"Me detuvieron junto a mi hermano y mi esposa en Nador. A ella la soltaron, a nosotros nos llevaron a un campo de detención militar en Saidía [a 85 kilómetros de distancia]. No éramos los únicos. Hicieron salir de un coche a todos los black [negros] que detuvieron en el bosque".

Es el relato de Driss (nombre ficticio), un joven subsahariano que fue deportado a Argelia a mediados del pasado mes de abril tras vivir en primera persona la represión de la gendarmería marroquí en las ciudades norteñas, próximas a los enclaves de Ceuta y Melilla y de las costas marroquíes desde donde se organizan las salidas en patera hacia el sur de España.

Aunque Marruecos ha cerrado a cal y canto sus fronteras para protegerse del coronavirus, no tiene problemas para detener, trasladar, encerrar y deportar a los subsaharianos hasta su frontera con Argelia, en pleno desierto, según confirma a Público la activista española afincada en Tánger Helena Maleno, portavoz de la ONG Caminando Fronteras.

"Los compañeros que están en Nador están muertos de miedo. Nos dicen que cogen a la gente en plena ciudad. Con solo salir a la calle para comprar, si rompes el confinamiento, te arrestan, te llevan al centro de detención [en la ciudad fronteriza de Oujda, al este del país] y, en grupos de 20 personas, los expulsan a Argelia en furgonetas. Empezaron en los bosques, pero ya lo hacen en la ciudad", apunta Maleno.

Más de cien deportados

Según esta organización, desde que la pandemia ha obligado al cierre de fronteras, Marruecos ha detenido y expulsado a más de cien personas, entre ellas, menores de edad. Algunos consiguen regresar a Marruecos, otros han llegado a la ciudad argelina de Orán, todo a duras penas, sin organizaciones que puedan asistirles debido al confinamiento decretado en ambos países.

"Está siendo horroroso, no encontraban comida ni ayuda, les perseguían los gendarmes argelinos y marroquíes. Huyen como pueden", relata Maleno.

Abandonados y perseguidos

El tiempo pasa muy despacio cuando se está encerrado en un campo militar. Incapaz de determinar los días que estuvo detenido, Driss reconstruye el calvario que padeció a pedazos en un francés chapurreado: "Nos dejaron en la frontera argelina, en un pueblo llamado Maghnia [Argelia]. Nos quitaron el pasaporte. Lo reclamé, pero no quisieron devolvérmelo. Éramos muchos y nos expulsaron a todos a Argelia, desprovistos de nuestras identidades"

Este migrante denuncia que los gendarmes marroquíes les deportan de espaldas de las autoridades argelinas, "lo hacen por las noches y nos quitan y nos rompen los teléfonos en la frontera", relata. También habla de malos tratos. A quien se interesa por ellos en Nador, dice, los gendarmes marroquíes les mienten, "les dicen que nos han confinado por el virus, porque estábamos en el bosque, que nos dan comida, pero es mentira, nos expulsan", asegura.

Sin documentación y sin recursos, se vio con sus compatriotas en un tercer país que nada tiene que ver con su origen y en "una zona muy peligrosa, vigilada por militares argelinos que patrullan la frontera, no hay militares marroquíes", comenta este deportado.

Relata que trataron de contactar con autoridades locales, pero sin éxito. Atravesaron un paraje montañoso y seco, por el que recorrieron "90 kilómetros a pie durante seis días, sin agua ni comida" porque, el virus ha reducido a cero los transportes en esa zona Argelia, explica. Pasaron por Beni Snous, localidad argelina que limita con la marroquí de Oujda, hasta que encontraron un coche que les llevó de nuevo la frontera con Marruecos. "Pero mis hermanos están abandonados, muriendo en las montañas de Argelia", clama, pidiendo ayuda urgente.

Redadas tras un salto a la valla de Melilla

Este es solo un testimonio de los tantos que sufren esta situación diariamente y de los que no hay un registro oficial. La deportación de Driss se produjo cinco días después de que 55 migrantes subsaharianos lograran saltar la valla de Melilla la madrugada del 6 de abril y fueran trasladados al recinto V Pino.

No los alojaron en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad autónoma porque cerró sus puertas tras decretarse el estado de alarma para prevenir posibles contagios por coronavirus procedentes del exterior y evitar masificar todavía más el hacinamiento de las instalaciones, con cerca de 1.700 residentes en una infraestructura para 732.

No es casualidad que días después del salto a la valla de Melilla se produzca una serie de deportaciones de migrantes subsaharianos. "Intuimos que Marruecos se sintió presionado y quiso mostrar a la Unión Europea y a España lo que está haciendo para detener los saltos a la valla", señala una doctoranda de Sociología que prefiere preservar su anonimato y que lleva cerca de cuatro años estudiando los flujos migratorios africanos desde Tánger.

Si bien las deportaciones no son una práctica nueva del reino alauí, desde la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) esperaban que se paralizaran con el inicio del confinamiento y cierre de fronteras motivado por la pandemia. Pero no fue así. La Sección de Nador de la AMDH alertó el 11 de abril, a través de sus redes sociales, de la "devolución de los migrantes después de sus arrestos en grupo" en Tiflet (a 65 km de Rabat) y acusó a las autoridades marroquíes de no respetar las reglas de contención en plena crisis de la covid-19.

Esta ONG compartió también el 14 de abril imágenes de la destrucción a manos de la gendarmería de los campamentos donde se refugiaban hasta 60 personas subsaharianas en los bosques de Bekoya y Boulingo, suceso que se repitió un día después.

Los migrantes fueron trasladados "al centro de encierro de Arekmane" (a 18 km de Nador). La AMDH denuncia otras tres detenciones de subsaharianos a lo largo del mes de abril y otras dos en lo que va de mayo, retenciones que preceden a la deportación.

Control fronterizo externalizado

No es nuevo que el racismo institucional, la brutalidad de la gendarmería marroquí y la ubicación de la Oficina de Asilo y Refugio tras la frontera española imposibilitan a los migrantes subsaharianos cruzar legalmente la frontera española en la ciudad autónoma de Melilla, hechos que contradicen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que avaló el pasado mes de febrero la devolución en caliente de dos varones que saltaron la valla en 2014.

Tampoco es una novedad que la Unión Europea ha externalizado el control de sus fronteras a terceros países ajenos al espacio Schengen. A mediados del año pasado, el Gobierno de España aprobó una ayuda de 30 millones de euros a Marruecos para reforzar la cooperación en materia de inmigración con ese país y ayudar a la lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de personas y la trata de seres humanos. Esta partida se suma a los 140 millones de euros que concedió la Unión Europea a Marruecos a finales de año para mejorar la gestión de sus fronteras.

"Cuando hay un intento de salto a la valla, la mayoría de los detenidos son deportados a sus países de origen. Lo que pasó en este caso, al estar las fronteras cerradas, sin salir vuelos, optaron por llevarlos a Argelia, algo que está fuera de la ley y que Marruecos llevaba tiempo sin atreverse a hacer por el rechazo de la ONU. Es una violación de los Derechos Humanos expulsar a los migrantes a Argelia por no ser su país de origen ni un tercer país seguro", indica la investigadora de flujos migratorios africanos.

A esta vulneración de los derechos humanos, AMDH añade el desprecio por las medidas de seguridad para prevenir posibles contagios de coronavirus entre la población migrante. Un problema añadido que eleva todavía más el riesgo que padecen los ciudadanos subsaharianos que esperan en Marruecos su oportunidad para llegar a Europa.