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Investigación

Razones de la cancelación del contrato de venta de Cafesalud a Medimás

Esta es la primera multa que imponen a Medimás, que comenzó operaciones el 1 de agosto.

Esta es la primera multa que imponen a Medimás, que comenzó operaciones el 1 de agosto.

Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Liquidadora dijo que no estaban en condiciones de ‘asumir de forma responsable’ atención a usuarios.

La gota que rebosó la copa de la crisis de Medimás fue el cierre, en los últimos meses, de 8 de las 19 clínicas que integran la red de atención de Esimed, “por malas condiciones de aseo, insuficiencia de medicamentos, ausencia de personal médico”, entre otros.
Esa es una de las principales razones por las que la agente liquidadora de la EPS Saludcoop notificó ayer al procurador general, Fernando Carrillo, de la decisión de revocar la venta de Cafesalud (hoy Medimás).
La Procuraduría había elevado la solicitud de revocar esta venta hace dos meses, argumentando que en la vigilancia del proceso de venta de los activos, pasivos y contratos que tenía Cafesalud se evidenciaron “presuntas irregularidades en las que habrían incurrido particulares y funcionarios públicos”.
En respuesta a esa comunicación, la agente liquidadora señaló que Medimás “no se encuentra en condiciones de asumir de manera responsable la prestación del servicio de salud en condiciones favorables a la comunidad en general”.
Además del cierre, en los últimos dos meses, de las clínicas en Medellín, Armenia, Pereira, Ibagué, Neiva, Villavicencio y Tunja, la liquidadora Ángela María Echeverri advierte que se registra un desequilibrio económico que se está traduciendo en el incumplimiento de obligaciones laborales, tributarias y comerciales, entre otras.

No se encuentra en condiciones de asumir de manera responsable la prestación del servicio de salud en condiciones favorables a la comunidad en general

Por ejemplo, a la empresa encargada del suministro de comida a los pacientes le deben 6.466 millones de pesos; al servicio de laboratorio, 12.280 millones de pesos, y hasta a los encargados del call center para las citas médicas les deben más de dos mil millones de pesos.
“Por su reiterado y progresivo incumplimiento”, esas sociedades han tomado la determinación de dar por terminados los contratos a partir de la próxima semana. Esto agrava la situación de la prestación del servicio, si se tiene en cuenta que esas empresas eran las que venían permitiendo el funcionamiento de la EPS y la atención de los usuarios.
Igualmente se cuestiona que los bienes propiedad de Saludcoop en los que se atiende a los pacientes y que fueron arrendados a Esimed deben, aproximadamente, 32.249 millones de pesos de arriendo “sin que exista la voluntad de pago”.
Pero no solo deben plata, sino que los mismos inmuebles en los que se presta el servicio “se hallan deteriorados y, en consecuencia, el objeto social y la prestación del servicio no se desarrollan en condiciones óptimas para los usuarios”.
De acuerdo con la comunicación de la agente liquidadora, se hicieron múltiples requerimientos, y se relacionan diez cartas enviadas tanto al consorcio comprador como a los garantes, reiterando la importancia de las clínicas y la prestación del servicio en estas, pero ellos no tomaron “las medidas necesarias para cumplir con el modelo de atención en salud de forma eficiente e integral”.
Por otro lado, en relación con el cronograma de pago de las acciones de Cafesalud, suscrito en julio y agosto de 2017, la liquidadora afirma que los compradores están en mora de más de 90 días, habiendo hecho un último pago parcial en julio, lo que ubica la deuda en más de $ 74.101 millones de pesos, sin incluir los intereses de mora correspondientes.

¿Qué pasará con los pacientes?

