El Banco de México, que abrió sus puertas el 1 de septiembre de 1925, fue la consumación de un anhelo largamente acariciado por los mexicanos. Su creación cerró un largo periodo de inestabilidad y anarquía monetaria, iniciado desde principios del siglo XIX, y durante el cual reinaba un sistema de pluralidad de bancos de emisión; sistema que, además, fue agravado por el conflicto revolucionario de 1910, y con el que sobrevino la desconfianza en el papel moneda y la destrucción del sistema monetario vigente hasta ese momento.

No obstante, hoy en día es poco recordado el hecho de que los antecedentes del Banco de México se remontan, al menos, hasta principios del siglo XIX. En efecto, en 1822, durante el imperio de Agustín de Iturbide, se presentó, sin éxito, un proyecto para crear una institución con la facultad de emitir billetes, que se denominaría "Gran Banco del Imperio Mexicano".

En Europa, durante la misma época, los bancos centrales comenzaron a surgir, de manera espontánea, en la medida en que algún banco comercial iba adquiriendo funciones que, en un contexto moderno, corresponden en exclusiva a los institutos centrales. Algo parecido estuvo próximo a ocurrir en México hacia 1884, pero finalmente triunfó la postura que favorecía la libre concurrencia de los bancos comerciales en cuanto a la emisión de billetes.

Con la destrucción del sistema bancario porfirista durante la Revolución, la polémica ya no se centraba en la conveniencia del monopolio o la libre emisión de moneda, sino en las características que el Banco Único de Emisión debería tener, y cuyo establecimiento se consagró en el artículo 28 de la Carta Magna promulgada en 1917. La disyuntiva consistía en el establecimiento de un banco privado o un banco bajo control gubernamental. Los constituyentes reunidos en Querétaro optaron por la segunda fórmula, aunque la Constitución sólo estableció que la emisión de moneda se encargaría exclusivamente a un banco que estaría "bajo el control del Gobierno".

Sin embargo, a pesar del desiderátum consagrado en la Constitución, siete largos años demoró la fundación del entonces llamado Banco Único de Emisión. En ese lapso se emprendieron varias tentativas para llevar a cabo el proyecto, que fracasaron por la inflexible penuria del erario. Reiteradamente, la escasez de fondos públicos fue el obstáculo insuperable para poder integrar el capital de la Institución. Mientras tanto, en el mundo se fue consolidando la tesis sobre la necesidad de que todos los países contasen con un banco central. Tal fue el mensaje de un comunicado emitido en 1920 por la entonces influyente Sociedad de Naciones, durante la Conferencia Financiera Internacional celebrada en Bruselas.

El establecimiento del Banco de México no se hace realidad hasta 1925, gracias a los esfuerzos presupuestarios y de organización del Secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, y al apoyo por parte del Presidente Plutarco Elías Calles. En su momento, alguien llegó a comentar, en tono de broma, que a la Institución debería llamársele "Banco Amaro", ya que los fondos para integrar el capital se pudieron reunir finalmente, en virtud de las economías presupuestales logradas en el Ejército por el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Joaquín Amaro.

Así pues, el Banco de México se inauguró en solemne ceremonia el 1 de septiembre de 1925. El acto fue presidido por el primer mandatario, Plutarco Elías Calles, y al mismo concurrieron los personajes más sobresalientesde la política, las finanzas y los negocios de esa época. Al recién creado Instituto se le entregó, en exclusiva, la facultad de crear moneda, tanto mediante la acuñación de piezas metálicas como a través de la emisión de billetes. Como consecuencia de lo anterior, se le encargó regular la circulación monetaria, las tasas de interés y el tipo de cambio. Asimismo, se convirtió al nuevo órgano en agente y asesor financiero y banquero del Gobierno Federal, aunque se dejó en libertad a los bancos comerciales para asociarse o no con el banco central.

