Qué está pasando con las menores tuteladas en centros y los casos de explotación sexual

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Un nuevo presunto caso de menores tuteladas y explotación sexual está en el foco mediático después de que la Policía Nacional informase recientemente de que había “desarticulado un grupo dedicado a la explotación sexual de menores de edad”. En la información, el texto señalaba que 10 víctimas habían sido liberadas.

Desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid explican a Newtral.es que “cuatro de ellas estaban en centros de la Comunidad de Madrid en el momento de la investigación y una quinta en un centro de Guadalajara”. Respecto a las otras cinco, dichas fuentes señalan “que habían estado en centros de la Comunidad de Madrid en algún momento”.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid añaden que no pueden “confirmar ni desmentir que estuviesen tuteladas”, tan solo señalan “que las víctimas estaban o habían estado en centros de menores de la Comunidad de Madrid y de Guadalajara”. 

Rodrigo Andújar, educador social en un centro de menores de Madrid, explica a Newtral.es que “se puede dar el caso de que haya menores con quienes todavía no se haya iniciado o decretado por parte del juez o jueza la tutela para el centro en el que están”.

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Según Andújar, “se puede dar el caso también de un progenitor que rechace la guarda pero no la tutela, por lo que la guarda la tendría la administración, que cuida al menor en un centro, pero la tutela la sigue teniendo el progenitor”. “A efectos prácticos, quien es responsable del menor es la administración aunque tenga la guarda y no la tutela”, añade este educador social.

Fuentes de la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid señalan a Newtral.es que no tienen “información oficial al respecto”. “No disponemos de información oficial sobre esta operación policial, no nos la han proporcionado”, añaden desde la Consejería de Familia.

Menores tuteladas y los casos de Madrid, Baleares y Canarias

También el Defensor del Pueblo se ha pronunciado sobre el presunto caso de menores tuteladas víctimas de explotación sexual en Madrid al enviar un comunicado requiriendo “saber si alguna de las menores se encontraba acogida en centros de protección de la Comunidad de Madrid”. Además, preguntaba “por la existencia de protocolos específicos para la detección precoz de casos de abuso, explotación o trata de menores que se encuentren en régimen de protección social”. 

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No es la primera vez que en España se pone el foco en adolescentes en centros de la administración pública que son víctimas de explotación sexual, tal y como también señalaba el Defensor del Pueblo. Ocurrió en Baleares a finales de 2019 tras la denuncia de una joven tutelada en un centro de Mallorca. En enero de 2020, había “16 casos de explotación sexual a menores en investigación”, según informó la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares a Newtral.es, información que también confirmó a este medio el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). 

Y en Canarias, tal y como informaba la agencia EFE, se viene investigando la presunta trama de explotación sexual con menores, caso conocido como ‘18 Lovas’. Algunas de ellas residían en centros de menores, según publicaba El Confidencial. 

(*)Abusos a menores en la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana también se puso el foco en la situación de los menores bajo el sistema de protección. El Síndic de Greuges inició una investigación por presuntos abusos sexuales a menores tutelados tras recibir una queja formulada por el Partido Popular. En su informe resolutorio, con datos de la Conselleria de Igualtat, Síndic de Greuges señala que “el número de personas menores de edad víctimas de abusos que se encontraban bajo medida de protección ascendía a 175, de las que 127 estaban en acogimiento residencial y 48 en acogimiento familiar”.

Como señala el informe, los 175 presuntos casos fueron comunicados a la Fiscalía, y todos ellos hacen referencia a diferentes situaciones, como explican fuentes de la Conselleria de Igualtat a Newtral.es: “Algunos sí han sufrido abusos en centros de protección, pero la mayoría son sospechas casos de abusos sexuales que se producen fuera, aunque sean menores tutelados. Es decir, son 175 menores que acaban derivados al Servicio de Atención a Abusos a Niñas, Niños y Adolescentes (SAANNA)”.

“El SANNA atiende cuando hay sospechas de abuso o comportamientos inadecuados a la edad infantil. Quien determina si hay abuso o no será luego la Fiscalía y la Justicia. La Conselleria trata y atiende psicológica y emocionalmente”, añaden desde la Conselleria de Igualtat.

Como señala el informe, haciéndose eco de la información remitida por la Conselleria de Igualtat de la Comunidad Valenciana, “ninguno de ellos [de quienes habrían perpetrado los abusos] eran profesionales del sistema de protección”. 

