Con una escasa regulación del fondo de gestoría social, los diputados locales salientes gastaron prácticamente al libre arbitrio los 40 mil pesos que recibían mensualmente. Lo mismo compraron toallas sanitarias, flores, centros de mesa, o armaron una especie de nómina con beneficiarios.

El único requisito que les exigió el área administrativa del Congreso del Estado era que las facturas que entregaban para comprobar sus gastos de “gestoría social”  llenaran los requisitos fiscales, y que entregaran a tiempo sus comprobantes al cierre del mes.

Una revisión realizada a los expedientes del año fiscal 2017, de cada uno de los diputados salientes, producto de una solicitud de acceso a la información pública realizada por Ríodoce, mostró cómo los diputados llenaron sus formatos, sin una uniformidad institucional, sin apegarse a ningún criterio para el ejercicio de los recursos del fondo de “gestoría social”.

El concepto de “gestoría social” presupone una atención a grupos vulnerables, pero como no está específicamente definido el concepto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado, menos aún los rubros que deberán contemplarse o los límites de los conceptos que cubre, el fondo se convierte en terreno libre para el gasto.

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Los diputados del PRI, Tomás Amador Carrasco y Aarón Rivas Loaiza armaron una nómina con beneficiaros que se repiten cada mes, para cubrir la comprobación de los 40 mil pesos que recibieron.

En el listado de Tomás Carrasco aparece como beneficiaria una activista integrante de Enlace Cívico Magisterial (ENCIMA), Araceli Margarita Plata Medina, quien recibió 38 mil 106 pesos con el respaldo de una factura de materiales de construcción, al igual que Claudia Alejandra Acosta, por un monto de 37 mil 584 pesos.

De mayo a octubre de 2017, el ex diputado Carrasco, quien buscó reelegirse como legislador, pero no lo consiguió, entregó a Patricia Prado Rodríguez, secretaria de Conflictos de Preescolar del SNTE 27, un total de 39 mil 927 pesos, cada mes, con lo que cubría la comprobación de sus gastos por “gestoría social”, sumando un gran total de 240 mil pesos.

Para los meses de noviembre y diciembre, los beneficiarios de la nómina cambiaron de nombre; apareció Claudia Alejandra García Beltrán con apoyos por 30 mil pesos y Mónica Ramírez Osuna por 31 mil pesos.

En la nómina armada por el ex diputado Aarón Rivas —quien buscó ser legislador federal, pero también perdió en la pasada contienda electoral— aparecen siete nombres de beneficiarios que se repiten en diversos meses: Claudia Margarita León, Fátima Dolores Velazco, Guillermo Ochoa Valle, José Ángel Ibarra Pérez, Andrés Humberto García Sánchez, Óscar César Zaid Ramos de la Vega, y Jessica Soto Contreras.

Los montos entregados a los anteriores beneficiarios varían cada mes y van de un rango entre los 4 mil 310 pesos a los 10 mil 861 pesos, bajo el concepto de “oficina de gestoría” y se especifica que eran de un sector económico social de escasos recursos.

Quien fuera la líder de la bancada del PRI, Irma Tirado Sandoval, fue muy versátil en el destino que dio a los recursos del fondo de Gestoría Social. Por ejemplo, en marzo de 2017 presentó una factura por 9 mil 280 pesos por la compra de centros de mesa, en mayo presenta otra por una arreglo floral de 4 mil 176 pesos para Irma Barrón Navarro, y otro pago similar en junio por 2 mil 603 pesos para su diputada suplente Gregoria Delgadillo Ramos.

Una beneficiara consentida de Tirado Sandoval fue Lucina Manjarrez Guerrero, para quien compró materiales diversos para un negocio por 17 mil 792 pesos en mayo de 2017, y en julio le pagó reconocimientos por 13 mil 257 pesos, y para cerrar, en diciembre presentó factura por regalos por un total de 15 mil 201 pesos.

Para agosto del mismo año presentó una factura por 7 mil 606 pesos por concepto de compra de toallas femeninas para su suplente Gregoria Delgadillo Guerrero, la misma a quien con los recursos de gestoría social pagó un boleto de avión por un total de 6 mil 104 pesos.

