Revista Crítica Penal y Poder 2018, nº 15 Octubre (pp. 180-214) Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos Universidad de Barcelona ESTADO DE EXCEPCIÓN Y NECROPOLÍTICA COMO MARCO DE LOS OPERATIVOS POLICIALES EN VENEZUELA STATE OF EXCEPTION AND NECROPOLITICS AS A FRAMEWORK OF THE POLICE OPERATIONS IN VENEZUELA Keymer Ávila Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela RESUMEN Desde las tradiciones de la criminología crítica y los planteamientos de Agamben y Mbembe se intenta hacer unas reflexiones iniciales sobre los operativos policiales, la militarización de la seguridad ciudadana, el uso de la fuerza y el derecho a la vida en la Venezuela post-Chávez. La idea central es que el incremento de la violencia institucional durante las casi dos décadas de gobiernos del chavismo, más que presentar rupturas con los gobiernos anteriores, constituye parte de un continuo proceso de precariedad y deterioro de las instituciones cuya función manifiesta es la reducción y contención de la violencia. Paradójicamente la operatividad de estas instituciones termina potenciando la violencia en beneficio de los actores que coyunturalmente las dirigen. Palabras claves: Operativos policiales, militarización, uso de la fuerza, derecho a la vida, estado de excepción, necropolítica, Venezuela. ABSTRACT From the traditions of critical criminology and the approaches of Agamben and Mbembe, I tried to make some initial reflections about police operations, the militarization of citizen security, the use of force and the right to life in post-Chávez Venezuela. The main purpose of this paper is based on the idea that the increase of institutional violence during the almost two decades of chavism governments, more than ruptures with the previous governments, is part of a continuous process of precariousness and deterioration of the institutions of Venezuela. Although the manifest function of the aforementioned institutions Estado de excepción y necropolítica como marco de los operativos policiales en Venezuela should be the reduction and containment of the violence, paradoxically these institutions ends up promoting violence for the benefit of the actors who temporarily lead them. Keywords: Police operations, militarization, use of force, right to life, state of emergency, necropolitics, Venezuela. Introducción En estas líneas se sintetizan diversos trabajos empíricos sobre operativos policiales, militarización de la seguridad ciudadana, uso de la fuerza y derecho a la vida que hemos realizado durante los últimos años en la Venezuela post-Chávez. A la vez se enmarcaran los mismos en perspectivas teóricas que les permitan trascender la coyuntura en la que se encuentran insertos, así como los actores circunstanciales que las ejecutan, y las adscripciones ideológicas en las que se autodefinen, para develar y comprender las racionalidades políticas a las que estas prácticas obedecen. Los trabajos que sirven de base son principalmente tres: 1) Las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP): entre las ausencias y los excesos del sistema penal en Venezuela (2017a); 2) ¿La mano dura disminuye los homicidios? El Caso de Venezuela (Antillano y Ávila, 2017); 3) Uso de la fuerza pública y derecho a la vida en Venezuela (2018a), que se encuentra en proceso de edición para su próxima publicación. La idea central de este texto es que el incremento de la violencia institucional de carácter letal que puede observarse actualmente en Venezuela, que se ha acelerado e intensificado durante los últimos años, más que presentar rupturas o giros, parece formar parte de un complejo y contradictorio proceso de progresiva precariedad y deterioro de las instituciones cuyas funciones formales supuestas son las de contener la violencia. Paradójicamente, estas instituciones lejos de contener la violencia (tanto ajena como propia) terminan potenciándola en beneficio privado de los actores que coyunturalmente las dirigen. 1. Perspectiva teórica y metodológica Este análisis tiene tres grandes referencias teóricas: 1) la criminología de la reacción social y la sociología jurídico penal; 2) la tradición de la criminología crítica en especial su vertiente latinoamericana; 3) los estudios sobre biopolítica. De las primeras se toma a las instituciones del sistema penal y su operatividad como objetos de estudio; de la segunda se adopta la perspectiva política contextualizada desde el margen latinoamericano; de la tercera se parte de la reflexión que tiene a la vida biológica como objeto de la política. La criminología de la reacción social, la sociología jurídico penal y la criminología crítica latinoamericana: el sistema penal como objeto de estudio 181 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp. 180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Keymer Ávila La criminología de la reacción social tiene su origen en las corrientes fenomenológicas e interaccionistas que dan un vuelco en relación al positivismo y al funcionalismo desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, de la sociología en general y -desde luegodentro de la sociología jurídico penal. Se pasa así de estudiar la criminalidad a estudiar los procesos de criminalización, donde las definiciones y los conceptos son determinantes. A partir de este momento el propio sistema penal y sus instituciones se constituyen en objeto de estudio. Sin embargo, a estos enfoques les faltaba una visión de totalidad, aún no consideraban a las estructuras de la sociedad como un todo. Este vendría a ser el aporte de la Escuela de Frankfurt, de las teorías críticas de la sociedad, del materialismo histórico y de la sociología del conflicto. Éstas le sumarían lo valorativo, le dan una teoría general con pretensiones de globalidad que sirve para enmarcar y contextualizar el estudio de estos nuevos objetos del saber criminológico (Bergalli y Bustos, 1983) con una perspectiva política, que hace énfasis en las relaciones de poder. De allí surgirían diversas expresiones de la criminología crítica que daría al traste con toda la criminología convencional: el abolicionismo, el minimalismo y el realismo de izquierda. Cuyas tendencias más recientes presentan a los crímenes de estado y la guerra como objetos de estudio (Morrinson, 2006; Zaffaroni, 2007a, 2007b; Rivera, 2010, 2014). En este marco, el aporte de los estudios críticos de Baratta (1998, 2004a) y Bergalli (1986, 2003) sobre el funcionamiento real del sistema penal que desarrollaron una sociología jurídico penal son fundamentales. La esencia de esta sociología del control penal será profundizar en el porqué de las normas penales, sus racionalidades y consecuencias en la sociedad. Proponen un análisis de los controles jurídicos-penales en el marco de otras formas de control general que existen en una sociedad. Estas corrientes tendrían su recepción y desarrollo propio en Latinoamérica, principalmente en las obras de Del Olmo (1981, 1990), Aniyar (1987) y Zaffaroni (1998, 2003). La criminología crítica latinoamericana, en sintonía con el “paradigma de la dependencia” (Prebisch,1981), considera que los fenómenos de los países periféricos no son análogos a los de los países centrales, sino que son fenómenos derivados y, por ende, presentan una particularidad diferencial que es imposible analizar con las categorías del saber central. Hay fenómenos originarios de los países centrales que difícilmente puedan trasladarse idénticamente a la periferia. Los países que fueron colonizados son objeto de permanentes incorporaciones históricas forzadas, se le imponen modelos que no son producto de un desarrollo propio o autóctono, que obedecen a intereses de potencias centrales, cuyos efectos nocivos resultan amplificados en la periferia. Entre estas imposiciones se encuentran las formas-Estado, el capitalismo y el sistema penal que protegen y coadyuvan a la reproducción de estas relaciones y procesos de subordinación (Zaffaroni, 1998). Estos autores caracterizan a los sistemas penales latinoamericanos por su disparidad respecto a los discursos jurídico-penales y su realidad operativa; el descontrol del sistema, 182 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp.180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Estado de excepción y necropolítica como marco de los operativos policiales en Venezuela las patéticas condiciones de la vida carcelaria, la prisión preventiva como casi único castigo, la violencia policial normalizada, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, el terrorismo de Estado, y un largo etcétera, que denotan el predominio de un “sistema penal subterráneo” (Aniyar, 1987; Zaffaroni, 1998). De estas corrientes destacan dos ideas fundamentales para el presente análisis: 1) Las relaciones existentes entre la violencia estructural, la violencia institucional y la violencia delictiva; 2) La consideración de la colonia como una enorme institución de secuestro. Baratta (2004b), siguiendo los aportes de Galtung (1998), explica la violencia estructural como sinónimo de injusticia social, de represión de necesidades reales y por tanto de derechos humanos, es la forma general de la violencia en cuyo contexto, directa o indirectamente, encuentran su fuente, en gran parte, todas las otras formas de violencia. Según el agente la violencia puede ser también individual o grupal. La violencia