Las iniciativas de datos abiertos deben tener en cuenta el derecho a la intimidad

Un usuario consulta twitter en su ordenador portátil. Foto: Banco Mundial
World Bank/Simone D. McCourtie
Un usuario consulta twitter en su ordenador portátil. Foto: Banco Mundial

Las iniciativas de datos abiertos deben tener en cuenta el derecho a la intimidad

Derechos humanos

Un experto de derechos humanos pide a la Asamblea General proteger la privacidad de datos digitales de los usuarios a nivel mundial, para evitar casos como el de Facebook-Cambridge Analítica, en el que se compartió la información personal de hasta 87 millones de usuarios con fines políticos.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad instó a los sectores público y privado a nivel mundial a revisar y descontinuar algunas de las formas en que actualmente comparten la información almacenada en las redes informáticas, conocidas como iniciativas de datos abiertos, que ponen la privacidad de las personas en un riesgo grave.

“Los datos son y seguirán siendo un activo económico clave, como el capital y el trabajo. Del mismo modo, se necesita una gestión adecuada y el respeto de las obligaciones legales ", dijo a la Asamblea General, Joe Cannataci.

Para Cannataci, algunas prácticas de intercambio de datos de los sectores público y privado están generando desconfianza entre los individuos y las comunidades. Como ejemplo citó las revelaciones de Facebook-Cambdrige Analítica, donde se compartió la información personal de hasta 87 millones de usuarios de la red social con la consultora política que colaboró con la campaña del actual presidente estadounidense, Donald Trump.

Ello ha disminuido la voluntad de los usuarios para proporcionar información personal, declara el experto.

El relator señala los riesgos crecientes de violaciones a la intimidad masivas a través de la publicación de información a gran escala bajo iniciativas de datos abiertos. Cannataci comentó el caso de la seguridad social sucedido en Australia. Los datos de 2,9 millones de personas que habían reclamado beneficios nacionales de atención médica se descargaron unas 1500 veces antes de ser retirados de la web tras recibir reclamos de doctores y pacientes.

“Las prácticas de datos deficientes hacen que las personas eviten los servicios públicos o proporcionen información incompleta o inexacta, lo que socava la calidad de los datos (incluida la precisión de los algoritmos de aprendizaje automático), y puede significar resultados sociales deficientes”, dijo el relator especial.

Las prácticas de datos deficientes hacen que las personas eviten los servicios públicos o proporcionen información incompleta o inexacta.

Cannataci dijo que el impacto en la privacidad de la divulgación de cualquier información gubernamental debe evaluarse cuidadosamente antes de hacerla pública, y debe evitarse por completo si la información se puede asociar a personas particulares.

El experto remendó un marco internacional con protecciones de datos consistentes y reglas para el acceso transnacional, por ejemplo, en la aplicación de la ley, o para corporaciones multinacionales que administran los flujos de datos internamente.

“Todos los Estados miembros de la ONU deben ratificar el Convenio de protección de datos 108+ e implementar de inmediato las salvaguardas para los datos personales recopilados con fines de vigilancia y otros fines de seguridad nacional”, recomendó. Además, los gobiernos deben revisar la idoneidad de los marcos legales y de políticas sobre inteligencia artificial, y evitar la erosión de los derechos humanos que surgen del uso de algoritmos, procesamiento automatizado y aprendizaje automático.

El Relator Especial invitó a los Estados miembros a participar en una consulta en línea sobre las perspectivas de género del derecho a la intimidad en la era digital. Las presentaciones están abiertas hasta el 30 de noviembre de 2018.

De acuerdo con el Banco Mundial, el concepto de Datos Abiertos es bastante reciente. Se originó con la convicción de que existe una enorme cantidad de información que es recolectada por el gobierno periódicamente, y que estos datos deberían de estar disponibles para todos los ciudadanos.

A fines de la década de los 2000, gobiernos y diferentes entidades comenzaron a permitir que un mayor número de usuarios tuviera acceso a estos recursos. Actualmente muchos países comparten esta información y cada año se suman nuevas intervenciones.