Fuentes de la Conselleria explican que “de los casos que han tenido lugar en centros de protección [17 en total] son entre los propios menores, no por parte de profesionales”, información que corroboran desde el Síndic de Greuges a Newtral.es. 

El pasado 13 de enero, el Síndic de Greuges convenía cerrar la investigación “al aceptarse sus recomendaciones en diversas cuestiones (implementación y revisión de protocolos para la detección y prevención)”. “La queja no se cerraría si no nos convenciesen las explicaciones de la Conselleria”, añaden fuentes del Síndic de Greuges.

Demasiado tiempo en centros de primera acogida

Un informe de 2020 de la Fundación Raíces, entidad que trabaja con menores tutelados, alertaba de la “explotación mafiosa desde el exterior para inducir a la prostitución juvenil a sus acogidos”. 

El informe proseguía señalando que “a veces [estos menores adolescentes] se ven forzados a irse [de los centros] porque las condiciones que se les ofrecen son inadecuadas y esperan encontrar un lugar más seguro y feliz en otro lugar”, convirtiéndose así “en víctimas de trata, explotación sexual y laboral, u obligados a pedir limosna o a traficar con droga”. 

“A veces, el lugar donde se les debe proteger deja de ser un lugar seguro”, expone Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política en Plataforma de Infancia, en conversación con Newtral.es. “Hay un problema que es que mientras el número de menores tutelados aumenta, los recursos disminuyen. Sin personal suficiente, es mucho más difícil detectar a menores que puedan estar comenzando a ser víctimas de explotación sexual”, añade. 

Para Escorial, el sistema de protección falla cuando la existencia de estos adolescentes se convierte en mera supervivencia: “Tienen una falta de oportunidades enorme frente a otros compañeros de clase con los que comparten espacio en los centros educativos. No tienen una adolescencia normal. Así, a veces buscan ganar algo de dinero para conseguir autonomía, y esto es lo que aprovechan las redes de explotación”. 

En este sentido, esta técnica de Plataforma Infancia señala que “muchos menores pasan demasiado tiempo en centros de primera acogida”: “Son centros donde se supone que tienen que pasar el menor tiempo posible porque no son específicos para sus necesidades. No se les atiende correctamente porque no están destinados a una estancia larga, pero su estancia se prolonga. Estos menores sienten desafección por un sistema hostil, y la trata aprovecha esas debilidades del sistema”.

Menores tuteladas, explotación sexual y falta de recursos

El educador social Rodrigo Andújar comparte esta visión al señalar que “el sistema de protección no funciona correctamente cuando la administración pública externaliza la gestión”: “Lo hace a costa de sacar a concurso la gestión, adjudicándola a la entidad que ofrece su servicio por menos dinero. Esto implica que se precariza a los trabajadores: no hay suficientes y los que hay están mal pagados y agotados porque es un trabajo emocionalmente difícil. No hay manos ni tiempo suficientes para evaluar y acompañar a estas jóvenes adecuadamente. Muchos trabajadores acaban abandonando, por lo que siempre entra gente nueva. Esto significa que los educadores y psicólogos no se convierten en adultos de referencia porque se van del trabajo antes de que eso ocurra”, añade.

Cuando sucede esa ruptura de expectativas vitales, la vulnerabilidad aumenta: “La falta de oportunidades para salir del sistema les hace pensar en que tienen que sobrevivir de cualquier manera”, apunta Almudena Escorial.

Carmela del Moral, analista jurídica en derechos de la infancia en Save the Children, explica a Newtral.es que “falta mucho para que estos centros de protección cumplan con las garantías de detección y prevención de la explotación sexual”: “No es que se produzcan en el centro, sino que los menores provienen de estos centros, y la protección y el bienestar es responsabilidad de la administración”, añade.

En relación a la responsabilidad de la administración en los casos de menores tuteladas y explotación sexual, la fiscala Susana Gisbert señala en conversación con Newtral.es que esta “puede existir si se prueba que ha sido negligente a la hora de proteger a estos menores”. Pero, también, “por la vía penal se podría ir por no estar evitando un hecho”: “Para ello habría que probar el conocimiento y el dolo, lo cual es muy complicado”.

Gisbert recuerda, además, que “la Fiscalía de Menores tiene potestad para iniciar las actuaciones e investigar en tanto que se pueda estar cometiendo una negligencia en estos centros públicos”. 

*Este artículo ha sido actualizado el 17 de enero de 2022 para incluir información sobre los casos de abusos a menores tutelados en la Comunidad Valenciana.