institucional es la que es llevada a cabo por un órgano del Estado, un gobierno, el ejército o la policía. A este tipo de violencia pertenecen el terrorismo de Estado y las distintas formas de dictadura y represión militar. La violencia institucional es un instrumento de reproducción de la violencia estructural. Es por ello que el sistema penal invisibiliza a ambas, para ocuparse simbólica y selectivamente solo de algunos casos de violencia directa de tipo individual o grupal definidos como delitos, especialmente en momentos de crisis. En este marco los sistemas penales “más que sistemas de protección de derechos humanos son sistemas de violación de ellos” (Baratta, ibíd.:346). Para Del Olmo en América Latina “predomina la violencia estructural y su corolario la violencia institucional, resultados de las condiciones de dependencia económica, política y cultural de este continente” (1979:193). En el presente análisis este vínculo entre violencia estructural y violencia institucional en el contexto venezolano será fundamental. Zaffaroni (1998) al analizar las teorías criminológicas centrales y sus implicaciones en el margen latinoamericano, concibe a la colonia como una gigantesca “institución de secuestro” de características particulares. En este marco, el panóptico de Bentham, explicado por Foucault, como proyecto ideológico de un modelo de sociedad vigilada con mínimos esfuerzos no era válido para el margen, donde lo que se trataba era de contener a las mayorías para mantenerlas en el bajo nivel tecnológico de una economía primaria, que complementara a las economías centrales. El modelo para el control social en la periferia “partía de la premisa de la inferioridad biológica de los delincuentes centrales y de la totalidad de las poblaciones colonizadas: de allí la famosa teorización que postula la analogía entre el criminal y el salvaje -colonizado-. La cárcel en los países marginales era, pues, una institución de secuestro menor dentro de otra mucho mayor: la gran institución de secuestro colonial” (Zaffaroni, ibíd.:80-81). Esta idea de la colonia como espacio extremo de control que modela formas de gubernamentalidad, en la que se pueden apreciar contrastes entre los modelos centrales y los periféricos, será clave para conectar más adelante con los planteos de Mbembe (2011). 183 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp. 180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Keymer Ávila Biopolítica, necropolítica y estado de excepción Foucault cuando desarrolla su idea de biopoder como “tecnología de poder que tiene como objeto y objetivo la vida” (2001:230), es decir, un dominio político sobre la vida biológica de la población, no concibe al mismo como un ejercicio excluyente del poder de disciplina, ni del poder soberano de hacer morir o dejar vivir. Si bien éstos pueden separarse y contrastarse analíticamente, en la realidad convergen, se encubren, apoyan, articulan y complementan entre sí. La biopolítica no solo se trata de administrar la vida, también administra la muerte, no deja de lado este ejercicio de soberanía. “Se mata legítimamente a quienes significan para los demás una especie de peligro biológico” (Foucault, 2006:146). Este hacer morir del biopoder no es excepcional, forma parte de la cotidianidad de nuestras sociedades: Podríamos decir lo mismo [se refiere al racismo y la guerra] con respecto a la criminalidad. Si ésta se pensó en términos de racismo, fue igualmente a partir del momento en que en un mecanismo de biopoder, se planteó la necesidad de dar muerte o apartar a un criminal. (Foucault, 2001:233) Solo el nazismo, claro está, llevó hasta el paroxismo el juego entre el derecho soberano de matar y los mecanismos del biopoder. Pero ese juego está inscripto efectivamente en el funcionamiento de todos los Estados. (Ibíd.:235) Se trata entonces de un hacer morir al otro (la mala raza, el inferior, el degenerado, el anormal, el delincuente) para “hacer que la vida en general sea más sana y más pura”. El objetivo es la supresión de enemigos, que se constituyen en “peligros, externos o internos, con respecto a la población y para la población. En otras palabras, la muerte, el imperativo de muerte, sólo es admisible en el sistema de biopoder” (ibídem: 231). Foucault explica cómo a partir del siglo XIX el discurso biológico y evolucionista se hará uno con el discurso del poder e impregnará las relaciones de la colonización, las guerras, las “desviaciones” (delito, locura, enfermedad mental). En este marco el racismo como dispositivo tiene entre sus funciones jerarquizar, segregar, fragmentar grupos humanos, facilitará el ejercicio de matar a unos para procurar la vida de otros. Este racismo se desarrolla, “en primer lugar, con la colonización, es decir, con el genocidio colonizador” (Foucault, 2001:232). Es esta dimensión mortífera de la biopolítica que desarrollará Mbembe (2011a), desde la periferia africana, donde las expresiones de poder soberano son menos encubiertas y limitadas. Finalmente, Foucault en su obra presenta varias paradojas, ya se ha hecho referencia a una de ellas, un biopoder que puede acabar con la vida misma. Señala, además, cómo el Estado de Derecho lleva inserto dentro de sí al Estado de Policía, que las democracias mantienen parentescos genéticos con los regímenes totalitarios, y en esta misma línea también contempla las contradicciones entre el discurso jurídico y las practicas reales que de él emanan (paradoja jurídica). Se trata de la superación de lógicas binarias, “sin que exista posibilidad alguna de trazar líneas claras de demarcación” (Agamben, 2005:12). 184 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp.180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Estado de excepción y necropolítica como marco de los operativos policiales en Venezuela Sobre las dos primeras paradojas Foucault señalaba que el juego entre el derecho soberano de matar y los mecanismos de biopoder está efectivamente inscripto en el funcionamiento de todos los Estados (2001:235). Para el autor las experiencias del fascismo y el estalinismo, no fueron del todo originales, resultaron ser una prolongación de “toda una serie de mecanismos que ya existían en los sistemas políticos de Occidente. Después de todo, la organización de los grandes partidos, el desarrollo de aparatos policiales, la existencia de técnicas de represión como los campos de trabajo son una herencia realmente constituida de las sociedades occidentales liberales que el estalinismo y el fascismo no tuvieron más que recoger. (…) No sólo esto sino que, a pesar de su locura interna, usaron en gran medida las ideas y los procedimientos de nuestra racionalidad política” (Foucault en Fontana y Bertani, 2001: 247-248). Foucault también señala “la existencia de un parentesco, una suerte de continuidad genética, de implicación evolutiva entre diferentes formas estatales, el Estado administrativo, el Estado benefactor, el Estado burocrático, el Estado fascista, el Estado totalitario, todos los cuales son –según los análisis, poco importa- las ramas sucesivas de un solo y mismo árbol que crece en su continuidad y su unidad que es el gran árbol estatal” (Foucault, 2007:2019). Esta explicación sobre una especie de continuidad entre formas estado, en apariencia singulares y antagónicas, constituye también una herramienta útil para comprender a la Venezuela actual. Sobre la paradoja jurídica existente entre el modelo jurídico-institucional y el modelo político, donde el derecho contempla su propia excepción, se concentra la obra de Agamben (2005, 2006). El estado de excepción es el lugar en el que la ambigüedad entre anomia y derecho -que es la estructura constitutiva del orden jurídico-político- “emerge a plena luz y, a la vez, el dispositivo que debería mantener unidos a estos dos elementos contradictorios del sistema jurídico. Él es, en este sentido, aquello que funda el nexo entre violencia y derecho” (2005:14). El autor italiano parte de la idea de Carl Schmitt, según la cual, la soberanía es el poder de decidir el estado de excepción. Y –siguiendo las reflexiones de Walter Benjamín- afirma que el estado de excepción es la regla. Para Agamben (2006) el soberano está, al mismo tiempo, fuera y dentro del ordenamiento jurídico (paradoja de la soberanía). El estado de excepción sería un dispositivo biopolítico de primer orden, porque crea las condiciones jurídicas para que el poder disponga de los ciudadanos en tanto nuda vida. Suspende el derecho pero éste a su vez es el que lo fundamenta. El estado se presenta como la forma legal de aquello que no puede tener forma legal, es una especie de “umbral de indeterminación entre democracia y absolutismo” (2005:26). Cuando el estado de excepción “se convierte en la regla, entonces el sistema jurídico-político se transforma en una máquina letal” (Ibíd.:155). Esta “máquina ha seguido funcionando casi ininterrumpidamente a partir de la Primera Guerra Mundial a través de fascismo y nacionalsocialismo, hasta nuestros días. Inclusive, el estado de excepción ha alcanzado hoy su máximo despliegue planetario” (Íbíd.:155-156). Es esta la tesis de Agamben, el estado de excepción, como estructura política fundamental, ocupa 185 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp. 180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Keymer Ávila cada vez más el