Como el grueso de los problemas de política pública, este no es un tema de una solución única ni sencilla. Lo primero es reconocer que el país ha logrado avances muy importantes, tanto en cobertura como en calidad. Hoy, el 51 por ciento de quienes terminan el bachillerato accederán a algún tipo de educación superior en los siguientes cinco años. Ya tenemos 73 instituciones acreditadas como de alta calidad y 1.258 programas de pregrado. Solo sostener lo alcanzado será difícil, y es claro que tenemos que seguir buscando mayores coberturas y mejor calidad, así que el reto es enorme.
En este marco, el programa Ser Pilo Paga es uno de los elementos de discusión. En un trabajo que realizamos para Ascún, logramos identificar un consenso entre universidades públicas y privadas sobre la necesidad de ajustarlo y generar mecanismos más efectivos para garantizar la competencia, la equidad y el acceso de jóvenes de hogares con bajos ingresos, pero excelente desempeño académico, a programas de buena calidad. Además, existen programas de apoyo de algunas entidades territoriales que han realizado esfuerzos en este sentido. Conozco los de la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá, que fue implementado por la actual Ministra de Educación.
Algunas ideas que podrían contribuir a un mejor esquema de incentivos a estudiantes de logros académicos sobresalientes y bajos ingresos: primero, establecer un monto de pago de la matrícula estándar por tipo de programa; por ejemplo, la ingenierías podrían tener un valor de 8 millones de pesos y medicina 10 millones. Si una universidad cobra más, deberá contribuir con la diferencia, vía becas, que hoy existen, y mecanismos de financiamiento subsidiado, que también hoy existen. Si la matricula vale menos, la diferencia irá como complemento al sostenimiento del estudiante. Así tendríamos un esquema más competitivo, en el cual las universidades harán esfuerzos por atraer buenos estudiantes con un financiamiento asegurado, pero no valores distintos si se trata de una universidad pública o privada.
El segundo tema es la posibilidad –ya existente en las normas–, de una contribución por parte del futuro profesional, en los primeros años de su vida laboral, del 10 por ciento de su ingreso, cuando tenga trabajo, para un fondo que permita a nuevos cohortes de estudiantes contar con fondos de subsidio a su matrícula, administrado por las universidades con dicho propósito.
El tercer aspecto es mantener en el Icetex, líneas especiales de condonación para estudiantes de bajos recursos y rendimiento meritorio. Fui beneficiario de créditos de esta entidad y, en mi caso, el apoyo fue vital y lo pude pagar cuando empecé a trabajar.
De esta forma, se podría generar un esquema flexible en el cual varias instancias aportaran: el Gobierno Nacional, algunas entidades territoriales, las universidades, los hogares de los estudiantes y los futuros profesionales.
César Caballero Reinoso
Director de Cifras y Conceptos
ccaballero@cifrasyconceptos.com
