La suba de tasas de interés parece inevitable: la sugieren los economistas, la pide el Fondo Monetario Internacional y la admiten, en voz baja, los propios funcionarios. Ante la decisión de acelerar la tasa devaluatoria -que pasaría de su velocidad de 1% mensual que tuvo este año a una más cercana al 3% para el año próximo-, se vuelve insostenible una tasa de 38%, que se tornaría negativa ya no sólo frente a la inflación sino también frente a la evolución del dólar.

El temor expresado por todos los analistas es que, de no modificar la tasa actual, los inversores se sientan incentivados a un "carry trade" consistente en endeudarse en pesos para pasarse masivamente a comprar dólares, exactamente lo que el Gobierno quiere evitar.

Por cierto que ese análisis asume tácitamente que las proyecciones del ministro de economía, Martín Guzmán, no se van a cumplir. Después de todo, una tasa de 38% -que contabilizando las capitalizaciones de intereses termina siendo efectivamente de 42%- sería atractiva si se esperase una inflación de 33% y una devaluación del 28%, como el ministro prometió en su presentación del presupuesto.

Pero el mercado tiene otra expectativa: espera una inflación del 52% y un deslizamiento del tipo de cambio del 56%. Bajo esos supuestos, los argumentos en favor de una suba de tasas parecen sólidos. Sin embargo, hay también elementos que preocupan en el equipo económico del Gobierno y que actúan como contrapeso.

Martín Guzmán, en la encrucijada: la situación financiera lo fuerza a subir las tasas, pero eso pone en riesgo la actividad económica y el propio financiamiento estatal

Empresarios advierten sobre crédito inaccesible

El principal argumento en contra es que una suba de tasas pueda funcionar como obstáculo en la recuperación de la economía. Es, precisamente, otra de las proyecciones de Guzmán que se ponen en duda: mientras el ministro aspira a un crecimiento de 4% en el PBI, los economistas que responden la encuesta REM del Banco Central esperan un 2,5%.

El temor de los funcionarios es que una mayor tasa repercuta negativamente en el ya escaso nivel de crédito y termine ralentizando la actividad productiva. Es un argumento que comparten muchos analistas, que han estado advirtiendo sobre lo difícil que es sostener en el tiempo un ritmo de crecimiento de la actividad con escasez de crédito.

Desde el ámbito empresarial, se han enviado señales bien concretas al respecto: un sondeo entre productores agropecuarios, realizado por la firma Amplificagro reveló una visión muy negativa sobre las condiciones para invertir. Y, particularmente, el acceso al crédito es percibido como una de las mayores limitantes: un contundente 60,9% consideró que las condiciones para acceder al financiamiento son poco o nada accesibles.

En línea con esa visión, un 86% indicó que para el 2022 planea invertir lo mismo o menos de lo que invirtió en 2021.

Una situación similar se vive en el ámbito industrial. La agremiación Industriales Pymes Argentinos, en su último congreso anual se quejó de que prácticamente no habían visto una mejora con respecto al pandémico 2020.

Concretamente, los industriales se quejaron de los niveles de tasas activas, en el orden del 60% anual, que resultan impagables para muchas empresas. Propusieron que, mediante un sistema de fondos fiduciarios, se buscara una reducción de la tasa, de manera que los balances de las compañías -inevitablemente deteriorados en los últimos años- no se transformasen en un factor que encareciera el crédito.

Pero, sobre todo, la queja que se oyó fue la del Estado como una suerte de competidor desleal. Para estos empresarios, la tasa de política monetaria del Central se convierte en "un incentivo para los bancos para invertir en Leliqs y otros instrumentos financieros, mientras desincentiva el financiamiento productivo".

"Hay que terminar con el negocio que representa para los bancos la adquisición de deuda que emiten tanto el Banco Central como el Tesoro", fue la elocuente queja del industrial Federico Marogiu, que coordinó la mesa sobre financiamiento y banca de desarrollo en el reciente Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción. Todo un cachetazo al discurso oficial, que destaca una mejora constante en el acceso de las pequeñas industrias al crédito.

Los productores rurales, preocupados por el crédito: un 60,9% calificó como inaccesibles las líneas de financiación bancaria

Encareciendo las propias cuentas

Y precisamente en ese punto, en el del protagonismo del sector estatal como tomador de crédito, es donde reside el otro gran motivo de resistencia del Gobierno para una suba fuerte de la tasa de interés.

En su presentación del presupuesto, Guzmán adelantó que, como forma de combatir la inflación, buscará una menor dependencia de la "maquinita" del Banco Central, con lo cual habrá una menor monetización del déficit fiscal.

Hablando en números, se espera que la asistencia del BCRA se limite a 1,7% del PBI -el equivalente a unos u$s7.650 millones-. Esto implica una promesa de menor expansión monetaria -luego de un año en el que la asistencia del Central al Tesoro fue de $1,5 billón -unos 4,3 puntos del PBI-.

Es una medida ortodoxa que va en línea con los reclamos del FMI, pero que, al mismo tiempo, deja en claro que el Tesoro saldrá a pedir más dinero al mercado de deuda en pesos. Es decir, que agudizará su competencia con los privados.

Y, por otra parte, se prenden alertas por el volumen de la deuda, que luego termina transformándose en déficit del Banco Central, que emite letras para retirar pesos excedentes del mercado. Y esas letras pagan un interés que este año equivalió a $1,4 billón.

De manera que una suba en la tasa de interés conlleva un doble riesgo: por un lado, un mayor costo de financiamiento para el Tesoro y un mayor esfuerzo de esterilización del Banco Central, pero además una mayor competencia por el capital frente al sector productivo.

Hoy el sistema financiero le presta al Banco Central lo mismo que al sector privado, cuando hace cuatro años los fondos dirigidos a las empresas superaban en más de 30% lo que iba a la caja estatal.

La situación cambió al punto que hoy los activos públicos ya representan el 60% de la cartera del sistema bancario -el doble que hace tres años-, un fenómeno que viene profundizándose en la medida en que el Gobierno decidió profundizar la búsqueda de fondos en el mercado local de crédito para financiar el déficit del gasto público.

Es una situación que va en contra de los propósitos que declara el Gobierno. De hecho, el acceso al crédito es uno de los "caballitos de batalla" del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien durante todo el año se dedicó a resaltar las mejoras en este aspecto, con 31 nuevas líneas de financiamiento.

Kulfas suele destacar que se volcaron más de $220.000 millones en líneas con tasas subsidiadas por el Estado. También argumenta que, entre las pymes y los monotributistas, se benefició a más de 1,1 millón de empresas. Y prometió tomar el reclamo de las pymes en el sentido de reforzar el sistema nacional de garantías, de manera de que los bancos cuenten con mayor seguridad a la hora de prestar.

Lo más irónico de la situación es que el sistema bancario tiene actualmente uno de los índices de liquidez más altos de su historia reciente, con un 86% de las colocaciones en dólares y un 65% de los depósitos en pesos que se mantienen sin ser prestados.

Actualmente, los depósitos duplican el volumen de los préstamos a las empresas. Es un nivel inusualmente alto: tomando como referencia el período de gobierno de Cristina Kirchner, esa relación se había mantenido en el entorno de 20%.

Visto bajo ese prisma, la alta liquidez de los bancos ya no pasa a ser vista como un fenómeno virtuoso, sino como un reflejo de los desincentivos que tiene la economía argentina. Y acrecienta las dudas sobre cómo impactaría la suba de tasas que todos consideran inevitable.