Los barrios de Canarias que se levantan contra el racismo

Los ojos atónitos de Manolo Cabezudo no podían creer lo que estaba viendo. En la Plaza del Pueblo, ubicada en el barrio de La Isleta de la capital grancanaria, el 30 de enero se concentraron centenares de personas que, entre petardos, voladores y música, protestaban contra la inmigración, transformando un escenario que fue símbolo de la lucha obrera en Las Palmas de Gran Canaria durante el franquismo con pancartas en las que podía leerse “no es inmigración, es una invasión”. Allí, se erige un busto del diputado del Frente Popular Eduardo Suárez Mendoza, un líder de la izquierda política durante la II República que fue fusilado en 1936 por los fascistas en Gran Canaria, junto al delegado gubernativo Fernando Egea. Cuando Manolo, presidente de la asociación Atlas, regresó a su casa, no entendía cómo más de 200 personas pudieron congregarse en la plaza en una protesta xenófoba. Las asociaciones del barrio nunca han podido reunir una cantidad similar para llevar a cabo iniciativas de carácter social o cultural y recuperar ese espacio como punto de encuentro. Esa misma noche se reunió por videoconferencia con otros residentes en la ciudad para “plantear qué hacer y cómo actuar”, recuerda.

Sin experiencia previa en asuntos migratorios, el Foro por La Isleta, conformado por asociaciones del barrio, abordó con reuniones periódicas el problema con las mismas herramientas que han empleado durante estos años por temas urbanísticos o de participación ciudadana. “Buscamos expertos que nos asesoren, celebramos asambleas, formamos una comisión de trabajo y vemos cómo podemos actuar”, explica Manolo. El pasado 10 de febrero, el presidente de la federación, Félix Alonso, se reunió con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y con representantes del Ministerio de Migraciones, de Cruz Roja y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. También visitó las instalaciones del antiguo regimiento de infantería Canarias 50 cedido a Migraciones por el Ministerio de Defensa.

En el campamento, que alberga a más de 400 personas y tendrá capacidad para más de 1.300, Félix vio “a gente joven, sin nada que hacer más que las actividades que les proponen o jugar un poco al fútbol”. “Todos están esperando para seguir su viaje por el continente europeo”. Pudo constatar que tienen apoyo psicológico, pero carecen de calefacción y de una zona de WiFi, “una necesidad imperiosa para mitigar la angustia” y poder hablar con sus familias. A Félix le gustaría integrarlos en el barrio, organizando un partido de fútbol o haciendo que las personas del campamento cuenten su historia a los vecinos y vecinas. Estas ideas serán planteadas en la próxima reunión con las instituciones que le han asegurado que tendrán apoyo logístico. 

“Los vecinos y vecinas de La Isleta son un caso paradigmático en sentido positivo. Plantean una respuesta adecuada e inclusiva, que no parte del ruido, de generar más conflicto. Fomentan la colaboración y la implicación en la gestión de este proceso, siempre desde el cuestionamiento del modelo”, explica Vicente Zapata, director académico del Observatorio de la Inmigración de Tenerife y profesor de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, a quien el Foro de La Isleta pidió asesoramiento. 

El experto asevera que se podía haber actuado con más previsión ante el modelo de acogida temporal impuesto en Canarias. “No se atendió a que estos espacios están integrados en áreas urbanas con una población amplia, no se generó diálogo, no se explicó bien lo que se iba a hacer”, relata Zapata. El profesor considera que “si esto hubiera pasado en cualquier lugar de Canarias, se hubiese dado la misma situación”, porque se ha dejado de lado “el trabajo desde los barrios en El Lasso, en La Isleta o en Rodeo Alto”. Pero “nunca es tarde para reaccionar y generar una propuesta desde la comunidad”.

El objetivo que se persigue al establecer encuentros asociativos es desarrollar un “trabajo comunitario”, explica Vicente Zapata, generando “espacios de diálogo” en el que estén presentes el Estado, “que es quien ha impuesto este modelo de forma unilateral”, las organizaciones encargadas de gestionar los campamentos, los ayuntamientos implicados, la ciudadanía y las personas migrantes que quieran participar. Zapata, que participó el pasado viernes en una asamblea con el Foro por La Isleta celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, también se ofreció a trabajar en red desde Tenerife, donde antes del traslado de los migrantes al campamento de Las Raíces ya se inició un proceso desde el Ayuntamiento de La Laguna para establecer “acciones con carácter preliminar que desembocará en la elaboración de un proyecto con enfoque comunitario”. 

