La inflación de marzo superó todos los pronósticos y ya acumula 13% en lo que va de 2021. Todas las medidas del gobierno para intentar frenarla fracasan, mientras la suba del precio de los alimentos pulveriza el bolsillo del pueblo trabajador.
Escribe José Castillo
El número superó hasta a las consultoras económicas del establishment, 4,8%, el valor más alto para un mes de marzo desde la hiperinflación de 1991. Sumado a los números ya por arriba de 4% de enero y febrero, asciende a 13% para el primer trimestre. Frente a esta realidad, la inflación anual que calcula el gobierno para todo 2021, de 29%, se transforma en un cuento chino. El cálculo es que, con suerte, y suponiendo incluso que el alza de precios amaine un poco en los próximos meses, terminará en 48 por ciento. Y no hablemos si se llega a dar algún episodio de suba del dólar u otra anécdota parecida, ahí fácilmente se superará el 50 por ciento.
Estos números fríos, sin embargo, esconden que los productos de la canasta familiar subieron mucho más. El rubro de artículos relacionados con la educación, muy sensible en el mes de marzo con el comienzo de las clases, aumentó 28,5%, y los delantales y uniformes, 10,8 por ciento. En lo que respecta a los alimentos, el precio de la carne está desbocado. Pero no es el único, la leche entera se incrementó 12%, el queso cremoso 15,8% y el yogur firme 10,8%, por citar solo algunos ejemplos.
El gobierno del Frente de Todos no va más allá de las declaraciones altisonantes de la secretaria de Comercio, Paula Español, o incluso de medidas administrativas que salen de su cartera que luego nadie hace cumplir. Parecen comentaristas, ellos mismos dicen que las empresas “anticipan aumentos para cubrirse” (Ámbito Financiero, 16/4/2021), pero no toman ninguna medida concreta para frenar estas maniobras.
La realidad es que los acuerdos voluntarios de “precios cuidados” y el listado cada vez más pequeño de “precios máximos” no sirven para nada. El propio gobierno autoriza aumentos, o directamente los provoca, como hace YPF con los combustibles.
Y las empresas, en particular las monopólicas y oligopólicas de alimentos agrupadas en la Copal, violan escandalosamente todas las restricciones. Hacen desaparecer los productos que están en los listados de precios máximos o cuidados y los reemplazan por otros, con envases que dicen tener 10 gramos más o menos, pero que ya al ser “distintos” no tienen restricciones y son “libres”, o sea, se los puede aumentar a voluntad. Estas firmas están aumentando, como piso, 1,3% promedio cada semana los productos vinculados a la alimentación.
Todo esto no es nuevo. Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) señala que en los últimos cuatro años, mientras la inflación promedio creció 310,6%, los precios de los alimentos subieron 335,2%, ¡casi 25% más! Con algunos rubros totalmente por encima, las frutas subieron 437,7%, la carne 389,6% y el grupo conformado por café, té, yerba y cacao, 348,6 por ciento.
No se puede seguir jugando con el bolsillo de las y los trabajadores, jubilados y demás sectores populares. Hay que recomponer urgentemente sus ingresos con aumentos de emergencia y salario social para el que lo necesite durante la pandemia. Pero, al mismo tiempo, hay que terminar con los “vivos”, las empresas monopólicas y oligopólicas de alimentos u otros productos de la canasta familiar y las cadenas de hipermercados que remarcan y lucran con el hambre popular. Se deben establecer precios máximos para todos los productos de esta canasta, sin excepciones, y exigir su cumplimiento, con durísimas sanciones, aplicando la Ley de Abastecimiento a quien los viole, lo que significa requisar mercadería acaparada, clausurar y hasta expropiar a los infractores.