Banco de México nace en momentos de grandes retos y aspiraciones para la economía del país. A la necesidad de contar con una institución de esa naturaleza, la acompañaban otros imperativos: propiciar el surgimiento de un nuevo sistema bancario, reactivar el crédito en el país y reconciliar a la población con el uso del papel moneda. (Este último no era una tarea sencilla, sobre todo después de la traumática experiencia inflacionaria con los "bilimbiques" del periodo revolucionario). Por todo ello, además de los atributos propios de un banco de emisión, al Banco de México se le otorgaron a su vez facultades para operar como institución ordinaria de crédito y descuento.

Durante sus primeros seis años de vida, el Banco obtuvo un éxito razonable en cuanto a promover el renacimiento del crédito en el país. Sin embargo, las dificultades que enfrentó para consolidarse como banco central fueron considerables. Aunque su prestigio creció y logró avances, la circulación de sus billetes fue débil y pocos bancos comerciales aceptaron asociarse con él mediante la compra de sus acciones.

La primera gran reforma del Banco de México ocurre hacia 1931 y 1932. En julio de 1931 se promulga una controvertida Ley Monetaria por la cual se desmonetiza el oro en el país. En cuanto al Banco de México, dicha Ley confirió ciertas características de moneda a sus billetes, aun cuando se conservó la libre aceptación de los mismos. Sin embargo, ocho meses después sobrevienen otras reformas de mayor trascendencia: la de la mencionada Ley Monetaria y la promulgación de una nueva Ley Orgánica para el Banco de México. Con esta última reforma se le retiraron al Banco las facultades para operar como banco comercial, se hizo obligatoria la asociación de los bancos con el Instituto Central y se flexibilizaron las reglas para la emisión de billetes.

Cuentan las crónicas que en esa época fue tan grande la escasez de moneda, que se inició un movimiento nacional en favor de la aceptación del billete del Banco de México, hecho que aumentó sustancialmente la demanda por dicho medio de pago. Incluso, algunos agentes empezaron a preferir el billete a las piezas acuñadas.

Así, una vez expedida la nueva Ley, al tiempo que se iniciaba un periodo de libre flotación para que el tipo de cambio alcanzara su nivel de equilibrio, se le autorizó al Banco comprar oro a precios de mercado. Con ello, no sólo se dio lugar al aumento de la reserva monetaria, sino que se consolidó uno de los principales canales para la emisión de billete. Dicha fórmula, así como la recuperación de la economía después de la postración de 1929 y 1930, fue lo que arraigó en definitiva al papel moneda como el principal instrumento de pago en el país.

Una vez conseguida la aceptación del billete, se abrió el camino para que el banco central pudiera cumplir las funciones señaladas en su nueva Ley Orgánica. Éstas fueron las siguientes: regular la circulación monetaria, la tasa de interés y los cambios sobre el exterior; encargarse del servicio de la Tesorería del Gobierno Federal; y centralizar las reservas bancarias y convertirse en banco de los bancos y en prestamista de última instancia.

En 1935, el precio de la plata se eleva ininterrumpidamente y deriva en una crisis sin precedente. Se corre el riesgo de que el valor intrínseco de las monedas de ese metal —las cuales integraban el grueso de la moneda fraccionaria o de apoyo— supere a su valor facial. El peligro se cierne en especial sobre las piezas de un peso, que gozaban de gran arraigo entre la población. La crisis se conjura a partir de dos medidas: emitiendo piezas con menor contenido de plata, y poniendo en circulación billetes de esa denominación que por largos años se conocieron como "camarones".

En 1936 se promulga una nueva y ortodoxa Ley Orgánica, la cual responde a la motivación de librar a la operación del Banco de México de toda "nota inflacionista". Ello, mediante la adopción de reglas muy estrictas para la emisión de medios de pago. Particular énfasis se puso en ese ordenamiento en cuanto a limitar el crédito que el banco central pudiera otorgar al Gobierno. En la práctica, dicha Ley era muy rígida y, en estricto sentido, nuca se puso en vigor. Así, en 1938 se reforman sus disposiciones más restrictivas tanto en lo referente a los límites del crédito que el Banco pudiera otorgar al Gobierno, como respecto al tipo de papel que el mismo pudiera adquirir en sus operaciones con los bancos comerciales.