Como no existe regulación alguna para ejercer este gasto, otros diputados los dedicaron a compras diversas. El legislador de Morena Jesús Baltazar Rendón presentó facturas por comprar llantas a diversos beneficiarios.

En junio de 2017, el diputado de Morena comprobó sus gastos de gestoría social al presentar una factura de 20 mil 435 por la compra de llantas a la empresaria Fernanda Vanessa Valeria; en septiembre por 9 mil 690 al emprendedor César Torres Cruz, y en diciembre con el concepto de “economía familiar” a Edgar Emir Sainz Bastidas por 10 mil 053 pesos.

La comprobación de la diputada Maribel Chollet (PRI) fue de contrastes, puesto que en enero entregó apoyos para 30 beneficiarios, pero su favorita fue Ligia Flavia Sarmiento, a quien en febrero entregó apoyos por 33 mil 602 pesos, en abril por 71 mil pesos, en mayo por 10 mil 052 pesos, en junio por 10 mil 052, y en julio por 104 mil pesos.

La diputada del PRI, Elsy López Montoya se especializó en pagar viajes de estudios. En mayo de 2017 pagó a Carlos Antonio García Cambero 27 mil 893 pesos, y a Gleenkan Emmanuel Morales López 16 mil 982 pesos. Para junio apoyó con 38 mil 220 a Gloria Peña López por el mismo concepto.

En la versatilidad para comprobar gastos, también entró la diputada de Morena, Merary Villegas, hoy diputada federal, quien en diciembre de 2017 completó su cuota al presentar una factura por un servicio automotriz para el señor César Josué Cabrera Leyva por un total de 18 mil 358 pesos.

La diversidad de beneficiarios contrasta con otros diputados que presentaron facturas para “grupos vulnerables” con montos pequeños, como el caso de la diputada del PRI, Ana Cecilia Moreno Romero, quien tiene en sus expediente en promedio, entre 10 y 30 rubros. Por ejemplo en septiembre de 2017 presentó una factura por la compra de un abanico que costó mil 093 pesos para Alicia Ibeth Madero López.

Caso similar fue el de la otra diputada del PRI, Gloria González Burboa, quien comprobó gastos por la compra de una bocina de una primaria por 2 mil 319 pesos. O bien la diputada del PAS, Angélica Díaz Quiñonez, quien con apoyos diversos apoyó hasta 36 personas mensualmente con montos que van desde los 142 pesos, aunque no precisa el concepto específico.

Quien fuese coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Carlos Castaños, hoy diputado federal, incluyó en sus gastos por varios meses en 2017, el pago de una beca alimentaria para Arturo Sánchez Saínz, quien fuera representante de la agrupación de Mexicanos Primero en Sinaloa, actual subsecretario de Transparencia y Contraloría Social.

La también diputada panista que fungió como líder de la bancada del PAN, Tania Morgan también incluyó a Arturo Sánchez Sainz como beneficiario un mes, aunque hizo la acotación en su comprobación que era un apoyo para becas de niños del programa “Quédate en la Escuela” del Club Rotario.

Y como el gasto es totalmente abierto en “Gestoría Social”, un mes la diputada del PRI, Irma Moreno, destinó el  total de fondo de 40 mil pesos para beneficiar a Luz Elena Trapero, de la agrupación Gente Pequeña de Sinaloa.

El diputado del Partido Verde Ecologista, Misael Sánchez, no se complicó, y sus gastos los comprobó regularmente con dos o tres facturas de compra de computadoras. El caso más extremo fue en julio de 2017, cuando amparó el total de sus gastos con factura de 40 mil pesos por la compra de una lap top para Alberto López González.

El diputado que más fielmente cumplió con las reglas administrativas del fondo de Gestoría Social, fue Jesús Alfonso Ibarra Ramos (PANAL), quien puntualmente al cierre del mes entregaba su comprobación de gastos, especificaba el lugar y el concepto del gasto, y anexaba fotografías del apoyo.

Artículo publicado el 14 de octubre de 2018 en la edición 820 del semanario Ríodoce.