Félix Crous, el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), sostiene que en la toma de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) que concretó el gobierno de Mauricio Macri se encuentra probado el delito de “administración infiel” ya que la medida ruinosa para el país se tomó de forma deliberada.
La declaraciones de Crous y los avances en la querella criminal contra los responsables de tomar el crédito en la administración de Cambiemos se producen en simultáneo con un cuestionamiento tanto del presidente Alberto Fernández como de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto de las imposibilidad para nuestro país de asumir el pago de la deuda con el organismo internacional sin un plan de refinanciación más holgado.
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Durante una entrevista con Página 12, Crous explicó que la OA (que por un decreto de 2020 tiene “independencia técnica” y no recibe instrucciones del Poder Ejecutivo) no se constituyó como parte en la investigación a pesar de haber presentado la denuncia y detalló: “El Estado deberá constituirse como querellante para ser parte. Eso seguramente lo hará la Procuración del Tesoro de la Nación. De todos modos, la causa ya tiene un rodaje a partir de otras denuncias, que son sustancialmente parecidas”.
En cuanto al rol de su cartera, explicó: “En esa misma semana del discurso presidencial en la apertura de las sesiones legislativas, el Banco Central envió a la OA un informe sobre la formación de activos externos en el período 2015-2019, acompañado de otro reporte jurídico con una evaluación técnica del endeudamiento y un derrotero de violación de normas. Es un informe muy importante, muy útil, que activó nuestra participación”.
En base a ese informe del BCRA, que también fue enviado a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) se comenzó a trabajar en conjunto con este organismo, que respecto del crédito del FMI “hizo un trabajo muy bueno, que consistió en una auditoría legal”. “Con esos dos materiales hicimos la denuncia”, afirmó Crous.
Respecto de la posibilidad de que la toma del millonario crédito con el Fondo sea judiciable, el funcionario explicó: “No se puede realizar un endeudamiento arrasando con todas la normas. El procedimiento para tomar la deuda con el FMI tenía un trámite que no era una mera formalidad burocrática. Era un trámite que exigía la intervención de varios actores que documentaran técnicamente la decisión política del crédito. La «oportunidad, el mérito y conveniencia» está reglado, debe sujetarse a dictámenes del Banco Central, de la Secretaría de Hacienda, entre ellos el impacto en la Balanza de Pagos. Esos pasos no se cumplieron”.
Luego consideró que “había otros instrumentos menos perjudiciales que tomar ese crédito” que produjo “un perjuicio al pueblo argentino para garantizar a los inversores que estaban ganando en pesos (con las Lebac) pudieran salir de esos pesos y comprar dólares”. Y remarcó: “Esa decisión fue de un administrador infiel, que deliberadamente tomó una medida ruinosa para sus mandantes –el pueblo argentino- con el objetivo de garantizar las ganancias de un grupo específico (personas y empresas)”.
Crous insistió en que este delito ya “está probado” y añadió: “Lo único que falta verificar es el eslabón de quiénes han sido beneficiados. Si lo fueron por empatía o por negocios o por información privilegiada (una colusión de intereses). Para que haya delito no es necesario saber quiénes fueron los beneficiados, basta con saber quiénes fueron los perjudicados”.
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En este sentido, confirmó que el pedido de levantamiento del secreto bancario es para “saber cómo se formaban las posiciones de las Lebac y para quiénes compraban las letras los bancos”. “Queremos hacer una trazabilidad del sistema especulativo de valorización financiera en ese tiempo. No es por un interés académico ni es una auditoría ni es para una investigación en términos históricos. La investigación que hacemos es para saber cómo se estructuró esa maniobra compleja. El informe del Banco Central muestra cómo se distribuyó esa dolarización y refleja una elevada concentración en un mercado pequeño. Queremos saber los nombres y apellidos, para luego pesquisar a partir de esos datos si hubo negocios sospechosos”, señaló.
Crous descartó la posibilidad de citar a los funcionarios del FMI involucrados en el otorgamiento del crédito, que tienen “inmunidades específicas”. Pero confirmó que hasta el momento los imputados son cuatro funcionarios del área económica de Cambiemos (Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris, sobre quienes Crous manifiesta estar “seguro” de que eran conscientes del desastre financiero que implicaban sus decisiones), pero todavía no está incluido el ex presidente Mauricio Macri.
Respecto de su responsabilidad, Crous explicó: “Él tomó la decisión. Es el jefe de la administración. Fue él quien presentó el acuerdo con el FMI por un canal de Youtube -no por cadena nacional- en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Lo presentó en primera persona como un crédito preventivo. Era el bote del salvataje de la primera clase del Titanic. Asumió la responsabilidad de la decisión de la maniobra. Después no interviene porque el crédito se pierde en irregularidades administrativas. No fueron desprolijidades; fueron violaciones deliberadas de las normas para eludir la intervención del Congreso Nacional”.
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Entre las irregularidades encontradas, el titular de la OA enumeró: “En la tramitación del expediente, donde se debió construirse y documentarse la decisión política de volver a endeudarse con el Fondo Monetario, se arrasaron con todas las normas: la ley marco del Presupuesto, la Ley de Administración Financiera. Los objetivos declarados fueron mentirosos. Se dijo que se iba al Fondo para incrementar las reservas, y esos dólares ingresaban por una puerta y salían por otra. Ese crédito no estaba en el Presupuesto. Fingieron que había una contingencia pero, en realidad, fue autoinfligida. Esas violaciones secuenciales de las normas para tomar el crédito son en sí mismas un delito”.
Y concluyó: “Se descartaron las herramientas que tenían disponibles para apagar un poco el incendio con el objetivo de que un puñado de especuladores se beneficiaran a costa del incendio total de la economía. Fue una maniobra deliberadamente ruinosa. Pagamos un seguro de cambio fraudulento. Esta es la administración fraudulenta básica. Hay que terminar con la impunidad de quienes arruinan sistemáticamente a la Argentina con el endeudamiento”.
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