Pocos meses antes, como consecuencia del deterioro que venía sufriendo la balanza de pagos de México desde 1936 y de las fugas de capital causadas por la expropiación petrolera, el Banco de México se había retirado del mercado y el tipo de cambio había pasado de 3.60 pesos por dólar a niveles superiores a 5 pesos por dólar.

A finales de 1939, el entorno de la economía mexicana se modificó drásticamente con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. México se ve inundado de capitales flotantes o "golondrinos" que buscaban refugio bancario en nuestro país. Es en este contexto que en junio de 1941 se promulga un nuevo esquema legal en materia bancaria y financiera. De ahí surgieron una nueva Ley Bancaria así como una nueva Ley Orgánica del Banco de México.

El periodo bélico que se extendió aproximadamente de 1940 a 1945 fue de gran trascendencia en la evolución del Banco de México. Nunca antes desde su fundación, el Banco se había enfrentado al reto de tener que aplicar una política de contención monetaria. En palabras del entonces Director General, Eduardo Villaseñor, hasta ese momento el mecanismo del Banco se asemejaba a la maquinaria de un reloj, en el sentido de que sólo podía accionarse "hacia adelante". Fue así que se inició una odisea: la de desarrollar los mecanismos de regulación apropiados para un banco central que operaba en un medio donde no existían mercados financieros dignos del nombre.

Como se ha dicho, durante el periodo bélico el influjo de capitales hinchó la reserva monetaria del banco central, dando lugar a una acelerada expansión de los medios de pago, expansión preñada de un ominoso potencial inflacionario. Para hacer frente a dicha posibilidad, las autoridades se dieron a la tarea de definir las herramientas más idóneas para realizar la requerida contención monetaria. Primeramente se intentó realizar operaciones de mercado abierto y se buscó influir en la composición de las carteras de los bancos para evitar transacciones y créditos especulativos. También se experimentó con la manipulación de la tasa de redescuento y la "persuasión moral", aunque el instrumento que mejores resultados arrojó fue la elevación de los "encajes", o sea, de los depósitos obligatorios que la banca tenía que abonar en el banco central. Este recurso se llevó a un extremo nunca antes experimentado en país alguno, pues el coeficiente de encaje se elevó hasta en un 50% de los depósitos para los bancos en el Distrito Federal y hasta en un 45% para los bancos en el resto del país.

Tan probó su eficacia el expediente de elevar el encaje legal que, una vez concluida la Guerra y durante muchos años, se recurrió en México a la manipulación del requisito de reserva obligatoria, no sólo para fines de regulación monetaria, sino para otros dos objetivos: como método de financiamiento para los déficit del Gobierno, y para fines de "control selectivo del crédito". En 1949, al producirse nuevamente una preocupante entrada de divisas, se reforma la Ley Bancaria y se otorga al banco central la facultad potestativa de elevar el encaje de la banca comercial hasta 100% sobre el crecimiento de sus pasivos. Sin embargo, esta obligación se graduó en función de la forma en que las instituciones integrasen sus carteras de crédito o, en otras palabras, según canalizaran su financiamiento a los distintos sectores de la economía.

En 1948 y 1949, México sufre dos severas crisis de balanza de pagos atribuibles, en muy buena medida, a los reacomodos y ajustes de la economía mundial típicos de la postguerra. Desde una perspectiva histórica, para el país y para el Banco de México ello puede interpretarse como una comprobación de los beneficios que siempre reporta la instrumentación de una política monetaria prudente.