primer plano de nuestro tiempo y tiende a convertirse en la regla, hasta presentarse como “el paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea” (Ibíd.:25). Mbembe (2011a)1 siguiendo las ideas de Foucault (2001) y Agamben (2005) hace un análisis postcolonial, desde la periferia africana, que es aplicable también al resto de las periferias que fueron colonias, entre ellas la latinoamericana. Para Mbembe “la expresión última de la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir” (2011a:19). La soberanía la define entonces como el derecho de matar. Esta expresión mortífera se hace común en sistemas que solo funcionan en estado de emergencia, urgencia, relación de enemistad, es decir: en estado de excepción. En las colonias la preocupación del soberano por legitimar su presencia es menor, por ello practican “una forma de violencia más excesiva que las formas de soberanía europeas”. Las colonias no eran un Estado, no generan un mundo humano, son zonas de guerra y de desorden, por ello pueden ser gobernadas en ausencia absoluta de la ley. En estos contextos el orden judicial puede ser suspendido y la violencia del estado de excepción opera al servicio de la “civilización”. “Por todas las razones anteriormente mencionadas, el derecho soberano de matar no está sometido a ninguna regla en las colonias”. “La soberanía significa ocupación, y la ocupación significa relegar a los colonizados a una tercera zona, entre el estatus del sujeto y el del objeto” (Ibíd.:35-43). Es este el marco en el que desarrolla la idea de necropoder como forma específica de terror, éste define tanto a los Estados esclavistas como a los regímenes coloniales contemporáneos. La necropolítica no es más que la “sumisión de la vida al poder de la muerte (política de la muerte)” (Ibíd.:74). Al igual que en los planteamientos foucaultianos, esta necropolítica no excluye lo disciplinario ni lo biopolítico, pueden combinarse y coincidir. El contexto contemporáneo de este análisis es de “gran desabastecimiento, desintitucionalización, violencia generalizada y desterritorialización” de la cual surgen formas de gobierno privado indirecto, que suelen caracterizar a los Estados africanos (Mebembe, 2011b). Estos marcos de referencia son también aplicables para algunos Estados latinoamericanos, y para el venezolano en particular. Mbembe en la explicación de la necropolítica desarrolla desde una mirada periférica la expresión mortífera de la biopolítica de Foucault, las cuales están íntimamente vinculadas con la idea del estado de excepción y estado de sitio, como bases normativas del derecho a matar, lo que remite a la obra de Agamben. Las ideas de Foucault, Agamben y Mbembe ofrecen un terreno teórico fértil para el presente análisis. Los planteamientos de Mbembe son compatibles con la idea de Zaffaroni (1998) sobre la colonia como institución extrema de control, en ella el estado de excepción es la regla. La colonia no solo fue una enorme institución de secuestro, además –usando las 1 Las primeras referencias de las ideas de Mbembe como marco de análisis para la realidad venezolana pueden encontrarse en: Zubillaga y Hanson (2018) y Martínez (2018). Agradezco las conversaciones e intercambio con estos autores quienes me estimularon a estudiar al teórico camerunés. 186 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp.180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Estado de excepción y necropolítica como marco de los operativos policiales en Venezuela categorías de Agamben-, fue un enorme campo de concentración. Esas son las bases de la forma Estado de nuestros países periféricos. Notas metodológicas Los datos sobre el caso venezolano, provienen de las investigaciones empíricas indicadas en los primeros párrafos de la introducción. En éstas se analizaron las cifras oficiales disponibles sobre las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado en el país entre el año 1976 y 2017. Entre las informaciones oficiales destacan informes anuales de gestión, declaraciones públicas de autoridades, comunicados y mensajes en redes sociales. También se procesaron algunos datos obtenidos de manera oficiosa, a través de informantes clave de instituciones vinculadas con estas áreas. Adicionalmente, como complemento de los datos oficiales, ante la opacidad y precariedad que caracteriza a este tipo de información, se tomaron como fuentes las noticias sobre los casos de muerte a manos de las fuerzas de seguridad del Estado entre los años 2016 y 2017. Para ello se realizó un seguimiento diario de noticias durante ese período. 2. 2.1. Contexto: el continuo proceso de precarización y deterioro institucional La Venezuela pre-Chávez no era Disneylandia La historiadora Margarita López Maya explica cómo desde 1958 la “democracia” venezolana está indisolublemente vinculada al desarrollo económico y social de la población. Es a finales de los años 70 cuando se inicia para la sociedad un proceso sostenido de deterioro económico, retrocesos en importantes logros sociales, involución en la calidad de vida, así como un cierre de sus expectativas de progreso. La respuesta gubernamental fueron medidas de ajuste macroeconómico de orientación neoliberal, devaluaciones de la moneda, eliminación de los sistemas cambiarios preferenciales, liberación de precios y tasas de interés, aumento de los precios de la gasolina y de los servicios públicos, recortes a programas sociales, que trajeron como consecuencia mayor inflación, escasez de productos básicos, acaparamiento, aumento de la pobreza, que agudizaron el malestar general en el país. Las protestas populares se hacían cada vez más comunes. La violencia cotidiana, tanto social como institucional, se expandió e incrementó considerablemente respecto a las décadas anteriores (sobre este punto se volverá más adelante). Estos “indicadores revelan el caldo de cultivo donde germinaron los procesos de crisis y transición sociopolítica de la sociedad a fines del siglo XX” (López, 2005:39). En lo político-institucional el desprestigio de las instituciones del Estado era creciente: escándalos de corrupción en el sistema cambiario (se calcula una suma cercana a los 15 mil millones de dólares); evidente subordinación del Poder Judicial y la Fiscalía General ante el Ejecutivo; que socavaban su legitimidad. Todo apuntaba “a la debilidad de las instituciones que regulaban la vida político institucional y diaria de los venezolanos” (Ibíd.:62). 187 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp. 180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Keymer Ávila Así entonces, el actual sistema político venezolano tiene como antecedente un sistema en el que la ciudadanía no confiaba. La ciudadanía no confiaba en los partidos políticos, en las instituciones ni en el gobierno. Algunos hechos que marcan el quiebre de esta época son la masacre del Amparo de 1988, el Caracazo de 1989 y los intentos de golpe de Estado del año 1992. El sistema representativo fue puesto en tela de juicio y aumentó progresivamente la abstención electoral. Entró en crisis la democracia representativa y aparece de nuevo el pensamiento antipartidista en la opinión pública. Todo esto prepara el escenario para el “colapso electoral de los partidos políticos tradicionales en 1998, el triunfo inmediato como presidente de quien había sido el protagonista de uno de los golpes de Estado y la aprobación de la Constitución de 1999, que sustituye la democracia representativa por una democracia participativa y protagónica” (Rey, 2003). Esta segunda etapa de la “vida democrática” venezolana estará signada por la promulgación de la nueva Constitución de 1999 que fue -desde el punto de vista simbólico y formal- el inicio de una serie de cambios políticos y sociales que ha venido experimentando el país, que si bien no pueden ubicarse sus inicios en este año, es a partir del mismo cuando se aceleran tales procesos. Tres años más tarde, el 11 de abril de 2002 hubo un golpe de Estado en el que fue depuesto el Presidente y reinstalado 48 horas después. Posteriormente, a 8 meses del golpe, la oposición promovería la paralización de actividades de Petróleos de Venezuela, la principal empresa del país. Transcurridos 2 años se celebra un referéndum revocatorio presidencial, en el que sale victorioso nuevamente el Presidente. Finalmente, en el año 2006 culmina su primer mandato y en diciembre es reelegido. A partir de este año puede distinguirse una fase distinta, en la forma de ejercer el gobierno, cuyas acciones más emblemáticas fueron el intento de reforma constitucional, la creación del nuevo partido de gobierno (Partido Socialista Unido –PSUV-) y el cese de las transmisiones del canal RCTV. 2.2. La Venezuela post-Chávez A partir del año 2013 se inicia una tercera etapa, en la que se agudiza la crisis institucional y política, que confluye con problemas de diversa naturaleza: económicos, tales como la caída de los precios del petróleo2 y en consecuencia la reducción del PIB, acompañada de hiperinflación3 y escasez general de productos, en especial de alimentos y medicinas, devaluación de la moneda4, disminución de la capacidad de consumo y pobreza 2 La recesión y la reducción sostenida de la producción petrolera comenzaron en el 2014, tres años antes de las sanciones financieras impuestas por el gobierno de Trump (Lander, 2018). 