realizado 14 traslados, a través de siete resoluciones, por una suma de $2.4 billones al Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República de Colombia (UNGRD). El primer traslado que encontramos fue el 10 de marzo y el más reciente fue el 19 de junio. Y, en una posterior etapa de la ejecución de los recursos, se encontró que solo hay pagados $0.6 billones de pesos. 

Es decir que, de cada 10 pesos que ha dispuesto el Gobierno para atender la salud en la pandemia, se ha ejecutado menos de un peso. De paso, la situación actual es una alarma diaria: hay más de 165 mil personas contagiadas y 5.814 fallecidos por Coronavirus. La ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) está cercana al límite. Por ejemplo, en Bogotá la ocupación es del 90%, en Medellín del 83% y en Cali del 95%. 

Además se encontró que 1.5 billones de pesos, el grueso de los dineros para la salud ya trasladados por parte del Gobierno, tuvieron esta ruta: salieron del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), por orden del Ministerio de Hacienda hacia la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República de Colombia (UNGRD). Y, en vez de operar el recurso directamente, esa entidad se los pasó a la Fiduprevisora para su administración y ejecución. 

Etapa 1: la transferencia del recurso

La ejecución de los recursos en salud se da en dos etapas, de acuerdo con la información pública contenida en el portal web del Ministerio de Hacienda y en su Portal de Transparencia Económica. 

En la primera etapa, los recursos para la salud son trasladados mediante una resolución del Minhacienda y las ‘bolsas’ de la que salen los dineros son tres: 1) el FOME, 2) fondos de programas internacionales: la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y el Protocolo de Enmienda al Tratado de Cooperación Amazónica, y 3) “otras transferencias”. 

El pasado 21 de marzo, el Gobierno Nacional creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para centralizar los recursos necesarios para atender la pandemia. Este fondo cuenta con $25 billones administrados de manera independiente por el Minhacienda. Aunque para la ejecución de ese dinero los procesos de contratación se rigen mediante las normas del derecho privado, según consta en el decreto 444 que creó el FOME. Es decir, se puede contratar de manera directa con el objetivo de cumplir los afanes que demanda la coyuntura. 

Por razones como esa, incluidas en los decretos, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría abrieron un capítulo de vigilancia llamado Transparencia para la Emergencia, el pasado 3 de abril. “Es importante recordar que todos los entes del Estado tienen la obligación de suministrar a los organismos de control, la información que se requiera para cumplir con la labor de vigilancia. El incumplimiento de esta disposición constitucional, dará inicio a la aplicación de medidas cautelares y la imposición de sanciones en el ámbito, disciplinario, fiscal y penal”, citaron en el comunicado oficial de la Procuraduría. 

El resumen de los traslados se presenta en el siguiente cuadro: 

Desde el FOME se han trasladado $1 billón 928 mil millones, suma que corresponde al 23% de los $8.2 billones que el Gobierno prometió para paliar las dificultades y necesidades del sector salud. Pero hasta aquí se trata solo de un traslado de recursos.

Cuestión Pública supo del traslado de ese billón 928 mil millones de pesos mediante las resoluciones 994, 1002, 1074 y 1268. 

Los demás traslados de recursos, es decir los $467.950 millones restantes, se realizaron mediante otras transferencias con previo concepto, es decir el visto bueno de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional (DGPPN) y los otros dos fondos de programas internacionales, según las resoluciones publicadas por Hacienda. 

Si bien el Ministerio de Salud es la entidad pública que concentra más liderazgo durante la pandemia por tratarse de un tema sanitario, resultó ser la segunda entidad en orden de montos transferidos después de la UNGRD.

Etapa 2: la ejecución del dinero

En este paso los recursos son ejecutados directamente por el Ministerio de Salud, el INS o la UNGRD. En el portal de Transparencia de Hacienda hay una sección en la que se exponen los contratos adjudicados para atender la pandemia y ejecutar los recursos transferidos, entre esos, los recursos que salen del FOME. 

Cuestión Pública revisó estas adjudicaciones y encontró que, en total, se adquirieron 5.820 «compromisos», una figura similar a contrataciones. “El portal de Transparencia Económica [del Ministerio de Hacienda] tiene un alcance limitado en el detalle de la información que se puede encontrar en materia de contratación y por tanto se esperaría que el Secop sí pudiera cumplir esa función; habrían unos requisitos incumplidos y sería necesario que esa publicación de esos contratos se haga y que por lo tanto a partir de esto se pueda hacer un trabajo mucho más detallado de seguimiento de la ejecución de los recursos”, dijo Andrés Hernández de Transparencia por Colombia. 