En junio de 1944, México había sido uno de los países suscriptores del convenio de Bretton Woods, mediante el cual se acordó, entre otras cosas, un sistema de tipos de cambio fijos para las monedas del mundo. En 1948, y a pesar de que dicho convenio no aceptaba los tipos de cambio flotantes, México liberó la tasa de cambio del peso. Sin embargo, en 1949 se resolvió ensayar una nueva paridad al nivel de 8.65. Esta fue la tasa de cambio que prevaleció hasta 1954, cuando el país tuvo que realizar un nuevo ajuste cambiario.

En 1952 toma las riendas del Banco de México un hombre que habría de prestar servicios de inestimable valor a México y que habría de dar lustre y prestigio a las finanzas mexicanas: Rodrigo Gómez. Don Rodrigo —como se le conoció en vida— estuvo a la cabeza del Banco hasta su muerte, durante 18 años, habiéndose manifestado a lo largo de su gestión, tanto en hechos como en pensamiento, como un enemigo acérrimo de la inflación. En alguna célebre ocasión señaló que “si la disyuntiva fuera entre progresar velozmente o tener una moneda estable, no habría duda sobre la elección". La idea implícita es que la inflación no sólo tiene efectos negativos sobre la distribución del ingreso, sino que acaba por frenar la inversión y el crecimiento económico.

Junto con Antonio Ortiz Mena, quien lo acompañó durante dos sexenios al frente de la Secretaría de Hacienda, Rodrigo Gómez fue uno de los artífices de un envidiable periodo de progreso y estabilidad que se extendió de 1954 a 1970, y que se conoce como el "desarrollo estabilizador". La era se inició después del ya mencionado ajuste cambiario de 1954, el cual puede ser considerado como la culminación de una etapa de crecimiento con inestabilidad que se extendió por más de tres lustros.

Durante el periodo 1954-1970, el producto real creció a un ritmo muy superior al de la población, lo cual hizo posible que también crecieran ininterrumpidamente tanto el ingreso per cápita como los salarios reales. En particular, el sector financiero experimentó un progreso formidable. Todo ello fue, en buena medida, resultado de la aplicación, por parte del Banco de México, de una política monetaria prudente, la cual coadyuvó a obtener una estabilidad de precios semejante a la de Estados Unidos durante el mismo periodo. De ahí que también pudiera conservarse un tipo de cambio fijo (12.50 por dólar) dentro de un régimen de irrestricta libertad cambiaria y que la reserva monetaria mostrara una tendencia creciente a lo largo del periodo.

Durante el "desarrollo estabilizador", el Banco de México coadyuvó de igual manera al progreso de la economía nacional, apoyando otras estrategias de promoción mediante un manejo juicioso de la política de encaje legal. Con ello no sólo colaboró en proporcionar crédito no inflacionario a actividades prioritarias, sino también en compensar las fluctuaciones de la economía mundial que afectaron durante esos años a la balanza de pagos. En 1958, a fin de darle mayor fuerza a ese instrumento de regulación, se decidió incorporar a las sociedades financieras el régimen de encaje legal.

Los años setentas y parte de los ochentas fueron una época de dificultades para el Banco de México. Hasta 1982, los problemas tuvieron su origen en la aplicación de políticas económicas excesivamente expansivas, y en la obligación que se impuso al banco central de extender amplio crédito para financiar los déficits fiscales en que entonces se había incurrido. Todo ello deterioró la estabilidad de los precios y fue causa de que ocurrieran dos severas crisis de balanza de pagos en 1976 y 1982. De 1983 en adelante, el sentido de las acciones ha sido opuesto. A partir de ese año, los esfuerzos han estado dirigidos, en lo fundamental, a controlar la inflación, a corregir los desequilibrios de la economía y a procurar la recuperación de la confianza de los agentes económicos.

