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Proceso de Paz

Gobierno deberá meterle el acelerador a la restitución de tierras

Exposición No tenemos miedo fue hecha en honor a la comunidad de Cedro Cocido, en Montería

Exposición No tenemos miedo fue hecha en honor a la comunidad de Cedro Cocido, en Montería

Foto:Gabriela Guerrero Alonso

Entregar predios que fueron de narcos y llegar a zonas, entre las estrategias.

Este año, el gobierno del presidente Iván Duque tendrá que meterle el acelerador a la restitución de tierras en el país. Esta política, que se desarrolla desde hace siete años, ha permitido devolver más de 330.000 hectáreas a familias despojadas por el conflicto, pero el total de solicitudes por tierras en las que un actor armado desplazó a sus propietarios supera el millón de hectáreas, y a esta política le quedan solo tres años de vigencia, pues vence en 2021.
La restitución comenzó hace siete años con la promulgación de la Ley de Víctimas, una normativa enmarcada en la consecución de la paz y el desarrollo del campo.
Durante este tiempo, 330.856 hectáreas se han les devuelto a 42.565 víctimas según cifras de la Unidad de Restitución.
Para agilizar este proceso, la unidad ha venido trabajando en un plan de choque. El primer punto es hacer un seguimiento continuo a las órdenes emitidas en las sentencias de los jueces de tierras para garantizar el cumplimiento de estas, incluso en los lugares donde ha sido vedada la presencia del Estado.

Trabajaremos para llegar a zonas rurales del Catatumbo, agilizar el cumplimiento de las órdenes emitidas por los jueces de restitución y fortalecer la restitución étnica

“Trabajaremos para llegar a zonas rurales del Catatumbo, agilizar el cumplimiento de las órdenes emitidas por los jueces de restitución y fortalecer la restitución étnica”, indicó la entidad.
Uno de los mayores obstáculos con los que se encuentra esta política es la imposibilidad de restituir los territorios que hoy están sembrados con coca, por la presencia de los actores armados que libran cruentas luchas.

Predios de narcos

Por los territorios en guerra se empezó a implementar un programa que permite entregarles tierras –que en los años 90 pertenecieron a los capos de la mafia– a las familias víctimas de despojo que no pudieron ser ubicadas de nuevo en sus antiguas parcelas.
Hasta ahora se han entregado predios que fueron extinguidos a narcotraficantes, avaluados en 31.300 millones de pesos, correspondientes a 529 hectáreas.
Entre estos predios se encuentran terrenos que pertenecieron a testaferros de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano.
Otro programa que se empezará a desarrollar desde este año, e incluye a las familias que han retornado a sus territorios, es el proyecto ‘Coseche y venda a la fija’, con el cual se busca asegurar la comercialización de los productos de los campesinos incluso antes de que comience la siembra. Esta podría ser la solución para las familias que no hayan vuelto a sus predios por las pocas oportunidades que les representan.
Este programa funciona “bajo el modelo de Agricultura por Contrato, con la cual beneficiaremos en los próximos cuatro años a 300.000 productores”, dijo el ministro de Agricultura, Andrés Valencia.
Estas estrategias contrastan con los obstáculos a los que se enfrenta la restitución en terreno, cuyas soluciones requieren la articulación de un andamiaje institucional del que el Gobierno apenas está trazando las primeras líneas.
El primer obstáculo son los vericuetos jurídicos que debe sortear la justicia para desenredar la maraña de la propiedad en Colombia; muchas veces, la demora no es por el proceso de reconocimiento de la titularidad sino por las verificaciones catastrales.
Otras dos razones hacen referencia a la imposibilidad de restituir los territorios que hoy están sembrados con coca, por la presencia de los actores armados de todo tipo y los que están sembrados con minas antipersona.
Tampoco se puede dejar a un lado que con el aumento del número de asesinatos de líderes sociales también ha crecido el temor en los líderes comunales, que son quienes impulsan la restitución en los territorios.
El despojo ha sido por años una de las estrategias más utilizadas por los grupos ilegales. De allí que el Gobierno se juegue con esta política no solo el éxito del cumplimiento a las víctimas sino el futuro de buena parte del posconflicto.
POLÍTICA
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