3 Recientemente el FMI proyectó para el cierre del presente año una inflación que llegaría a 1.000.000%, equiparando la situación de Venezuela con la de Alemania en 1923 o Zimbabue a fines de la década de 2000 (Werner, 2018). 4 A partir de agosto de 2018 le fueron eliminados 5 ceros a la moneda. En 2007 le fueron quitados otros 3 ceros. En un lapso de 11 años la moneda ha perdido 100.000.000 de veces su valor. 188 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp.180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Estado de excepción y necropolítica como marco de los operativos policiales en Venezuela generalizada5; políticos, que se agudizarían a partir de la muerte del Presidente Hugo Chávez ocurrida durante el primer trimestre de ese año, lo que trajo como consecuencia crisis de liderazgos en el escenario político, así como la pérdida de legitimidad y hegemonía formal del partido de gobierno, cuya expresión más reciente está en la derrota electoral del 6 de diciembre de 2015, en la que, después de 18 años, la oposición retoma el dominio del Poder Legislativo. Esta victoria opositora generará una cadena de desconocimientos recíprocos entre los distintos poderes públicos que devendrá en una ola de protestas en el año 2017, la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente, la destitución de la Fiscal General de la República por parte de este ente (Ávila y Gan, 2018; Ávila, 2017a), así como unas elecciones regionales y presidenciales que han sido cuestionadas y desconocidas por amplios sectores. Finalmente, también se afrontan problemas en materia de seguridad ciudadana, como se describirá en las próximas secciones. Todo este escenario se presenta como una especie de déjà vu amplificado del clima económico, político y social de la década de los 80 a la que ya se ha hecho referencia, con la agravante que se viene arrastrando un proceso de deterioro institucional que no ha cesado durante todo este período. La omisión política de quienes ejercen el poder ante ese proceso es cómplice del mismo y se vincula funcionalmente con él. Pareciera que la historia reciente de Venezuela está marcada más por ciclos económicos que políticos, que giran en torno a la renta petrolera6. La conservación del rentismo, “como forma concreta de capitalismo en Venezuela” (Antillano et al. 2018:149), es una muestra más de que lo que ha sucedido en los últimos 60 años en el país, al menos en lo económico, sugiere más continuidades negativas que rupturas. En períodos de abundancia, por altos precios del petróleo, la renta se distribuye de una manera que genere mínimos consensos que garantizan la gobernabilidad de quienes tienen el poder político para administrar la industria. Cuando cesa la bonanza el sistema político entra en crisis, se deterioran seriamente las condiciones de vida de la población, especialmente la de los más pobres, lo que genera descontento y conflictos en diferentes estratos sociales, incluso dentro de sectores del mismo grupo gobernante. Ante esta situación el aparato del Estado reacciona de manera violenta en un intento de mantener el control. En la medida que se hace más violento se deslegitima más a sí mismo. Estos contextos son similares a los que describe Mbembe (2011a, 2011b) para los países africanos post-coloniales, que crean condiciones para que el Estado pueda transformarse en una máquina de guerra y ejercer la necropolítica: escasez de bienes diversos (incluyendo el dinero), desabastecimiento extremo, pérdida del valor de la moneda, hiperinflación, volatilidad de los precios, venta anticipada de recursos mineros a cambio de adelantos presupuestarios, violencia generalizada, masacres. Una crisis de subsistencia 5 Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela, entre 2014 y 2017 se pasó de un porcentaje de pobreza por ingreso de 48,4% a 87%, la pobreza extrema de 23,6% a 61,2% y los no pobres pasaron de 51,6% a 13% (España y Ponce, 2018). Según el último informe anual del PNUD (2018) sobre el IDH, solo Siria, Libia y Yemen, 3 países con prolongadas guerras, han perdido más puestos en el IDH que Venezuela. Este país ha retrocedido 16 puestos en el ranking mundial del IDH durante el período 2012-2017. 6 Bruni y Rodríguez (2016), por ejemplo, hacen un interesante análisis al respecto. 189 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp. 180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Keymer Ávila tal que el valor y el precio de todas las cosas se distorsiona, incluso el de “la vida y la muerte” (2011b:88). De este modo se presenta una violencia de tipo estructural en la que la violencia institucional encuentra un ambiente fértil, razón por la cual contribuye a su mantenimiento y protección, en una relación de mutua interdependencia (Del Olmo, 1979; Galtung, 1998; Baratta, 2004b; Ávila, 2017a). Tal como se ha explicado en otras oportunidades (Ávila, 2017a), es precisamente en momentos de crisis que los gobiernos suelen responder de manera más agresiva, esto se puede apreciar en diversos contextos, ya sea de manera general en la sustitución de políticas sociales por políticas penales y policiales (Wacquant, 2004), o de manera más específica en diferentes coyunturas nacionales (Hernández, 1986, 1989; Aniyar, 1989; Díaz-Llanos y Marrero, 1992; Núñez, 2007; Antillano, 2010). La excepcionalidad como regla Tal como lo explica Agamben (2005) la norma tiene inserta dentro de sí su propia excepción, la segunda se fundamenta en la primera. Se suspende el derecho para su protección. Y así está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los estados de excepción están insertos dentro del título “De la protección de esta Constitución” (artículos 337-339). Con base en los estados de excepción la Asamblea Nacional le confiere al Presidente de la República potestades legislativas, a través de una ley habilitante, en materias que deben estar delimitadas sustantiva y temporalmente. Hasta la Constitución de 1961 estas materias solo podían ser económicas y financieras (artículo 190.8), en la Constitución de 1998 no se expresa formalmente esta limitación (artículos 203, 236.7). Tradicionalmente los temas por los que se convoca una ley habilitante sueles ser emergencias económicas, naturales o crisis políticas. En lo que hemos denominado primera etapa de la vida “democrática” del país, el Congreso de la República aprobó 6 leyes habilitantes en 40 años (1958-1998) que dieron lugar a 172 decretos leyes, únicamente en materia económica y financiera. No obstante, las garantías constitucionales fueron suspendidas en 15 oportunidades (Comisión por la Justicia y la Verdad, 2017). Entre la segunda (1998-2013) y tercera etapa (2013-hasta la actualidad), un lapso de 20 años, se han aprobado al menos 8 declaratorias de estado de excepción a nivel nacional, dentro de ellas se han otorgado al menos unas 6 leyes habilitantes, de las cuales han emanado más de 292 decretos leyes (estos representan al menos el 43% de toda la producción legislativa de este período). Así los decretos leyes han “devenido en una fuente originaria de producción del derecho”. La “democracia se transforma de parlamentaria en gubernamental” (Agamben, 2005:48). 190 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp.180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Estado de excepción y necropolítica como marco de los operativos policiales en Venezuela Estos instrumentos han estado motivados por las más variadas materias: económica (1999, 2000-2001, 2007, 2016-20187), hidrocarburos, bancaria, agrícola, sector público (20002001), Fuerzas Armadas, vivienda (2007), servicio eléctrico (2010-2014), servicio de agua potable (2015), fuertes lluvias, turismo, derechos laborales, materia penal (2010-2012), garantizar a toda la población de municipios fronterizos el pleno goce y ejercicio de sus derechos (2015), seguridad pública, orden público (2018), corrupción (2013), defensa de la paz y la soberanía (2015)8. Basadas en estas leyes se han creado instituciones que se han visto envueltas en grandes escándalos de corrupción (Silva y Sira, 2012, 2014, 2015; Correo del Orinoco, 2013; Provea, 2018a). El discurso que ha caracterizado a la mayoría de estas declaratorias de estado de excepción, y que se ha hecho parte permanente del discurso oficial desde el año 2013 es el de la “guerra económica” (PSUV, 2017). En palabras de Agamben: “la emergencia militar cede el puesto a la guerra económica, con una implícita asimilación entre guerra y economía” (2005:41). Esta excepcionalidad se incrementa con la anulación progresiva de las facultades del Poder Legislativo desde el año 2016 y la imposición por parte del Poder Ejecutivo de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente desde agosto de 2017. La merma que desde hace años tiene el Poder Legislativo limitado a ratificar disposiciones emanadas del ejecutivo con decretos leyes, y que se ha acelerado con su supresión durante los últimos 2 años ha puesto “a punto los mecanismos y dispositivos funcionales del estado de excepción como paradigma de gobierno. Uno de los caracteres esenciales del estado de excepción –la provisoria abolición de la distinción entre poder legislativo, ejecutivo y judicial- muestra aquí su tendencia a transformase en duradera praxis de gobierno” (Agamben, 2005:33). La intención no es hacer un análisis jurídico normativo de todas estas situaciones, solo se pretende exponer las condiciones jurídico normativas, formales, en las que es evidente que el estado de excepción es la regla en Venezuela. Si esto es así desde lo jurídico-normativo, el plano de la realidad, de las relaciones que a partir de esos mandatos se generan es de una total desregulación institucional de la actividad del Poder Ejecutivo. Esta desregulación cae en cascada para el aparato militar y policial que se constituyen, a su vez, en herramientas fundamentales de su sostenimiento. Ningún otro poder controla al Ejecutivo y éste no controla al aparato militar ni policial. Entre ellos solo existen relaciones de reciproca utilidad. 