A pesar de todo y, en algunos casos, a fin de enfrentar los problemas existentes, durante las décadas recientes hemos sido testigos de importantes transformaciones institucionales así como de trascendentales aportaciones del banco central a la economía del país. Una de las iniciativas más sobresalientes del Banco de México fue la creación en México de la llamada "banca múltiple" en 1976. Una vez consumada la conversión de la banca, de especializada a múltiple, se promovió un programa de fusión de instituciones pequeñas orientado a fortalecer su solidez y procurar una mayor competitividad en el sistema financiero.

En 1974 se creó en el Banco de México (y se introdujo en la práctica) el concepto de Costo Porcentual Promedio de Captación para la banca múltiple (CPP). Esta tasa promedio, al hacer las veces de tipo de referencia para los créditos bancarios, evitó muchas dificultades a los bancos cuando, más avanzada esa década, las tasas de interés se elevaron debido a la inflación. Entre otras aportaciones memorables del banco central, están la idea de reglamentar la capitalización de los bancos no sólo en función de su captación, sino de ciertos activos y de otros conceptos expuestos al riesgo; así como el establecimiento de un sistema de protección para los depósitos del público en la banca.

También objeto de orgullo para el Banco de México fue la creación, en 1978, de los Certificados de la Tesorería (Cetes). Estos títulos, previos a la promulgación en 1975 de una nueva Ley Reglamentaria del Mercado de Valores, fueron la base para el desarrollo en México de un mercado de bonos y valores de renta fija. Dicho logro trascendió no sólo en cuanto a la evolución financiera de México, sino también respecto al progreso de la banca central en el país. La creación y la madurez del mercado de bonos dio lugar a que se consolidaran en nuestro medio las condiciones para poder llevar a cabo, en la práctica, la regulación monetaria a través de operaciones de mercado abierto.

Durante la administración del Presidente Miguel de la Madrid (1983-1988), una de las acciones más relevantes fue la creación del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (FICORCA). Este instrumento no sólo permitió que, en su momento, las empresas mexicanas con pasivos denominados en divisas extranjeras pudieran renegociar su deuda externa sino, además, que quedaran protegidas contra el riesgo eventual de futuros ajustes del tipo de cambio.

En 1985 se registra un hito importante en la historia del Banco de México: se expide una nueva Ley Orgánica para la Institución. Dicho ordenamiento se distinguió porque incorporó la facultad de fijar límites adecuados al financiamiento que pudiera otorgar la Institución. Otras características notables de esa Ley fueron que otorgó al Banco la posibilidad de emitir títulos de deuda propios para efectos de regulación monetaria, y liberó a la reserva monetaria de restricciones para que la misma pudiera ser usada sin cortapisas para los fines que le son propios.

De 1987 a la fecha de escribirse el presente texto, el Banco de México, actuando de manera conjunta con otras autoridades, ha desplegado su máximo esfuerzo en procurar el abatimiento de la inflación. Dicha tarea no ha sido fácil. A las dificultades provenientes de un entorno externo que con frecuencia ha sido desfavorable y a las propias de remover las causas fundamentales de la inflación —los déficit públicos financiados con crédito primario del Banco México— se han aunado las de vencer lo que se conoce técnicamente como "inercia inflacionaria". De este último empeño nació la concertación social que tan buenos frutos dio a México en su momento, y que se materializó en las distintas etapas del llamado "Pacto". Como se sabe, la concertación partió del principio de que los distintos grupos de la sociedad —gobierno, empresarios, obreros— llegaran a acuerdos operativos, a fin de imponer disciplina a la evolución tanto de los precios, como de los salarios y del tipo de cambio.

La banca central, la política monetaria y los conocimientos teóricos y empíricos en que ésta se funda se encuentran sujetos a una evolución permanente. La fase de modernización definitiva del Banco de México se inicia con el otorgamiento de su autonomía, la cual empezó a regir a partir de abril de 1994. En términos prácticos, la autonomía del Banco de México implica que ninguna autoridad pueda exigirle la concesión de crédito, con lo cual se garantiza el control ininterrumpido del instituto central sobre el monto del dinero (billetes y monedas) en circulación. La finalidad de la autonomía es que la operación del banco central sea conducente a la conservación del poder adquisitivo de la moneda nacional.

