La mayoría de los embajadores que intervinieron este lunes durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), apoyaron la recomendación de convocar de forma inmediata a un período de sesiones extraordinarias de la Asamblea General de Cancilleres, para presionar al régimen de Daniel Ortega a detener las violaciones de derechos humanos en el país.
La convocatoria de sesiones extraordinarias es parte del proceso establecido en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, una vez que se han agotado las gestiones diplomáticas.
Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Brasil, Canadá y Paraguay fueron las naciones que dieron su respaldo a esa recomendación planteada en el informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA, que revela «una alteración del régimen constitucional que deteriora seriamente el orden democrático» en Nicaragua, a manos de la dictadura de Ortega. Esta fue la última gestión diplomática realizada por los Estados democráticos.
Reacción de Nicaragua
La embajadora de Nicaragua, Ruth Tapia, intervino dos veces durante la reunión del Consejo Permanente. La primera vez fue para reiterar el rechazo de su país al informe, el cual calificó de “injerencista” y “nulo”. Tapia llegó al extremo de rechazar la existencia misma de la comisión de alto nivel de la OEA.
La segunda vez intervino para atacar al Estado de Costa Rica, país vecino de Nicaragua. Tapia manifestó la “enérgica protesta” del Estado de Nicaragua por un comunicado emitido el sábado por Costa Rica, en el que condena “el asedio y la intimidación de la que son víctimas las madres de los presos políticos” y “urge al Gobierno de Nicaragua para que cesen los actos represivos contra la población nicaragüense”. El régimen de Ortega, a través de Tapia, llamó a ese comunicado “atrevido”, “injerencista”, “irrespetuoso” y dijo que Costa Rica tiene que ocuparse de sus propios problemas.
Réplica de Costa Rica
Costa Rica replicó inmediatamente a través de su embajadora Moserrat Solano, diciendo que “cuando se está en presencia de violaciones masivas a los derechos humanos es lícito para la comunidad internacional manifestarse al respecto e incluso tomar acciones concertadas, nada de lo cual se puede considerar injerencia o intervención, menos aún cuando, en este caso, Costa Rica ha enfrentado un éxodo masivo de decenas de miles de nicaragüense, por lo cual tiene un interés directo en la situación”. Agregó, además, que Costa Rica no resuelve los problemas de su país callando, reprimiendo o expulsando a los opositores de su país. La embajadora costarricense fue ovacionanda por varios segundos al finalizar su respuesta a Nicaragua.
Lo que dice el informe
El informe sobre Nicaragua detalla que “las acciones que el Gobierno de Nicaragua ha emprendido o permitido desde abril de 2018 muestran discrepancia con los derechos y garantías protegidos por la Constitución de 1987 y que ello da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se establece en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.
El informe sobre Nicaragua detalla que “las acciones que el Gobierno de Nicaragua ha emprendido o permitido desde abril de 2018 muestran discrepancia con los derechos y garantías protegidos por la Constitución de 1987 y que ello da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se establece en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.
Una de las intervenciones para reforzar el informe fue el de la segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, quien señaló que en Nicaragua «la crisis de derechos humanos continúa hasta ahora».
“La crisis en Nicaragua no se ha detenido, continúa. Y no solo continúa, sino que la persecución se ha intensificado. En el último mes ha habido un foco especial de persecución en contra de las familias de las víctimas. Lo que está sucediendo en Nicaragua es difícil de creer”, manifestó la comisionada de la CIDH.
Urrejola hizo hincapié en el asedio policial durante nueve días a la parroquia San Miguel Arcángel, de Masaya, donde familiares de presos políticos realizaron una huelga de hambre para exigir la liberación de sus hijos bajo, asedio policial y sin energía y agua.
Además, un grupo de 13 activistas miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) fueron secuestrados por la Policía Orteguista (PO) cuando pretendían llevar agua a las huelguistas y ahora están siendo denunciados por “tráfico de armas”.
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Durante la sesión extraordinaria participaron Verónica Ordóñez Obando, esposa del preso político Pedro Gutiérrez González; Francis Valdivia, hermana de Franco Valdivia, estudiante universitario asesinado en Estelí; Susana López, mamá del estudiante universitario Gerald Vásquez; Edwin Carcache, dirigente estudiantil y excarcelado político y Roberto Courtney, director ejecutivo de Ética y Transparencia (EyT).
Aplicación de Carta Democrátrica
Después de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, lo próximo que se espera es un proyecto de resolución de los países que apoyaron el informe de la comisión de alto nivel, según el político opositor José Pallais Arana.
El artículo 20 de la Carta Democrática establece que “si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”.
También se ha mencionado la posible aplicación del artículo 21, que implica la votación para suspender a un Estado Miembro del Sistema Interamericano, porque se ha producido la ruptura del orden democrático. Para ejecutar la suspensión son necesarios 24 votos de los Estados Miembros.