En el siguiente cuadro se resumen los contratos realizados por las entidades encargadas de la atención en salud:

Estos compromisos suman $1.7 billones de pesos. De esa cifra comprometida se sabe que han pagado tan solo $0,6 billones, de acuerdo con la información pública disponible. También implica que los $1.1 billones restantes habrían sido contratados pero no pagados y no se saben las razones que llevarían a justificarlo, porque no hay minucias públicas en estas maniobras administrativas.

Es decir que el Gobierno tan solo ha pagado $0,6 billones de pesos de los $8.2 billones prometidos, lo que corresponde a un 7% de esos recursos. Esta afirmación está basada en la información pública del Ministerio de Hacienda, entidad a la que consultamos pero al cierre de esta edición no llegó la información, pese a que hace más de 24 horas prometieron responder.

Aunque en el portal de Transparencia Económica de Hacienda, en la sección “Compromisos ejecutados por sector a la fecha”, comunica a través de un gráfico que “Salud y protección social” están al 93%.

Compromisos de un billón y medio

En la etapa 1 este medio explicó que la UNGRD recibió un traslado de dineros del FOME por $1.5 billones. Allí se encontró que se ha ejecutado casi todo su presupuesto en dos compromisos, ambos con la Fiduprevisora, una fiduciaria que cuenta con el sello del Ministerio de Hacienda, pero funciona como una “entidad de servicios financieros, constituida como sociedad anónima, sujetas a la inspección y a la vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia”, según dicen en su página web. 

“Este es un mecanismo que no es eficiente, el manejo que le han dado a los recursos de la salud de las cárceles y del Fomag, fondo de salud de los maestros, se ha demostrado que si no sirven en condiciones normales para ejecutar, pues menos van a servir en una situación de estas que es supremamente delicada”, dijo el senador Juan Luis Castro. 

Hace dos días enviamos un correo electrónico de consulta a la Fiduprevisora, pero al cierre tampoco llegó respuesta. Se incluirá en este artículo tan pronto sea recibida.

Mientras tanto, en el portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda los contratos y/o “compromisos” tienen la dificultad de no especificar el gasto de los recursos, pues los objetos de ambos son genéricos:

Contrato No 1 con No. de compromiso 12320 y valor de $840.648.247.141

Contrato No2 con No. de compromiso 5820 y valor de $410.352.000.000 

Consultados por este medio, el equipo de Transparencia por Colombia, una iniciativa de carácter civil que proviene de Transparency International, buscó sin éxito estos contratos en el sistema de contratación pública Secop y concluyó que: “Sí hay un déficit considerable de transparencia, en particular por la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGDR), porque tienen la obligación de publicar este tipo de contratos en el Secop”, dijo Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. 

En la pasada declaración del 22 de marzo, el presidente Iván Duque, en compañía del ministro de Salud, omitió en su anuncio contar que el grueso de los dineros iba a terminar manejado por un tercero como la Fiduprevisora.

“Es que si les están entregando recursos a otras entidades que funcionan con esa estructura como la Fiduprevisora pues abre la puerta para evadir la responsabilidad y la vigilancia. Si los recursos hubieran sido girados al Ministerio de Salud se le quitan talanqueras, eso lo único que crean son obstrucciones ”, agregó el senador Castro. 

Hernández, de Transparencia por Colombia, remarcó: “Lo que identificamos también es que la Fiduprevisora, a pesar de que tenga un régimen excepcional, tiene la obligación de publicar en Secop el uso que le da a recursos públicos”. 

Con cargo al FOME también han realizado entregas de ventiladores y equipamiento médico en Bogotá, Cali, Medellín y Montería, según las declaraciones oficiales de la Presidencia de la República. Sin embargo, este medio advierte que no ha sido posible verificar si es con cargo a los recursos de MinSalud, el INS, la UNGRD o de otra entidad. 

“Los recursos para atender la pandemia son tardíos e insuficientes teniendo en cuenta las necesidades de la población. Tan solo medias como el Ingreso Solidario alcanza a cubrir el 23,3% del ingreso mensual de los llamados ‘cuenta propia’ y el 10,9% del ingreso promedio de los asalariados del país, lo cual difícilmente alcanza a cubrir las necesidades básicas de las personas y sus familias”, dijo Sneyder Rivera de Cedetrabajo.

Entre tanto, en los hospitales los pacientes y profesionales de la salud esperan la ayuda prometida del Gobierno, casi un milagro.