Opinión

El ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) es un gran paso en la dirección equivocada, o al menos resulta prematura por el grado de desarrollo de la economía y el país en comparación con sus socios. En otras palabras, ingresar a un club de ricos siendo pobres resulta insostenible y en condiciones desiguales respecto a sus pares.

Como bien lo expresa Groucho Marx y aplica para este caso: “yo no quisiera pertenecer a un club que me tuviera como su miembro”. Las condiciones económicas y sociales del país son aún precarias en comparación con las naciones líderes de este organismo. Mientras en 2017 esta organización tuvo un producto interno per cápita de casi $39.000 dólares, el de Colombia, en el mejor de los casos, corresponde a un tercio de este valor.

Es más, José Antonio Ocampo, exdirector de la Cepal y profesor de la Universidad de Columbia, muestra en dos artículos “Los términos de intercambio de los productos básicos en el siglo XX” y “El desarrollo liderado por los productos básicos en América Latina”, que la riqueza exportadora de la región centrada en bienes primarios experimenta una caída en sus precios respecto a los manufacturados que son importados y de mayor valor agregado. Es decir, nuestra capacidad para competir resulta débil.

En efecto, la Comisión Económica para América Latina firmó con la Unión Europea y la Ocde, el 11 de mayo, un acuerdo de cooperación para facilitar el desarrollo latinoamericano. En dicho acuerdo las partes reconocieron que nuestras economías pueden ser de ingreso medio, pero con un largo recorrido para alcanzar a nuestros socios.

Estar en un club con socios mucho más prósperos y poderosos es un asunto mayor. Los socios de la Ocde tienen una agenda de largo plazo centrada en la transparencia, la responsabilidad pública, la flexibilización de los mercados, la promoción del comercio internacional, la difusión de la innovación y la búsqueda de la competitividad.

Como sucede en un grupo, la presión de los colegas impide que el país pueda alejarse de estos principios. Es más, con su menor condición económica resulta poco creíble que Colombia pueda proponer alternativas para el desarrollo. En comparación, nuestra industria está rezagada, son pocos nuestros desarrollos tecnológicos, la aplicación de la ley e institucionalidad son débiles y tenemos un mercado interno por desarrollar.

Poco podremos opinar sobre una política de desarrollo y económica alejada de los principios de la Ocde. Pero el asunto es más complejo. Poco margen de maniobra tendrá el país para acoger recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura o la Cepal o, peor aún, lograr sus propias orientaciones.

Las recomendaciones del grupo sobre derechos de propiedad intelectual, explotación de hidrocarburos, lineamientos contables y financieros, protección del medio ambiente y promoción de la transparencia sobrepasan nuestras posibilidades institucionales y resultan, además, controversiales.

El país debe enfocarse en resolver sus retos económicos y sociales antes de pagar entre tres y cinco millones de euros anuales por participar en un grupo en el que recibirá un trato desigual. Una vez en las mismas condiciones, podría pensarse sobre el asunto. Por ahora, la desindustrialización, la informalidad, la inequidad, la injusticia y la debilidad institucional del país deberían ser la máxima preocupación.

Nota

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