7 Llama la atención que entre 1998 y 2015 el Ejecutivo tuvo control sobre el Poder Legislativo, lo que le permitía obtener las leyes que requiriese sin necesidad de arrogarse facultades legislativas. En 2018 con la Asamblea Nacional anulada de facto por el Ejecutivo, ya ni siquiera las Declaratorias de Estados de Excepción pasan por el control constitucional que debe tener este órgano. 8 Los efectos de las amenazas de Obama hechas en 2015 y antes de salir de la presidencia en 2017, así como las de Trump iniciadas ese último año, han fortalecido al gobierno venezolano a lo interno y crean condiciones para que éste legitime estados de excepción. 191 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp. 180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Keymer Ávila 3. Operativos policiales militarizados, masacres y otras expresiones menos letales La racionalidad bélica, militar, del enemigo es la justificación de los ajusticiamientos o ejecuciones extrajudiciales, así como de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad en general, tal como se analizará a continuación. En Venezuela se tienen indicadores generales en los que se puede apreciar un incremento de la violencia a partir de los años 80, que ha tenido un crecimiento sostenido desde 1998. Esto es importante tenerlo en cuenta para comprender cuál ha sido la situación de la violencia letal en el país, y cuáles han sido las respuestas institucionales hacia esa violencia. Esto es útil para entender por qué los problemas de seguridad ciudadana y de la militarización de la misma no nacen ni se generan a partir del año 1998. Lo que ha ocurrido a partir de esa fecha es una profundización negativa de lo que ya venía en deterioro. La Guardia Nacional (GN), por ejemplo, está activa desde 1937 ejerciendo de facto labores de policía nacional en todo el país, es un cuerpo de naturaleza militar inspirado en la Guardia Civil Española, que también tiene este carácter y que para esa fecha estaba inmersa en el franquismo. Esta corporación fue la que impidió desde hace décadas la creación de una policía nacional de carácter civil. La militarización no solo se reduce al ejercicio de los militares en determinadas áreas (que trasciende al tema de la seguridad para abarcar la generalidad de la política, como la alimentación, las empresas del Estado, la minería, etc.), por militarización debe también comprenderse la cultura, prácticas, lógicas bélicas internalizadas y llevadas a cabo por los funcionarios en general. Lo esencial es la racionalidad bélica que no respeta los límites legales e institucionales, que convierten la excepción en la regla. Cuando esto sucede las labores de seguridad ciudadana se convierten en una especie de guerra, con consecuencias fatales para cualquiera. A pesar del proceso de reforma policial iniciado en el año 2006, la militarización de la seguridad ciudadana, así como el incremento del protagonismo de organismos militares en estas labores ha sido también progresivo (Antillano 2014), ya sea a través de normas posteriores de carácter legal o sub-legal (Ávila, 2015) o con políticas que se imponen de facto, tales como el DIBISE iniciado en el año 2010, el Plan Patria Segura en 2013, las OLP del año 2015 (Ávila, 2017a), o el progresivo protagonismo del FAES a partir de 2017. Las intervenciones policiales excesivas y su lógica militar no son recientes en el país (Hernández, 1986, 1989; Aniyar, 1989; Del Olmo, 1990; Díaz-Llanos y Marrero, 1992; Ávila, 2017a; Ávila, 2018a), ni son una característica particular y exclusiva de los últimos años. En la actualidad lo que se está presenciando es la consecuencia de décadas de tolerancia con el deterioro institucional de estas organizaciones, el avance lógicas castrenses, así como de la precariedad de sus respectivos controles. 192 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp.180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Estado de excepción y necropolítica como marco de los operativos policiales en Venezuela 3.1. Operativos policiales militarizados: las masacres por goteo Zaffaroni (2011) denomina masacre por goteo a las muertes que el propio sistema penal produce día a día. Es esta modalidad continua de muertes diarias que se toman como referente para explicar los saldos fatales producto de la intervención de las fuerzas de seguridad en el país. Durante el año 2017 unas 4.998 personas murieron por el uso de la fuerza estatal (Reverol, 2017), es decir, que en Venezuela mueren diariamente unas 14 personas a manos de policías o militares. En los operativos policiales militarizados el protagonismo lo tienen los “grupos tácticos” o de “acciones especiales”. Estos grupos son conformados por efectivos previamente seleccionados y entrenados en tácticas de asalto y de combate, equipados con armas y equipos especiales de índole militar, que deben intervenir solo en situaciones extremas y de alto riesgo, tales como secuestros, toma de rehenes, enfrentamientos directos con delincuentes, arrestos peligrosos, etc. Una característica común de este tipo de situaciones es que en estos casos las policías preventivas o de investigación son rebasadas en armas (tanto en calidad como en cantidad) u ocurren en lugares de difícil acceso para ellas. Estos grupos representan la máxima expresión de los criterios de intensidad y especificidad de intervención policial que se requieren ante situaciones de máxima complejidad (Gabaldón, Becerra et al., 2012; Gabaldón, Ávila et al., 2014). El problema radica en el traslado de estas situaciones de excepción a la práctica rutinaria de los cuerpos de seguridad en general, sin una rendición de cuentas posterior ni justificación de este tipo de intervenciones. Sin contar, además, el efecto de modelaje que estos grupos terminan teniendo sobre el resto de la institución de la cual forman parte, así como sobre otros cuerpos que por sus competencias no deberían poseer grupos de esta naturaleza. Este es otro ejemplo sobre cómo la excepción se convierte en la regla. Los operativos policiales como expresión de una continua precarización de la institucionalidad Es importante tener en cuenta que los excesos en el uso de la fuerza en el marco de operativos policiales han sido parte de una práctica institucionalizada en el país, al menos durante las últimas 5 décadas9, que se han agudizado de manera progresiva con el pasar de los años. En la medida que se erosiona más la institucionalidad se incrementan los abusos y la arbitrariedad (Del Olmo, 1979, 1990; Gabaldón, 1993; Briceño et al., 2002; Antillano, 2010; Zaffaroni, 2011). Es por ello que para comprender el presente es fundamental tener en cuenta el pasado y considerar los contextos explicativos generales de este fenómeno en el país. 9 Por ejemplo: el 30 de enero de 1965 se realizó el llamado Operativo Oriente; el 28 de septiembre de 1970 se llevó a cabo la Operación Vanguardia; el 14 de febrero de 1981 el Plan Unión, que seguiría con otros nombres durante años (Hernández, 1986; Del Olmo, 1990). 193 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp. 180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Keymer Ávila Al analizar las informaciones y fuentes disponibles puede apreciarse que todas indican una tendencia al aumento de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Esta tendencia se hace más abrupta y acelerada a partir del año 2013, y presenta grandes saltos en 2015 y 2016. Estos últimos 2 años merecen una mención aparte que se hará en la sección siguiente. Llama la atención cómo se ve también un aumento de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, así como del porcentaje que éstas ocupan dentro del total de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Se pasa así de un 32% para el año 1992 a un 90,4% para 2017 (Gráfico 1). Se puede afirmar con certeza que durante los últimos 8 años -que es el período en el que se cuenta con la información mejor sistematizada y continua- han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 18.401 personas (Ministerio de Interior y Justicia – MIJ-, 2010-2017), llegando a una tasa para los últimos años que oscila entre 19 y 16 personas fallecidas por intervención de la fuerza pública pccmh. En 2010 la tasa era de 2,3 lo que representa un incremento de un 596% para el año 2017. El 60% de estas muertes han ocurrido durante los últimos 2 años. También pueden observarse algunas correspondencias entre el aumento de las violaciones en general a los derechos humanos (lesiones, violación de domicilio, tortura, privación ilegítima de libertad, acoso u hostigamiento, desaparición forzada) y las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado (Gráfico 2). Adicionalmente se aprecia