Militarización, seguridad pública sin máscara

Dos anuncios trascendentes esta semana disponen dejar de andarse por las ramas y chocar con la cruenta realidad. Como la opción menos “inconveniente”, López Obrador reveló su plan de seguridad, que tiene el valor de dejar de disimular la militarización de la seguridad pública como tendencia creciente de los últimos gobiernos. Si bien el paso al frente fue orillado por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al desechar la Ley de Seguridad Interior como un fraude constitucional con que se pretendía regular la presencia de los militares en las calles en la persecución del delito, el momento es ese del carnaval, cuando el anfitrión pide ¡fuera máscaras!

¡Esto es lo que hay!, dice Alfonso Durazo. Dejar de representar algo que no sucederá tiene la ventaja de conocer los verdaderos objetivos del próximo gobierno: teme, sobre todo, que la violencia lo rebase y la inseguridad lo lleva a retirar la idea del regreso paulatino de los militares —como López Obrador ofreció en campaña—, aunque no haya evidencia de que su presencia reduzca la violencia. Por el contrario, la nueva estrategia profundizaría la militarización, pero ahora ya sin la promesa de que el combate al delito regrese algún día al ámbito civil.

Su oferta de pacificar al país apuesta por la fuerza como la opción menos mala ante la “descomposición” y la ineficacia de las policías para “garantizar la seguridad”, para las cuales, sin embargo, no hay ni una línea de futuro.

La justificación es la misma de gobiernos anteriores para involucrar a los militares en la seguridad pública, pero, a diferencia de ellos, sin la careta de la “excepcionalidad” hasta el relevo por policías capacitados y profesionales. Dicho de otro modo, la creación de un mando castrense que integre a policías militares y civiles implica el reconocimiento del fracaso de autoridades federales y estatales de reformar las policías, incluso, a la principal corporación de la PFP, que quedaría subsumida bajo el paraguas de una nueva Guardia Nacional.

Éste sería un paso más en la misma dirección de los gobiernos anteriores de consolidar el peso fundamental de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen, aunque ahora, incluso, con la cobertura de una reforma constitucional que legalice su actuación de facto o evite disfraces legales para esconder su función. ¿Cuál diferencia con el anterior modelo de seguridad?

Pero la clarificación del planteamiento no podría explicarse sin el papel de la Corte que, como contrapeso institucional, estableció los términos del debate sobre la responsabilidad de la seguridad en el juicio de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.

Aunque es difícil de creer en las coincidencias en política, su declaración de invalidez obliga a López Obrador a buscar la reforma constitucional para su plan de seguridad, como condición para superar el mandato de la Corte de que la seguridad pública esté en manos de civiles, salvo cuando, expresamente, haya una declaración de guerra o de suspensión de garantías, como precisó el ministro José Ramón Cossío.

El fallo también es un apercibimiento de los riesgos de la permanencia del Ejército para los derechos humanos, e incompatible con la democracia.

El fallo deja en manos del nuevo gobierno, y de Morena en el Congreso, la responsabilidad de abrir a los militares las fronteras del poder civil, ya no como una situación transitoria, sino como parte de una profunda remodelación de las instituciones de seguridad y procuración de Justicia. Al mismo tiempo que un varapalo al gobierno y a la anterior legislatura por tratar de burlar a la Constitución con la aprobación y promulgación de la Ley de Seguridad Interior tramposa.

Tanto el fallo como los términos del plan ponen las cartas en la mesa sobre la discusión del modelo de seguridad. Ya no se trata de medidas que constituyen una excepción de la regla ante una situación extraordinaria, como justificó Calderón la salida de los soldados de los cuarteles y prorrogó Peña Nieto, con los mismos malos resultados que su antecesor, para contener la violencia o reducir el crimen, sino de una definición política que afectará, en la forma y en el fondo, los límites de los derechos de la democracia.