La Fiscalía de la CPI sigue examinando a Colombia

Desde el año 2004 la Fiscalía de la CPI adelanta un examen preliminar sobre los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en el país desde 2003 y 2009, respectivamente, que incluyen homicidios, desplazamientos forzados, privaciones graves de la libertad física, torturas, diversas formas de violencia sexual, ataques dirigidos contra la población civil, tratos crueles, ultrajes contra la dignidad personal, toma de rehenes y reclutamiento de menores.

En su último informe, publicado hace dos semanas, dicha Fiscalía anunció que continuará examinando la admisibilidad de los casos potenciales teniendo en cuenta las condiciones de impunidad y el carácter genuino de las actuaciones judiciales adelantadas por el Estado.

Sobre el primer aspecto creo que existe un hecho notorio. Han pasado más de 14 años sin que las autoridades del Estado lograran investigar, juzgar y sancionar la mayoría de los graves crímenes cometidos, como ocurre en materia de desplazamiento forzado, las diversas formas de violencia sexual y los “falsos positivos”. Los avances registrados hasta ahora no son satisfactorios ni se han dirigido a los máximos responsables, por eso la actuación del Estado debería ser muy diligente para remediar la situación de impunidad.

Frente al segundo aún hay un trabajo por hacer. En primer lugar, debe adelantarse una evaluación sobre el funcionamiento del actual sistema tripartito de justicia respecto de la lucha contra la impunidad de los crímenes mencionados y la satisfacción de los derechos víctimas, para promover los cambios que sean necesarios. Por ello es importante que la Fiscalía de la CPI haya mencionado que “continuará examinando el carácter genuino de las actuaciones llevadas adelante en el contexto del sistema de justicia ordinario, los Tribunales de la Ley de Justicia y Paz y la JEP” (Informe, par. 165).

En segundo lugar, la evaluación debe tener en cuenta los intentos promovidos este año por reducir y afectar el funcionamiento de la JEP, como lo fue la inclusión en las reglas de procedimiento de medidas para afectan “los objetivos de la investigación de delitos presuntamente cometidos por las fuerzas armadas y la creación de un procedimiento especial y diferenciado para agentes del Estado” (Informe, par. 159).

Por esa razón, la Fiscalía de la CPI señaló que “Si bien las nuevas disposiciones legislativas han sido demandadas ante la Corte Constitucional, este asunto y toda otra iniciativa legislativa que pudiera resultar en retrasos en traer a los perpetradores a rendir cuentas, limitaciones a los alcances y la exhaustividad de las investigaciones sobre delitos complejos y, en general, poner en duda el carácter genuino de los procedimientos, son de gran interés para la Fiscalía en la medida en que podrían tener impacto sobre la admisibilidad de casos potenciales relacionados con agentes del Estado” (Informe, par. 159).

Eso indica que dicha Fiscalía va a seguir atenta a las gestiones que se adelanten para el pleno funcionamiento de la JEP, incluyendo su reglamentación, operación y actuación, como elemento con un impacto crítico en el examen que adelanta.

Este mensaje es importante porque le deja claro al Estado colombiano que debe adelantar las actuaciones necesarias para velar por el adecuado funcionamiento de la JEP, lo que incluye el respeto a su autonomía administrativa, presupuestal y técnica, y la protección frente a los ataques que se dirijan a su desnaturalización o debilitamiento, como ha ocurrido en los últimos meses en el Congreso de la República. Ya lo había dicho en el mes de noviembre el Fiscal adjunto de la CPI en su visita al país “permitan que los magistrados de la JEP hagan su trabajo; apóyenlos en todos los aspectos necesarios; la paz con justicia y la rendición de cuentas es la forma más eficaz de garantizar que la paz sea sostenible y duradera”.

¿Seguirá el Estado permitiendo que se ataque a la JEP? ¿No se da cuenta que la Fiscalía de la CPI sigue atenta a que la JEP pueda cumplir con sus funciones?