En un artículo publicado en el periódico El Universal, el ex procurador General de la República destacó que la fracción parlamentaria de Morena en el congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa “legal” sobre arrendamiento inmobiliario; la propuesta señala que si el contrato no puede ser exhibido físicamente por el arrendador, este no podrá demandar el pago de las rentas vencidas y menos exigir el desalojo al inquilino moroso e incumplido.
Saúl Galarza | Hogaresnoticia.com | 10 julio 2020
Ciudad de México.- El notario Ignacio Morales Lechuga advirtió de una nueva y atropellada iniciativa “legal” sobre arrendamiento inmobiliario, que fue presentada por la fracción parlamentaria de Morena en el congreso de la Ciudad de México.
En un artículo publicado en el periódico El Universal, el también ex procurador General de la República destacó que esta nueva amenaza confiscatoria la entienden como un paliativo ante el desastre económico por el Covid-19, el estancamiento productivo que azota al país y la creciente pérdida de empleos.
“La propuesta señala que si el contrato no puede ser exhibido físicamente por el arrendador, este no podrá demandar el pago de las rentas vencidas y menos exigir el desalojo al inquilino moroso e incumplido. Prohíbe, asimismo, que se pida fianza como garantía colateral para un arrendamiento o que se investigue y garantice con bienes inmuebles por parte del inquilino o de su fiador.”
Desde su punto de vista, una iniciativa de esta naturaleza atenta contra la libertad contractual y las reglas de equidad que rigen los contratos, “es una reforma intervencionista del más irresponsable y burdo estatismo que ubica al inquilino como menor de edad incapaz, un sujeto sin albedrío ni voluntad, colocado ante un arrendador sinvergüenza y abusivo”.
La reforma de ser aprobada, desalentará la inversión inmobiliaria, generará incertidumbre jurídica en la población temerosa de no poder reivindicar su propiedad a manos de aprovechados y abusivos, y golpeará aún más al sector de la construcción que, desde agosto de 2018 ha sido golpeada constantemente, indica el notario.
En la opinión del experto
La nueva iniciativa de la 4T en la CDMX, expone Morales Lechuga, fortalece el torrente de agresiones antijurídicas del que también forma parte la iniciativa (julio 2019) para extinguir el dominio de los bienes inmuebles en los que ocurriera quebrantamiento de sellos de clausura, aún con el desconocimiento del legítimo propietario.
Al igual que las precedentes, acota, la nueva amenaza atenta directamente contra el legítimo propietario inmobiliario y excluye cualquier forma de sanción contra un arrendatario incumplido o invasor urbano.
Morales Lechuga hace énfasis en que la iniciativa está hecha para permitir acciones confiscatorias contra los propietarios inmobiliarios sopretexto, explica, de que obtienen beneficios excesivos de la pandemia.
En una entrevista posterior, con el periodista Joaquín López-Dóriga, el notario explicó que se trata de una “reforma, en principio, totalmente innecesaria”.
“No es la primera vez que se agrade a la propiedad privada en la Ciudad de México. Recordemos que el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, paradójicamente llamada así, daba un derecho a invadir y donde el propietario no podía, inclusive desalojar su propiedad, sin que previamente se encargara de localiza a dónde ubicar al invasor, pagarle los gastos de mudanza, pagarle los daños que la mudanza originara, e incluso también, una terapia sicológica por el efecto que el desalojo pudiera provocar en el invasor o en su familia”, apuntó
El artículo 60 de la ley de derechos humanos que protegía a los invasores fue revertido con la intervención de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. “Se legisló nuevamente y hoy con una acción de inconstitucionalidad todavía está la Suprema Corte de Justicia en acción de inconstitucionalidad impuesto o interpuesto por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México”.
Morales Lechuga subrayó que daría la impresión de que “no reconocen en la propiedad un derecho humano”, cuando este ha sido reconocido por todos los organismos e inclusive por la Organización de las Naciones Unidas. “Y esta reforma no beneficia ni al propietario, ni al arrendatario”, puntualizó.
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