La autonomía del Banco de México está sustentada en tres pilares. El primero es de naturaleza legal. En su parte medular se integra con el mandato constitucional que establece que la misión prioritaria de la Institución es procurar el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda nacional. Este objetivo está especificado de igual manera en la ley actualmente en vigor del Banco de México promulgada a finales de 1993. El segundo pilar reside en la forma en que está integrada su Junta de Gobierno y las normas a que está sujeto su funcionamiento. Dicho órgano colegiado está conformado por un gobernador y cuatro subgobernadores; funcionarios que son designados por el Ejecutivo pero que no pueden ser destituidos de su cargo discrecionalmente. Los periodos de servicio de dichos funcionarios son alternados. El de gobernador es de seis años y empieza en la mitad de un sexenio gubernamental para concluir al cierre de los tres primeros años del siguiente. Los periodos de servicio de los subgobernadores son de ocho años y su reemplazo se da cada dos años, de manera alternada. El tercer pilar de la autonomía es la independencia administrativa que la ley concede al banco central.

A menos de un año del otorgamiento de su autonomía, el Banco de México tuvo que actuar con la Secretaría de Hacienda para enfrentar las crisis de balanza de pagos y bancaria que se manifestaron durante los primeros meses de 1995. La crisis bancaria se resolvió principalmente mediante mecanismos fiscales. Sin embargo, el banco central coadyuvó a esa solución actuando preventivamente en su calidad de prestamista de última instancia. Por su parte, la crisis de balanza de pagos y las sucesivas devaluaciones que ésta provocó a lo largo de 1995 dieron lugar a que tuviera que iniciarse de nueva cuenta un esfuerzo de estabilización en gran escala para erradicar la inflación en forma definitiva.

El proceso de estabilización ha sido gradual. Lo ha sido así por dos razones: tanto por una decisión deliberada de las autoridades del banco central de moderar los costos de la lucha contra la inflación, como porque estabilizar a una economía a partir de niveles elevados de incremento de los precios y en donde la dinámica alcista se encuentra muy arraigada, resulta una tarea difícil y prolongada. Con todo, a lo largo de dicho esfuerzo de estabilización —que ya se extiende por más de tres lustros— se han verificado progresos muy significativos. Se han afianzado primeramente las políticas de transparencia y de rendición de cuentas de la autoridad monetaria. Asimismo, la adopción del esquema de flotación cambiaria ha sido exitoso. En el transcurso, el Banco de México logró desarrollar un nuevo instrumento de intervención y avanzar hacia la adopción de una de las más modernas fórmulas de política monetaria: el esquema denominado Objetivos de Inflación (OI).

La principal, aunque no única, virtud del esquema de OI es que mediante su aplicación se ha buscado dar mayor eficacia a la política monetaria y minimizar los costos que implica la lucha contra la inflación. Otra manera de captar la esencia del esquema de OI es que busca conseguir la credibilidad de los agentes económicos en la banca central y en la política monetaria. Contando con esa credibilidad, resulta mucho más fácil combatir la inflación y conseguir que los beneficios de la estabilidad se difundan con mayor rapidez a la economía en general.

A partir de 1996, empezaron a acordarse metas anuales para la inflación. En 1999 se fijó la meta de una inflación de 3 por ciento anual para el cierre de 2003, y en 2001 se anunciaron las metas multianuales intermedias, a fin de mantener a la inflación en la trayectoria apropiada o requerida para llegar al objetivo final previsto para diciembre de 2003.