La corporación municipal envió una carta a las personas que residían en la zona de Rodeo Alto, barrio colindante a la ubicación del macrocampamento, para explicar que se iban a celebrar reuniones para abordar el asunto, facilitando un correo y un teléfono con el que podían contactar para resolver dudas. Durante los últimos días, también se ha enviado a Las Canteras, otro de los campamentos que estará gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y que aún no tiene personas dentro. “Ya el alcalde y parte del equipo de gobierno se ha reunido con vecinos, se han producido los primeros contactos”, recuerda Zapata. La vecindad ha expuesto sus demandas a raíz de los últimos acontecimientos y ha mostrado su postura contraria al modelo que plantea que 2.500 personas residan en un entorno delimitado. Aunque ya se han dado los primeros pasos, Zapata considera que en La Laguna “aún falta cierto recorrido para definir bien ese proyecto”.

En Tenerife, la plataforma Canarias Libre de CIE ha logrado reunir a más de cien personas entre residentes y migrantes para “apoyar” a quienes están dentro del recurso de emergencia de Las Raíces. En varias ocasiones se han trasladado a las puertas del campamento para escuchar a los internos. “Nos contaron en primera persona las malas condiciones en las que están y su deseo de viajar a España y a Europa para buscar trabajo y juntarse con familiares”. Así, han creado una asamblea y también comisiones de materiales, jurídica, de comunicación, de contactos, de hogar y de acompañamiento. A través de estos grupos buscarán ropa, cargadores o bonos de transporte para los migrantes. También les darán asesoramiento legal, harán comunicados para visibilizar las necesidades de los migrantes, buscarán traductores, casas de alquiler y darán acompañamiento a quienes tengan que gestionar trámites burocráticos. 

“Tejer una red de colaboración”

La Red Canaria por el Derecho de las Personas Migrantes ha decidido convocar una concentración cada vez que tenga constancia de la muerte de una persona en la ruta atlántica. El pasado 11 de febrero, más de medio centenar de personas se dieron cita en la Plaza de la Feria, frente a la Delegación del Gobierno en Canarias, en torno a velas que alumbraban pancartas en las que recogen la memoria de los migrantes “asesinados” en su trayecto hacia las Islas, como lo denomina Theodoro Bondyale, presidente de la Federación de Asociaciones Africanas. “Hace semanas murieron una mujer y sus hijos que venían en un cayuco. Es la ruta más peligrosa y reivindicamos la necesidad de los visados, para viajar en una ruta segura y no tener que arriesgarse a morir en el mar”, señala. En otros folios, la red también denunciaba el negocio de las migraciones, señalando a empresas como Indra o el Grupo Eulen, criticaban al Gobierno de España por la Ley de Extranjería y a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) por “la militarización de las fronteras”.

La histórica activista Koldobi Velasco, también participante en la red, explica que “es un acto de duelo y de memoria por las políticas migratorias, son ya 18 personas en 2021 y 1.851 en 2020, según Caminando Fronteras”. Al acudir a la plaza, Velasco relata que también se genera un espacio “para tejer una red de colaboración”, con personas que se acercan con ganas de colaborar y participar. En este sentido, recuerda la convocatoria de un acto en memoria del séptimo aniversario de las víctimas de la tragedia de Tarajal, en el que personas migrantes se acercaron a contar su historia junto a la vecindad. “Abogamos por trabajar por una Canarias por derecho para todas las personas, entendiendo que los derechos de las personas migrantes son los nuestros y no hay un nosotros y otros”, añade Velasco. En base a la generación de esos espacios de encuentro y de conocimiento mutuo, de forma indirecta, se genera “un trabajo comunitario y participativo en los barrios” que puede confluir en una toma de conciencia de la realidad y una lucha conjunta en contra de “una política que no favorece la integración y refuerza la criminalización de esas personas”, subraya Velasco. Theodoro Bondyale coincide con las palabras de la activista y detalla que el Gobierno central está llevando una política “de recogida, no de acogida” y considera que la ciudadanía, cuando se levanta y protesta, “debe elegir muy bien quien es el enemigo, que no es el migrante, sino la políticas que les ponen en una situación de alta fragilidad”. 

Las acciones desarrolladas por la vecindad en barrios de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna pueden convertirse en una referencia para el resto “si hacen bien su tarea y la administración les ayuda y se involucra”, dice Zapata. Considera que “nadie debería ponerse de perfil” y desea que estas iniciativas confluyan en “un modelo diferente no impuesto”. Canarias ha sido durante casi 30 años un lugar de tránsito migratorio y aún “no ha existido la lucidez mental para generar un modelo adecuado, con un sistema de instalaciones que puedan funcionar en momentos de mayor o menor intensidad”, remarca el experto. Como ejemplo, expone la creación de pequeños espacios integrados en la trama urbana con un doble uso, es decir, “que cuando no haya migrantes, que pueda servir para la ciudadanía con una gestión local y conectada con el Estado”. Todo ello, tendiendo la mirada puesta en el medio y en el largo plazo, con iniciativas dialogadas entre varios actores que puedan contribuir a que Canarias “ponga encima de la mesa un modelo diferente acorde a las posibilidades existentes”.