Instituciones Penitenciarias ha suspendido "de forma definitiva" el trabajo de estimulación cerebral a presos con electrodos para estudiar su incidencia en la violencia iniciado en 2015 al presentar numerosas carencias y no estar justificada suficientemente la eficacia ni las consecuencias del experimento.

Son algunos de los argumentos que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, sostiene en una resolución fechada el pasado viernes y tras la noticia publicada este miércoles por El País que también informó hace dos semanas sobre un informe contrario al experimento.

Un estudio que llevaba por título "El estudio de la corteza prefrontal dorsolateral y agresividad auto informada en la población reclusa", que consistía en someter a algunos reclusos a estimulación eléctrica cerebral para estudiar su conducta violenta.

Ortiz recuerda en su resolución que esa investigación experimental fue autorizada por el anterior equipo de Prisiones en diciembre de 2015 y que se puso en práctica en las cárceles de Huelva y Córdoba avalado por el psicólogo de la universidad onubense Andrés Molero.

Contó con tres fases autorizadas -2016, 2017 y 2018- y fue en la petición de una prórroga de la última investigación y la publicación de los resultados de la investigación en una revista científica la que motivó la "paralización cautelar" del proyecto a expensas de un informe sobre la ideonidad del mismo.

Prisiones concluye ahora que la investigación experimental no tenía "parangón" con población reclusa en países de nuestro entorno, que no estaba fundamentado lo suficiente su necesidad y que carecía de un equipo investigador de especialistas médicos.

Además, la resolución de Instituciones Penitenciarias recalca que el documento que firmaron los reclusos para someterse al experimento incluye "dudas" sobre el consentimiento.

"Tampoco existe unanimidad en la comunidad científica respecto a la utilidad, pertinencia y finalidad del uso de técnicas de esta naturaleza. Ni siquiera es una técnica que forme parte habitual del repertorio de las utilizadas en el ámbito de la salud pública", enfatiza el informe de Prisiones.