En el Programa Monetario para 2001 se hizo el anuncio oficial relativo a la adopción del esquema de OI por parte del Banco de México. La determinación de que el objetivo de largo plazo fuera de 3 por ciento anual se anunció en 2002. En ese mismo año se acordó un margen de fluctuación para la inflación alrededor de su meta de largo plazo de más o menos un punto porcentual. Finalmente, en octubre de 2002, se dio a conocer un calendario oficial para anunciar las acciones de política monetaria, el cual se aplicaría a partir de 2003. Esta decisión se tomó con la intención de reducir la incertidumbre que siempre despiertan en los mercados financieros las acciones de los bancos centrales.

Ahora bien, entre 1995 y 2007, el Banco de México se valió de un mecanismo llamado “corto”, o Sistema de Saldos Acumulados, para controlar el nivel general de precios y retornar a la estabilidad. Tal mecanismo consistía en suministrar una fracción mínima de la demanda de dinero a una tasa de interés superior a la del mercado; básicamente dicha fracción se proveía a aquellos bancos que se habían sobregirado en sus cuentas corrientes con el Banco Central. Para no incurrir en el sobregiro o compensar la penalización, los bancos tenían que intensificar su esfuerzo por captar recursos del público. Lo anterior implicaba una presión al alza de las tasas de interés.

Un avance muy importante en materia de política monetaria se logró hacia mediados de la última década. Consistió en la adopción de una tasa de interés de referencia (la tasa de fondeo interbancario a un día) como el instrumento de la política monetaria del Banco de México en sustitución del “corto”. Los anuncios de política monetaria a partir de abril de 2004 habían establecido tasas de interés mínimas, por lo que el mercado venía operando “de facto” siguiendo una tasa señalada por el Banco de México. (Vale la pena destacar que el último movimiento de las tasas de fondeo interbancario relacionado con un cambio en el “corto” fue en febrero de 2005). En este sentido, la migración formal a un instrumento operacional de tasas de interés se aplicó sin alterar la forma en que el Banco de México llevaba a cabo sus operaciones. Adicionalmente, el cambio facilitó la comprensión de las acciones de política monetaria y homologó su instrumentación con la de muchos otros bancos centrales del mundo.

La crisis se gestó en Estados Unidos desde mediados de 2007, con las primeras dificultades causadas por las hipotecas “subprime” (una modalidad crediticia que se caracteriza por un nivel de riesgo superior a la media del resto de créditos).

Los principales bancos centrales del mundo tuvieron que intervenir de emergencia en el mercado para proporcionar liquidez en forma amplia. Pero el mercado de valores en Estados Unidos entró en una caída acelerada y se colapsó a principios de 2008. A principios de julio, el gobierno estadounidense y el Sistema de la Reserva Federal tuvieron que anunciar el rescate de los principales intermediarios hipotecarios. La decisión despertó consternación en los círculos conservadores de ese país bajo el argumento de que los rescates de ese tipo solamente empeoran las prácticas de los inversionistas, al fomentarse la toma de riesgos excesivos con el respaldo de fondos públicos. En ese ambiente, las economías de todo el mundo se vieron afectadas por la insuficiencia de crédito.

Aunque su origen había sido externo, se trataba de una crisis de dimensiones globales. Para limitar los efectos negativos que ésta pudiera ocasionar en nuestra economía, además de diversas medidas financieras y fiscales instrumentadas por el gobierno mexicano, el Banco de México implementó sus propias medidas encaminadas específicamente a: (1) contrarrestar la contracción de la actividad económica; (2) mantener en funcionamiento los mercados financieros; y (3) preservar la estabilidad del sistema financiero. En concreto, y entre muchas otras medidas (para mayor detalle se puede consultar del Informe Trimestral sobre la Inflación julio-septiembre de 2008 en adelante), se determinó, a través de la Comisión de Cambios, reactivar las ventas de dólares por parte del instituto central hasta en 400 millones diarios con base en reglas previamente establecidas, y se acordó con la Reserva Federal de los EE.UU. líneas para intercambio de monedas por un monto de 30 mil millones de dólares (swaps). Adicionalmente la Comisión de Cambios determinó que de marzo a junio de 2009 el Banco de México subastara diariamente sin precio mínimo hasta 100 millones de los 400 millones de dólares de las subastas diarias, y negoció con el Fondo Monetario Internacional una Línea de Crédito Flexible (LCF) por un monto cercano a los 50 mil millones de dólares a un plazo de un año; línea que para 2011 fue ampliada a 73 mil millones de dólares a dos años.