una tendencia al aumento de las violaciones a los derechos humanos en general desde el año 1976 hasta la actualidad, con subidas notorias en los años 1994 (año de la crisis bancaria y elecciones presidenciales post intentos de golpe de Estado y juicio político contra el Presidente de la República), 2003 (año siguiente del golpe de estado contra el Presidente Chávez y período del paro petrolero, durante esos 2 años la tasa de homicidios aumenta 12 puntos), 2007 (año posterior a la segunda elección presidencial de Chávez, en el que plantea una cuestionada reforma constitucional, surge el movimiento estudiantil opositor, conflictividad callejera y protestas, sale del aire RCTV) y 2009 (año de la enmienda constitucional). Desde el año 2003 al 2013 los casos se han incrementado un 188% y la tasa en más del doble (Gráfico 2). Gráfico 1 194 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp.180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Estado de excepción y necropolítica como marco de los operativos policiales en Venezuela Violaciones al derecho a la vida y EEJ registradas por PROVEA 1991-2017 500 100% 400 80% 300 60% 200 40% 100 20% 0 0% Violaciones al derecho a la vida Ejecuciones extajudiciales (EEJ) % que representan las EEJ dentro del total de casos Lineal (% que representan las EEJ dentro del total de casos) Elaboración propia basada en los Informes Anuales de Provea (1991-2017) 195 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp. 180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Keymer Ávila Gráfico 2 Tasa pccmh de casos de muertes y víctimas de homicidios por intervención de la fuerza pública MP-MI 20 18 16 14 12 10 8 6 4 Elaboración, sistematización, procesamiento, cálculos y actualización propia con datos del MIJ (2010-2017) y del Ministerio Público (MP) (1977-2016) complementado con las bases de datos de Ávila, 2017b, 2018b. Las tasas se calcularon con información del INE y del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (este último solo para los años 1976-1995). 196 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp.180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Las OLP como símbolo de la aceleración de la maquinaria de guerra El caso del año 2015 es emblemático, porque las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado aumentaron entre un 69% (MP) y un 88% (MIJ) respecto al año anterior. Es el año que fueron lanzadas las “Operaciones de Liberación del Pueblo” (OLP), operativos policiales militarizados que marcaron un incremento significativo de este tipo de muertes. Si bien no se les puede adjudicar a la campaña de las OLP la totalidad de estos casos, sí se puede afirmar que la política de respaldar este tipo de operativos, sin controles legales ni institucionales, impacta directamente en el aumento abrupto de las mismas. Así, por ejemplo, el MP en su informe anual sobre del año 2015 registró unas 245 personas fallecidas en el contexto de las OLP durante sus primeros 5 meses, sin embargo, según fuentes de la misma institución éstas apenas representaron, aproximadamente, un 9% de las muertes totales en manos de los cuerpos de seguridad durante ese año. Por ello es importante tener en cuenta que más que las OLP como campaña, es fundamental develar el impacto que una política de esta naturaleza, con independencia de sus siglas coyunturales, tiene en la práctica cotidiana de los organismos de seguridad del Estado, que los convierte en agencias violadoras de derechos fundamentales (Ávila, 2017a), o en términos de Mbembe, en máquinas de guerra. La tendencia al aumento de estos casos se mantuvo durante el año 2016, donde se observan nuevos incrementos que oscilan entre 131% (MIJ) al 163% (MP) respecto al año anterior. Es decir, las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado aumentaron en más del doble en apenas un año. Si se hace el contraste con el año 2014, es decir, antes de la promoción de las OLP, puede afirmarse que esta muertes institucionales se han triplicado (333% según las cifras del MIJ, 343% según las del MP). Este tipo de muertes tienen relación con los homicidios en general. Desde una perspectiva interaccionista, la actuación del aparato policial y militar influye sobre la sociedad. Es decir, que la violencia institucional también tiene un impacto directo sobre la violencia social y delictiva. Tal como puede apreciarse en el Gráfico 3, el aumento abrupto de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado influye en el comportamiento de los homicidios; ambos fenómenos tienen, en Venezuela, una tendencia general hacia el aumento. Keymer Ávila Gráfico 3 Elaboración propia. Actualización y fusión de gráficos presentes en Ávila 2017b:121 y 135; 2017a:72; 2018b:10, con información del MIJ (2010-2017) y del MP (1993-2016) Así por ejemplo, en el año 2015 mientras las muertes en manos de las policías aumentaron en un 70% (MP, 2016), los homicidios lo hicieron en un 20%, creciendo la tasa 9 puntos, se pasó de 49 a 58, la más alta hasta ese momento. Para el año siguiente las muertes en manos de las policías aumentaron un 163%, los homicidios lo hicieron en un 22%. La tasa aumentó 12 puntos, se pasó así de una tasa de 58 a 70 (MP, 2017), la más alta de la historia del país, al menos de los registros conocidos hasta ahora (Ávila, 2017a, 2017b). Si bien en 2017 hubo una leve disminución coyuntural de ambos fenómenos, esto no afecta de manera significativa la tendencia general al aumento de los mismos que ya se ha analizado. Por otra parte, en modo alguno ha cesado el incremento sostenido del porcentaje que ocupan las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado dentro de los homicidios en general, que para 2017 alcanzó el 26% del total de casos (Ávila, 2018b10). 10 El año 2017 en Venezuela fue muy particular, razón por la cual lo ocurrido durante ese período no debe ser generalizado. Entre los factores que se deben tener en cuenta para el análisis de este período está la práctica paralización del país durante casi el 42% del año debido a las protestas y a la crisis política acaecida entre abril y julio; lo que impactó de diversas maneras a la vida nacional, los homicidios y las muertes en manos de las fuerzas de seguridad no están exentas de esta situación. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el fenómeno de la migración de venezolanos que se ha dado en el país durante los últimos años, que afectaría al número total de la población. Para 2017 la ONU estima que 1.425.336 personas habían migrado solo durante ese año, alcanzando para mediados de 2018 la cifra de 3 millones de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo (ONU, 2017; OIM, 2018). Las solicitudes de asilo y refugio también han aumentado vertiginosamente durante los últimos 4 años (ACNUR, 2018). Esta situación afecta el número real de la población en el país, si la población del país disminuye considerablemente, pero los cálculos de la tasa de homicidios se hacen basados en las estimaciones poblacionales del INE, se pudiera estar sobreestimando el número de población y la consecuencia sería una subestimación tanto de las tasas de homicidio como de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado (Ávila, 2018b:9-10). Agradezco las conversaciones con José Luis Fernández Shaw que me han servido de gran orientación para este análisis. 198 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp. 180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Estado de excepción y necropolítica como marco de los operativos policiales en Venezuela Gráfico 4 Elaboración propia. Actualización de gráficos presentes en Ávila, 2017b, 2017a, 2018b Como se puede apreciar en el Gráfico 4, el porcentaje que ocupan las muertes en manos de las fuerzas de seguridad dentro de los homicidios en Venezuela es cada vez más grande. Esta violencia institucional no solamente impacta directamente en los homicidios en general, sino que además, se vuelca también contra los propios funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, cuya victimización por homicidios tampoco ha disminuido durante los últimos años (Ávila, 2016a; Antillano y Ávila, 2017b). En el seguimiento hemerográfico que se ha realizado de estos casos durante 2016 y 2017, cuyos resultados serán pronto publicados (Ávila, 2018a), se obtuvieron los siguientes indicadores para tratar de estimar la desproporción en el uso de la fuerza: de un total de 2.683 muertes por intervención de la fuerza pública analizadas, en estos casos solo 22 funcionarios resultaron fallecidos. Es decir, que por cada funcionario fallecido en este tipo de intervención mueren 122 civiles. Resultaron heridos 136 funcionarios, lo que puede indicar que por cada funcionario herido mueren 20 civiles. Apenas sobrevivieron 77 civiles, es decir, que por cada civil herido por intervención de la fuerza pública fallecen 35. Esto indica claramente que hay un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado. Este escenario de violencia institucional ilimitada es funcional para la violencia estructural (política-económica), coadyuva a su mantenimiento y protección, en una relación de mutua interdependencia (Del Olmo, 1979; Galtung, 1998; Baratta, 2004b; Ávila, 2017a). El tema de la inseguridad o de la lucha contra el delito es solo una excusa para activar todos estos dispositivos. 