Un crédito para la gratuidad
La ley de educación superior tiene un problema que requiere solución urgente: la gratuidad parcial, hace indispensable un sistema de crédito que complemente el financiamiento a quienes lo necesitan.
Hoy la gratuidad cubre hasta el sexto decil de alumnos en instituciones de educación superior (IES) elegibles. Quedan fuera los de deciles superiores y todos quienes necesitando financiamiento acuden a instituciones no adscritas. Para ellos hay varios créditos, incluyendo el CAE, próximo a ser eliminado. El punto es por qué lo vamos a cambiar.
El gobierno presentó un proyecto con varias ventajas pero que parece inviable políticamente, pues genera un sesgo financiero a favor de las IES que no están en gratuidad. Ello obedece a que por iguales estudiantes, el aporte estatal puede ser hasta 45% superior al de una entidad en gratuidad, lo que incentiva a IES adscritas a abandonar el sistema ante el riesgo de desfinanciarse o decaer en calidad. Eso, con el agravante de que las estatales están obligadas a permanecer.
Las ventajas del proyecto, que se hace eco de la demanda de terminar con el CAE, son que mantiene el pago contingente al 10% del ingreso, permite a quienes se endeudaron antes de 2012 acceder a las nuevas condiciones y da flexibilidad a las IES fuera de gratuidad para recibir ingresos mayores a los de la regulación arancelaria, a cambio de avalar la brecha no pagada por los estudiantes. Esto último es clave, pues da flexibilidad a las IES para adecuar sus ingresos a sus costos, lo que con un ingreso fijado por el Estado a través del arancel regulado, que es previsible hoy será insuficiente, las expone a no financiarse.
Si no se cambian inicialmente las condiciones que llevan a una mala fijación de aranceles, eliminar el sesgo financiero del proyecto y evitar su impacto en calidad, requiere optar por dos caminos: i) terminar con la opción que tendrían aquellas fuera de gratuidad de recibir ingresos por sobre el arancel regulado (que es el tope de las que están en gratuidad) o, ii) permitir a las IES en gratuidad acceder a esa misma opción.
Las desventajas de lo primero están claras. La segunda opción se alcanzaría si el aporte estatal que reciben las IES en gratuidad se hiciera análogo al del proyecto del nuevo crédito, o sea, si pudieran recibir ingresos sobre el arancel regulado y ellas avalar la brecha, como aquellas fuera de gratuidad. En el caso de estas últimas, se espera que el pago del crédito provenga de los estudiantes.
Hacer análogo el sistema para las IES en gratuidad, requeriría que el Estado financie la diferencia que el alumno habría sido capaz de pagar o bien que el mismo estudiante lo haga.
El punto es que alguien debe pagar para eliminar el sesgo sin deteriorar la calidad. Si el alumno genera los ingresos que cubran el financiamiento del Estado, su aporte aparece justificado.
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