Las instituciones valen por el marco jurídico en que se fundamentan, por la política que las orienta y por los individuos que las guían. Desde su fundación, el Banco de México ha sido dotado de marcos legales –conformados principalmente por sus leyes orgánicas- conducentes y propiciatorios de un desempeño eficaz en el desarrollo de sus tareas. En este sentido debe destacarse, de manera especial, la reforma que entró en vigor en abril de 1994, por la cual se dotó de autonomía al banco central de nuestro país. Con ello, se otorgó al Banco de México el estatus idóneo para cumplir su cometido fundamental, que es la procuración de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.

Son muchas las aportaciones que, a lo largo de su historia, el Banco de México ha hecho a los conocimientos y a las buenas prácticas de la banca central. Al combinar la innovación con la buena técnica y el pragmatismo se ha procurado contribuir al progreso de México mediante la creación de muchos mecanismos de regulación monetaria, algunos de los cuales se mencionan en las páginas precedentes.

En la actualidad la confianza que tenemos en nuestras monedas y billetes es incuestionable, en contraste con el periodo revolucionario, cuando pocos confiaban en las monedas y billetes circulantes. Ahora nadie duda de la solidez del peso mexicano, y tampoco nos cuestionamos si existe una provisión de billetes y monedas suficiente. Éste es, sin duda alguna, un logro del banco central que ha llevado décadas alcanzar. A lo anterior cabe agregar otros apoyos importantes que el Banco de México ofrece a la sociedad como lo son el desarrollo de sistemas modernos de pago electrónicos, acciones para regular el cobro de comisiones por los bancos, y servicios informativos vinculados con el compromiso contemporáneo relativo a la transparencia.

El esfuerzo de nuestro banco central ha sido constante durante más de 85 años, y ha brindado sus frutos. Las funciones tradicionales del banco central siguen vigentes en la actualidad, pero ha modernizado sus procesos: El Banco de México nos proporciona de manera eficiente monedas y billetes seguros y confiables. Con su política monetaria contribuye a preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer el crecimiento y darle fortaleza y solidez al sistema bancario. También promueve esfuerzos de colaboración con otras autoridades para que los bancos cuenten con entornos y condiciones adecuadas para pagar los cheques y devolver los depósitos que les confían los ahorradores.

En la evolución histórica el Banco de México ha enfrentado retos en cada una de sus etapas y ha mostrado gran capacidad para renovarse y ponerse a la altura de lo que hace un Banco central contemporáneo. Es decir, el Banco de México provee sistemas de pago electrónicos -modernos y seguros- para que la población siempre tenga la posibilidad de utilizar los sistemas más avanzados para hacer pagos y envíos de fondos de manera rápida y completamente segura. El Banco de México recientemente tiene entre sus funciones procurar que las comisiones que cobran a sus clientes los bancos y otros intermediarios no dañen sus derechos y sean congruentes con un desarrollo sano del sistema financiero.

Finalmente, el Banco de México ha asumido un gran compromiso con la transparencia -al proveer de información económica y monetaria puntual y actualizada a diferentes públicos- y la educación financiera. Estas acciones se han convertido en un proceso sistemático y un esfuerzo continuo encaminado a orientar y explicar la política monetaria a diversos públicos. En el recuento del proceso histórico del Banco de México hoy podemos decir que es una institución sólida, que goza de amplia credibilidad y reputación, y que, efectivamente, contribuye a la prosperidad de los mexicanos.