199 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp. 180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Keymer Ávila El año 2016 se caracterizó, además, por la ocurrencia de 3 masacres: la de Tumeremo oficialmente se admiten 17 víctimas (se denuncian 28)-, la de Barlovento -13 víctimas- y la de Cariaco -9 víctimas-. A continuación se comentarán brevemente cada una de ellas. 3.2. Las masacres de 2016: Tumeremo, Barlovento y Cariaco Masacre de Tumeremo En febrero de 2016 Maduro dicta el decreto ley 2248 en el que se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, ubicada en el Estado Bolívar, mediante el cual se abren 112 mil kilómetros cuadros, 12% del territorio nacional, a la gran minería internacional. Este decreto ordena que esta zona esté bajo responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), es decir, normativamente se trata de una zona en estado de sitio (Mbembe, 2011b; Agamben, 2005). El mencionado decreto y sus consecuencias, ambientales y sociales dañinas, han sido cuestionados por diversos sectores ambientalistas, indigenistas y académicos. En realidad en este Estado también operan e interactúan con las FANB, otros grupos armados, guerrilla, paramilitares, bandas criminales, que controlan diferentes territorios y fijan los precios de los minerales extraídos (Antillano et al., 2018; Lander, 2018). En este ambiente se entremezclan intereses privados, estatales y criminales; nacionales e internacionales11; lícitos e ilícitos; civiles y militares. Este es uno de los escenarios más similares al panorama africano que describe Mbembe cuando explica el funcionamiento de las máquinas de guerra y del gobierno privado indirecto, donde “la extracción de recursos valiosos en estos enclaves los convierte en espacios privilegiados de guerra y muerte. La propia guerra se ve alimentada por el aumento de la venta de productos extraídos. Emergen nuevas relaciones entre guerra, máquinas de guerra y extracción de recursos.” El “derrumbe de las instituciones políticas oficiales bajo la presión de la violencia tiende a conllevar la formación de economía de milicias”. Esta forma de gubernamentalidad es “más trágica, dado su extremismo”. En este marco, el orden de la economía máxima estaría representado por la “masacre” (2011a:6163). Sirva esta introducción para el caso de Tumeremo. Tumeremo es la capital del municipio Domingo Sifontes del Estado Bolívar, cuya principal actividad económica es la minería. Bolívar es el quinto estado con las mayores tasas de homicidio del país, para 2016 alcanzó una tasa de 91,5 homicidios pccmh (MP, 2017) y desde hace años se encuentra por encima de los promedios nacionales de delitos violentos12 11 China, Rusia y Estados Unidos se disputan el control geopolítico del país. China, entre otros países como Canadá, ha mostrado especial interés en las actividades mineras. Para algunos, ante la caída de los precios del petróleo, una de las principales razones para convocar una Asamblea Nacional Constituyente es crear un marco jurídico que ofrezca condiciones extraordinariamente favorables a las inversiones extranjeras (Lander, 2017, 2018; Provea, 2018a; Maduro, 2018). En este nivel opera a gran escala la violencia estructural. 12 A la masacre de Tumeremo le preceden otras masacres, entre el 2006 y 2015 ocurrieron al menos 5 en el estado Bolívar. El precio del oro ha aumentado durante los últimos años y con él la población minera, así 200 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp. 180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Estado de excepción y necropolítica como marco de los operativos policiales en Venezuela como homicidios, robos, violaciones, así como de personas desaparecidas (Ávila, 2016b). En agosto de 2015 altos dirigentes del gobierno anunciaron OLP especiales para este estado con el fin “desalojar y liberar para nuestro pueblo todo ese territorio” (Cabello, 2015). Ese año Bolívar ocupó el segundo lugar de casos de muertes por intervención de la fuerza pública en el contexto de OLP. Todo esto sirvió como caldo de cultivo para los hechos ocurridos el 4 de marzo de 2016, cuando una banda, presuntamente apoyada por fuerzas de seguridad del Estado, emboscó y ejecutó a varios mineros para apoderarse de la zona, algunos lograron escapar y sobrevivir. Posteriormente se denuncia la desaparición de 28 mineros. Al día siguiente sus familiares protestan y exigen saber de su paradero (El Nacional, 2016; Meléndez, 2016a). El gobernador del Estado para ese momento, Francisco Rangel Gómez, negó lo sucedido: “Una vez más politiqueros irresponsables pretenden generar zozobra en el sur de #Bolívar son FALSAS informaciones sobre mineros asesinados” (Rangel, 2016a) “…corroboramos… (…) es absolutamente falsa la información que, lamentablemente, personajes de la derecha han estado mencionando en relación a veintitantos muertos (…) se hizo un rastreo recientemente esta tarde y no se encontró nada (…) no hay absolutamente nada, hubo un presunto enfrentamiento entre bandas armadas (…) si hay que desmentir algo como lo estamos desmintiendo categóricamente en este momento, también lo vamos a hacer“(Rangel, 2016b). Nueve días después de las declaraciones del gobernador, la Fiscal General de la República informa al país el hallazgo de 17 cadáveres que presentaban heridas por armas de fuego (Peña, 2016). El Director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) no descarta la posibilidad de la participación de funcionarios de cuerpos de seguridad en estos hechos (Rico, 2016). A menos de un mes para cumplirse 2 años de este evento, el 11 de febrero de 2018, se denuncia la muerte de -al menos- 18 personas en Guasipati, municipio Roscio, vecino del municipio Domingo Sifontes, otra población del estado Bolívar, por una intervención del ejército venezolano (Machado, 2018). Masacre de Barlovento Barlovento es una región que abarca varios municipios del Estado Miranda, era la zona de las grandes haciendas de cacao en tiempos de la colonia, con una marcada herencia africana. El 15 de octubre de 2016, en el contexto de una OLP, 20 jóvenes, varios de ellos campesinos, fueron detenidos por la FANB; 6 días después, luego de haber sido torturados, 8 jóvenes fueron liberados y se denuncia la desaparición forzosa del resto. El 25 de noviembre el CICPC y la Dirección General de Contrainteligencia Militar hallaron fosas comunes con 13 cadáveres en esa zona. Ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales ni relación con bandas delictivas (Arenas, 2016; Meléndez, 2016b). como el recrudecimiento de la violencia en estas zonas, donde los mineros son las principales víctimas (Antillano et al., 2018). 201 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp. 180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Keymer Ávila Masacre de Cariaco Cariaco es la capital del municipio Ribero del Estado costero Sucre, cuya principal actividad económica es la pesca. El 11 de noviembre de 2016, en el sector Porvenir de Cariaco, 6 efectivos de la GNB, adscritos al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), y un civil, asesinan a 9 pescadores (varios de ellos de una misma familia). Al ataque sobrevivieron 3 personas, quienes se salvaron al simular estar muertas. Los familiares de las víctimas protestaron en las calles, al menos durante 2 meses, hasta obtener respuestas por parte de las autoridades. El Alcalde del PSUV, Ángel Ortíz, fue imputado por estos homicidios, el vehículo en el que se trasladaban los victimarios en el momento del hecho era de su propiedad. Los familiares denuncian que empresas areneras le habían solicitado a las autoridades municipales la conformación de grupos de exterminio para liquidar a delincuentes en esa zona (Contrapunto, 2017; La Verdad de Monagas, 2017). Puede afirmarse que todas estas masacres son una consecuencia previsible ante la tolerancia de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado llevadas a cabo durante años y que fueron potenciadas y masificadas 8 meses antes por la campaña política, mediática, militar y policial de las OLP en todo el país. Así como el 29 de octubre de 1988 la masacre de El Amparo había sido precedida de pequeñas masacres (Las Gaviotas el 22 de abril, Los Totumitos el 9 de julio y El Vallado el 7 de octubre), la OLP fue un motor para el incremento acelerado de la masacre por goteo que se presenta diariamente en el país, hasta desembocar en masacres como las de Tumeremo, Barlovento y Cariaco. Si bien cada una puede obedecer a contextos locales particulares, y posiblemente a naturalezas distintas, en ellas hay responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado, ya sea por acción (Barlovento y Cariaco), por omisión o por vínculos con grupos delictivos (Tumeremo). Sin embargo, luego de estos lamentables eventos, la masacre por goteo no cesa, solo cambia de nombres, de siglas, pero la mayoría de las ocasiones opera desde las sombras (tal como puede apreciarse en todos los Gráficos). 