La ley establece que nadie debe justificar por qué quiere conocer documentos, siempre y cuando estos sean públicos.
Por José Pablo del Águila
Las municipalidades de Ayutla, San Marcos, y Barberena, Santa Rosa, quisieron establecer requisitos no previstos en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) a cambio de entregar a Ojoconmipisto actas de sesiones del concejo municipal.
Por medio del correo electrónico, se solicitó a ambas comunas que proporcionaran copias de actas de las reuniones del concejo del 13 de marzo al 11 de mayo de 2020. Ayutla envió los documentos, pero en su respuesta incorporó una resolución que advertía al solicitante que no podía difundir el contenido.
“(…) se hace del conocimiento que el contenido de esta información queda para uso exclusivo de las personas que lo solicitan. El uso, la distribución o copia de la misma a terceras personas está prohibida y puede ser ilegal” (Sic), acotó.
Por su parte, Barberena respondió que previo a darle trámite a la solicitud, se debía explicar el motivo para requerir las actas del concejo. Finalmente, tras una intervención de la Secretaría Ejecutiva de Acceso a la Información Pública (Secai) de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), entregaron lo requerido sin necesidad de ninguna justificación.
El artículo 41 de la LAIP dice en su último párrafo que las instituciones no pueden exigir al solicitante que justifique o manifieste una razón de por qué quiere conocer información pública.
Mismos equipos, pocos avances
Ayutla y Barberena tienen en común que sus alcaldes y equipos lograron reelegirse por más de un período. En el caso de la primera, tuvo como alcalde a Erick Súñiga desde 2008 hasta diciembre de 2019, cuando fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Falleció el 18 de abril pasado. El actual jefe edil es Eustaquio Rubén Méndez, quien era concejal I en la planilla de Súñiga.
Mientras que Barberena el alcalde entre 2000 a 2016 fue Rubelio Recinos. Fue reelecto para el período 2016-2020 pero por falta de finiquito no pudo asumir. Las elecciones pasadas las ganó y ejerce su quinto período.
En el ranking municipal de transparencia de la Secai 2019, que midió qué tanto las comunas cumplían con publicar de oficio la información que establece el artículo 10 de la LAIP, Ayutla obtuvo 0 puntos porque ni siquiera contaba con portal electrónico. Barberena punteó 69 , una calificación “baja”, según el criterio de la Secai.
Silvio Gramajo, consultor en temas de acceso a información pública, considera que la falta de avances en transparencia, pese a la continuidad de los equipos de trabajo, se debe a que operan con una lógica de opacidad.
Agregó que este tipo de respuestas en las que advierten al solicitante a no difundir la información son intimidatorias, disuasivas y contravienen el derecho a la libre emisión del pensamiento, regulado en el artículo 35 de la Constitución. Su efecto puede ser una baja en las solicitudes de rendición de cuentas de los ciudadanos.
Según la Secai, en 2016 Ayutla recibió 12 solicitudes y Barberena 188. Para 2019, la cantidad bajó en ambas alcaldías. En la primera no se presentó ni una, y en la segunda 32.
Lilian Sierra, titular de la Secai, comentó que en los próximos meses se prevé firmar convenios con el Ministerio Público para que la PDH, como autoridad reguladora, pueda ser querellante adhesivo en los procesos penales que se inicien por retención de información. Su rol sería orientar o sugerir criterios a los investigadores.
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