El Procurador General señaló que ya se trabaja en un plan de contingencia que permita el desmonte progresivo y gradual de la EPS, “garantizando la continuidad de la atención para los afiliados”.
Y agregó que el Ministerio Público “vigilará la continuidad en la prestación de los servicios y que a los usuarios no se les traslade la responsabilidad de adelantar trámites que afecten la continuidad de los servicios o incluso que pongan en riesgo sus vidas”. 
Por su parte, la liquidadora Echeverri afirmó que la terminación del contrato queda supeditada a que la Superintendencia Nacional de Salud tome las decisiones en aras de proteger a los afiliados, porque la cancelación del contrato no implica, bajo ningún motivo, la pérdida de la habilitación de Medimás como aseguradora, “simplemente, en este caso, se termina el contrato a los compradores”, comentó.
Esto quiere decir que a los pacientes y afiliados se les seguirá atendiendo normalmente mientras la Superintendencia de Salud toma una decisión al respecto.
EL TIEMPO habló con Jorge Gómez Cusnir, uno de los voceros del consorcio comprador, quien dijo estar sorprendido por la decisión, a la que calificó de “arbitraria” al considerar que antes tenía que citarse a un tribunal de arbitramento, de acuerdo con los términos contractuales.
Aseguró que hay evidencia de que en el proceso de venta los oferentes desde el comienzo incurrieron en engaños, que se iniciaron en la sobrevaloración de la empresa y en otras maniobras, que buscaron favorecer a empresas del mismo grupo de la liquidadora.
A pesar de todas estas fallas, Medimás se ha esforzado por prestar el mejor servicio a sus afiliados, en unas condiciones que le permiten hoy haber disminuido significativamente el número de quejas y las deudas con los prestadores, al contrario de lo que ocurre con otras aseguradoras”, afirmó.

A pesar de todas estas fallas, Medimás se ha esforzado por prestar el mejor servicio a sus afiliados

Este jueves se realizará la primera reunión entre la Procuraduría, el Ministerio de Salud, la Supersalud y representantes de Empresas Promotoras de Salud (EPS) para empezar a definir cómo se daría la transición y garantizar la atención para los más de cuatro millones de usuarios que hoy tiene Medimás.

Cuatro preguntas a Fernando Carrillo, procurador General de la Nación

La Procuraduría citó a juicio disciplinario a tres gerentes de la Triple A de Barranquilla.

La Procuraduría citó a juicio disciplinario a tres gerentes de la Triple A de Barranquilla.

Foto:César Melgarejo / EL TIEMPO

¿A partir de cuándo Medimás se acaba y deja de prestar el servicio a los cuatro millones de usuarios?
El desmonte de Medimás debe garantizar la continuidad, calidad y oportunidad de los servicios de salud de los afiliados. Es por esta razón que la Procuraduría solicitó que esta revocatoria de la venta esté condicionada a un plan de contingencia gradual que deberá adoptar la Superintendencia de Salud. Mientras se da ese proceso de desmonte gradual, Medimás deberá garantizar la atención en salud de sus afiliados.
¿Cómo resumiría las razones de esta decisión?
Múltiples incumplimientos de los compradores de Cafesalud y de Esimed, especialmente en lo que tiene que ver con sus obligaciones para dar una adecuada atención en salud y con las obligaciones dinerarias. No sobra resaltar que Medimás no cuenta con las condiciones de habilitación requeridas para operar como EPS y que su red tampoco ostenta las condiciones para dar servicios en las condiciones requeridas, ocho de sus clínicas han sido cerradas.
¿Se equivocó el Estado al entregar la operación de Saludcoop?
La Procuraduría desde el anuncio de la venta de Cafesalud presentó observaciones con este proceso, especialmente en lo que tenía que ver con la falta de experiencia de los compradores en aseguramiento y la falta de capacidad financiera de los mismos.
La liquidadora hoy reconoce los incumplimientos pero especialmente que nunca esta EPS garantizó la prestación de un servicio con calidad, tampoco cumplió con sus obligaciones dinerarias y le da razón a la Procuraduría en todo lo advertido y denunciado durante su vigilancia. Lo importante es corregir de inmediato para proteger a los usuarios.
¿Quién asume las responsabilidades de esas decisiones, que seguramente generarán daños económicos?
El reglamento de venta establece que será un tribunal de arbitramiento quien resolverá los debates entre las partes, y deberá decidir sobre las reclamaciones económicas que se presenten. La liquidadora ya anunció la convocatoria a ese Tribunal de Arbitramento dónde exigirá seguramente los pagos adeudados, los respectivos intereses, la exigibilidad de las garantías y la reparación de los perjuicios ocasionados.
JUSTICIA y SALUD
En Twitter: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com
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