3.3. Otras expresiones menos letales: el disciplinamiento de disidentes y obedientes Como ya se ha explicado, la necropolítica es la expresión mortífera de la biopolítica y no excluye los dispositivos disciplinarios. La necropolítica, al igual que uno de sus principales instrumentos, el sistema penal, es selectiva, racista y clasista. En el caso venezolano si bien cada vez su expansión es más grande, acelerada y violenta, no se distribuye equitativamente ni con la misma intensidad para todos los sectores. La masacre por goteo que se viene llevando contra los pobres desde hace años y que se incrementó aceleradamente desde el 2015 sirvió de globo de ensayo para aplicar luego esta 202 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp. 180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Estado de excepción y necropolítica como marco de los operativos policiales en Venezuela violencia institucional hacia sectores con mayor poder de reclamo social. La tolerancia y apoyo hacia estos operativos policiales militarizados, de carácter letal, contra los barrios marginales por parte de las clases más incluidas durante 2015 y 2016, se volverían en su contra en 2017. En una dosis e intensidad distinta, claro está. Para las clases más incluidas que se atrevan a disentir del gobierno se tienen otras modalidades menos letales, pero violatorias de sus derechos civiles, tales como detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos ilegales, procesamientos en jurisdicción militar, etc. Un ejemplo reciente es el que se dio durante las protestas de 2017, la lógica que se ha descrito hasta ahora en estas líneas se adaptó para la clase media de una manera no mortal pero igualmente bélica y terrorista; se trata de los casos de los allanamientos masivos de urbanizaciones en Caracas, Zulia, Miranda, Carabobo y Lara en cuyos alrededores se habían realizado protestas contra el gobierno. Allí operó la racionalidad bélica de ocupación militar, donde el allanamiento se convirtió en el castigo mismo. Las fuerzas de seguridad destrozaron bienes comunes, ascensores y viviendas. Es una clara manifestación de lo que Mbembe (2011b) denomina guerra de infraestructuras. En estos casos también se hacen ejercicios predatorios y de pillaje, llevándose como botín de guerra objetos que tengan algún valor (electrónicos, joyas, dinero, ropa, incluso alimentos) pertenecientes a las víctimas (PROVEA, 2016-2017; Amnistía Internacional, 2017; Ávila y Gan, 2018). Es de advertir que estos actos de pillaje institucional también se les aplican a los pobres, la diferencia es que la clase media, durante esos allanamientos, no tiene una pérdida total de sus viviendas13, ni tampoco resultados fatales (a menos que se considere la muerte de sus mascotas -El Nacional, 2017b-). No los matan de manera masiva como lo hacen con los jóvenes de los barrios, pero sí le aplican su dosis de terror. Y luego esa misma lógica de abuso institucional, de operación militar, es adaptada para opositores con mayor poder de reclamo social e impacto mediático como diputados o alcaldes. Solo durante 2017 las detenciones por razones políticas incrementaron un 464,7% (Provea, 2018). Finalmente, para sus seguidores el gobierno también tiene mecanismos disciplinarios y de contención diversos, los más conocidos son el “carnet de la patria”, con el cuál se puede tener acceso a bienes y servicios, y las cajas “CLAP” (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) que traen carbohidratos y aceite vegetal a precios subsidiados, que en un contexto de desabastecimiento, escasez, hiperinflación y devaluación de la moneda, resulta de gran valor. Ambas son eficientes herramientas de control político y social. Las críticas internas, disidencias o desafiliaciones de sus cuadros políticos se consideran como actos graves de traición que se pagan con la cárcel, los ejemplos más emblemáticos son las 13 Durante los primeros 5 meses de las OLP -año 2015-, PROVEA (2016) registró 17.181 allanamientos ilegales a viviendas de las barriadas pobres del país, lo que tuvo un impacto en el incremento de estas violaciones a la integridad personal en un 33.754%. Se registraron también, al menos, 10 casos de incendios, 976 casos de demoliciones y 1.490 desalojos arbitrarios de viviendas. En el seguimiento de los operativos policiales realizado durante los años 2016 y 2017, se contabilizaron 994 denuncias de destrozos y daños dentro de viviendas, así como 35 robos cometidos por los propios funcionarios en el marco de estas intervenciones (Ávila, 2018a). 203 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp. 180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Keymer Ávila detenciones de los ex Ministros de Interior y Justicia, de Defensa, así como el exilio de la Fiscal General. 4. Reflexiones finales En las páginas precedentes se puede observar un continuo proceso de precarización y deterioro institucional en términos de la posibilidad de un ejercicio del poder controlado, con límites formales y materiales que le sirvan de contención. Esta debilidad institucional promovida por décadas ha generado cada vez mayores niveles de autonomía del aparato militar y policial que establece relaciones funcionales recíprocas con quienes ejercen coyunturalmente el gobierno. Los gobiernos, bandos, actores, discursos partidistas y legislaciones, han cambiado pero las prácticas y los patrones parecen ser los mismos, con el tiempo solo incrementan su intensidad y magnitud. Se trata más de una lógica subyacente del ejercicio arbitrario de poder, que de proyectos políticos ideológicos o de país. Esto trasciende a posiciones ideológicas y partidistas, de izquierdas o derechas, liberales o conservadoras. Esta tendencia al incremento del deterioro institucional, de los abusos, excesos, ausencia de controles internos y externos, y especialmente de la letalidad de los cuerpos de seguridad termina siendo útil a quienes detentan provisionalmente el poder político en términos de intereses grupales y personales, de la obtención inmediata de beneficios privados en estos niveles. Las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado son un indicador objetivo de este proceso. A menor fortaleza institucional mayores serán las muertes ocasionadas por las agencias armadas del Estado. Las fuentes oficiales y las no oficiales coinciden en el aumento de estas muertes durante los últimos años. Se puede afirmar con certeza que durante los últimos 8 años, que es el período en el que se cuenta con la información mejor sistematizada y continua, han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 18.401 personas. En 2010 la tasa pccmh de estos casos era de 2,3, en 2016 llegó a 19, ¡Se trata de un incremento de un 726%! El 60% de estas muertes han ocurrido durante los últimos 2 años. De igual manera las denuncias de ejecuciones extrajudiciales pasaron de un 32% para 1992 a un 90,4% para 2017. Este tipo de muertes tienen relación con los homicidios en general. La violencia institucional impacta negativamente sobre la violencia social y delictiva. El aumento de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado influye en el comportamiento de los homicidios. Ambos fenómenos tienen en Venezuela una tendencia general al aumento. También puede observarse desde el año 1976 algunas correspondencias entre la tendencia al aumento de las violaciones en general a los derechos humanos (lesiones, violación de 204 Revista Crítica Penal y Poder. 2018, nº 15, octubre (pp. 180-214) OSPDH. Universidad de Barcelona Estado de excepción y necropolítica como marco de los operativos policiales en Venezuela domicilio, tortura, privación ilegítima de libertad, acoso u hostigamiento, desaparición forzada) y las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Como se ha señalado en otras oportunidades (Ávila, 2017a), esta violencia institucional letal e ilimitada tiene, al menos, 3 funciones latentes: 1) Legitimar simbólicamente a las autoridades a través de campañas épicas, en ocasiones de seguridad ciudadana y lucha contra el delito (nacionalismo interno donde el enemigo es el delincuente), en otras de resguardo de los intereses nacionales y de la patria (donde se lucha contra enemigos internos y externos), en todos los casos el enemigo puede ser cualquiera; 2) Rentabilidad política y económica para el aparato militar y policial que se hace cada vez más influyente y necesario para el gobierno, lo que los hace más autónomos y arbitrarios; 3) Mensaje despótico: no existen límites en el ejercicio del poder por parte de militares y policías, se impone la fuerza y la razón de Estado. Los límites que las leyes deben imponerle al poder político, militar, policial y punitivo se desvanecen. Llegando a manifestaciones extremas de poder como disponer de la vida y muerte de las personas sin ningún tipo de consecuencia. Estas parecen ser las bases de una nueva mutación del Estado venezolano, sin que deje de ser lo que en esencia ha sido. No implicaría cambios sustanciales, por el contrario, sería la profundización de la crisis de su modelo económico rentístico-extractivista y de la precariedad institucional violenta que le sirve como forma política. REFERENCIAS ACNUR (2018) Venezuela Situation. Operational Portal. Refugee Situations. Disponible en: https://data2.unhcr.org/en/situations/vensit (Consulta del 29/8/2018). Agamben, G. (2006) Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida I. España: Pre-Textos. Agamben, G. (2005) Estado de excepción. Homo sacer, II, I. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora. Amnistía Internacional (2017) Noches del Terror. Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela. Londres. Aniyar, L. (1987) Criminología de la Liberación. 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