La ONG Acceso a la Justicia, orientada a la promoción y defensa de la justicia, democracia, libertad y derechos humanos, revelaron el pasado viernes 22 de julio que, de los 13 magistrados principales nombrados en diciembre del 2015 por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, 10 no cuentan con los requisitos mínimos que se requieren para la ocupación del cargo.
De acuerdo a la investigación, de los diez magistrados que consideran imposibilitados, ocho no cumplen con uno de los requisitos constitucionales para ostentar el puesto: haber ejercido la abogacía por al menos 15 años y tener un título de posgrado en derecho. Mientras que los otros dos incumplen el requisito de no ser activistas políticos, luego de haber estado activos siendo diputados con el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
“Esto (el activismo político) debería estar en el expediente del Comité de Postulaciones Judiciales. La carga de probar su renuncia es de ellos (de los candidatos), mientras no lo hagan, se debe presumir que no han renunciado”, reza el informe.
Se detalla que solo Marco Antonio Medina Salas, Vilma María Fernández González y Francisco Ramón Velázquez cumplen con las condiciones constitucionales y legales para acceder al cargo. “El 77% no cumple los estándares mínimos exigidos por la Constitución y la Ley para asumir un rol que por su importancia requeriría más bien de personas que tengan credenciales “de sobra”.
En cuanto al procedimiento utilizado para el nombramiento de los nuevos ocupantes del Poder Judicial, denuncian que fue violada la Constitución, específicamente el artículo 264; además de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el Reglamento del Comité de Postulaciones Judiciales y el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional.
“Es muy alarmante esta situación en que la Sala Constitucional avala situaciones tan violatorias de la Constitución, que dan pie cada vez más a la instauración de un Gobierno de facto y no de derecho”, sentencia el documento.
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