El Salvador reiteró el pasado miércoles, ante la Comisión Internaramericana de Derechos Humanos (CIDH), la necesidad de una ley que proteja a las víctimas del desplazamiento forzado.
Su petición fue por medio de la organización Cristosal, a partir de la solicitud que ya realizó ante la Asamblea Legislativa en agosto.
Esto a partir de la admisión de un amparo que la Sala de lo Constitucional de la Corte admitió en julio a familias que habían sido desplazadas por las pandillas y la policía. En la resolución también ordenó al Órgano Legislativo crear una ley en seis meses.
Esa organización, además, expuso a la CIDH la ausencia de una Sala que vele por el cumplimiento de la resolución. Junto a Cristosal participaron en la audiencia las organizaciones Pop Noj, de Guatemala; y Casa Alianza, de Honduras, que presentaron sus informes de desplazamiento forzado.