VIDAL LLERENAS
En la Ley de Ingresos aprobada recientemente en la Cámara de Diputados, básicamente se tomó una decisión de gasto. Me explico: los 43 mil millones de pesos adicionales que se registraron no tienen una fuente real de donde se generen. Se supone que los ingresos se recalculan porque el tipo de cambio será mayor, el precio de petróleo promedio del año será de 48.5 dólares (algo muy poco probable) y mejorará la eficiencia recaudatoria del gobierno. Es decir, se asumen mayores riesgos, al tomar variables en rangos menos conservadores. En realidad, se renuncia a discusión tributaria alguna, y se apuesta a que las estimaciones que envió la Secretaría de Hacienda estuvieran subestimadas. Por cierto, si el dólar y el precio del petróleo van a aumentar, y el impuesto especial a las gasolinas se mantiene, entonces el precio de éstas al público necesariamente va a subir. Es probable que el gobierno decida manipular el impuesto, como lo ha hecho este año, para posponer los incrementos de precios hasta que pasen las elecciones. Como la SHCP puede decidir durante el año como aplica el impuesto a las gasolinas, el Poder Legislativo puede también mandatar qué se hace con el mismo en una ley especial, de carácter anual, como es la Ley de Ingresos.
Es interesante preguntarse la razón por lo que dicha ley fue votada por todos los partidos, excepto Morena, en un contexto de alta confrontación política, cuando el nuevo cálculo de ingreso en realidad incrementa la incertidumbre y no se reduce el polémico impuesto a las gasolinas. En realidad los votos de PAN, PRD y MC no eran necesarios para que la ley se aprobara, bastaban el PRI y sus aliados. El punto es que a la hora de los ingresos se establecen compromisos de gasto. El problema es que no se hace por medio de procesos transparentes. Se negocian asignaciones a estados y municipios fuera de los esquemas de transferencia automáticos, basados en indicadores de población y pobreza, para hacerlo de manera discrecional, de acuerdo a la preferencia de los actores políticos. Eso explica en buena medida los problemas de calidad de gasto y corrupción en el gasto subnacional. Se dice que los 43 mmdp van a un fondo de reconstrucción, pero este simplemente no existe. Lo más probable es que una parte de los mismos se destinen a los famosos moches, por eso diputados de todos los colores, supuestos opositores de cepa, aprobaron con tanto entusiasmo la Ley de Ingresos.
De hecho lo que se anuncia es que el gobierno relajará la contención de gasto de los primeros meses del próximo año. Lo puede hacer no solamente porque cuenta con un registro de 43 mmdp adicionales, sino también porque el déficit autorizado es 44% superior a la deuda autorizada. Esto, en un contexto en el que el costo financiero de la deuda del país es, en proporción del PIB, similar al que enfrentábamos en los años 90. En general, esta Ley de Ingresos sirve para relajar las restricciones que en materia de déficit y deuda imponen distintas legislaciones a entidades y a la Federación. Los estados pueden, por ejemplo, tomar compromisos respaldados por las aportaciones federales, el ramo 33, sin autorización de sus congresos locales. El punto de la Ley de Ingresos no es sólo establecer lo que se recauda por cada fuente de ingreso, sino darle la vuelta a la legislación regular. Es decir, el gobierno compra márgenes de discrecionalidad y opacidad porque acuerda asignar gasto cuando discute los ingresos.
