Tiempo de decisiones

Hoy se cumple el plazo fijado por el presidente Iván Duque para analizar las circunstancias que rodean los diálogos con el ELN y decidir sobre su continuidad. Es el momento para saber si se mantendrá un proceso que se ha dilatado precisamente por la insistencia en sostener el secuestro y la violencia como argumentos para negociar con el Estado que representa a todos los colombianos.

Cabe advertir que esa amenaza ha sido la constante en todos los intentos dirigidos a establecer un mecanismo serio que permita hacer la paz que necesitan y reclaman los colombianos. Y que no se trata de una negociación entre el grupo ilegal y una organización cualquiera, sino con la Nación representada por sus autoridades legítimas.

Por ello, lo que se requieren son gestos claros que den a entender la voluntad de cesar todas las actividades ilícitas que realiza el ELN y demuestren su deseo de reintegrarse a la vida normal, incluida la posibilidad de participar en la política si así lo pretenden sus integrantes. Son actitudes que no dejen dudas sobre las intenciones del grupo guerrillero las que permiten que los colombianos acepten concesiones que puedan facilitar el camino hacia el acuerdo.

Lo que ha ocurrido en la última etapa del proceso iniciado hace 29 meses en Caracas, Venezuela, no da para pensar que ese propósito de abandonar la violencia es claro. Por el contrario, el secuestro de colombianos civiles o servidores públicos, la voladura de los oleoductos y la extorsión descarada que se disfraza con supuestas defensas del patrimonio nacional, son las constantes que debió soportar el gobierno anterior, comprometido como estaba en conseguir un acuerdo que detuviera por la vía civilizada lo que han sido cincuenta años de una guerra estéril.

Hoy, el ELN se asemeja cada vez más a una federación de grupos empeñados en aprovechar el espacio que dejó el acuerdo con las Farc para ampliar sus actividades criminales. Una organización que mantiene una aparente defensa de principios mientras celebra toda suerte de alianzas y negocios con el narcotráfico, la minería ilegal y la explotación de la frontera con Venezuela, de la mano de la dictadura que allí impera.

El presidente Duque exigió la liberación de todos los secuestrados, servidores públicos o civiles, como condición para reanudar los diálogos que se llevan a cabo en La Habana ante la renuncia del Ecuador a ser sede y facilitador por razones conocidas con amplitud. En respuesta, las facciones del ELN y sus representantes en Cuba se contradicen y exigen protocolos que incluyan la participación de la comunidad internacional.
La respuesta fue liberar a tres soldados en el oriente del país, sin que se sepa la suerte de los otros, por lo menos quince personas que padecen el secuestro a manos de esa organización.

Se espera entonces que se dé a conocer la posición del Gobierno Nacional sobre los diálogos con el ELN. Es el momento para definir si estamos dispuestos a continuar negociando mientras la población colombiana sigue siendo objeto del terrorismo para obligar al Estado a ceder lo inaceptable.
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